En Ecuador, América Latina vive





Guatemala, Febrero de 2001.

CHOMANEN. Boletín de Información y Debate.



Un nuevo fenómeno recorre América Latina, es el de la resistencia indígena. Los pueblos de nuestra América han encontrado en los pueblos indígenas al nuevo sujeto social dispuesto a seguir construyendo su historia y a ganar el futuro para todos. A sus demandas específicas, a las que tienen que ver con el reconocimiento y respeto de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, los pueblos indígenas de este continente incorporan las demandas de todos los pueblos del hemisferio. Han hecho suyas las demandas de los marginados y excluidos, de los millones de latinoamericanos que constituyen el 80 por ciento de la población que apenas logra sobrevivir, de un alto porcentaje que vive en condiciones infrahumanas por debajo de la línea de la pobreza.

En América Latina se ha levantado el grito unánime de los desposeídos. Si algunos pensaron que la globalización era sólo cosa de cuentas y de números que aumentan las riquezas de un puñado de transnacionales con la aceptación en silencio de los que cargan con los costos, se equivocaron; si pensaron que la arremetida del capital no tendría respuesta, seguramente desconocen la larga historia de lucha de nuestros pueblos.

A la globalización de la pobreza y la miseria, los pueblos indígenas y el movimiento social responden resistiendo. Es un movimiento que empieza, es cierto; pero a pesar de ello ha empezado a dar sus frutos. El movimiento indígena ecuatoriano, con el apoyo de organizaciones sociales, de instituciones académicas y de diversa naturaleza, ha dado un ejemplo de lucha en los inicios del nuevo milenio. Las pretensiones del gobierno ecuatoriano de imponer un paquetazo de ajuste estructural se enfrentaron con la fuerza de los excluidos y marginados dispuestos a no permitir que los costos de un mayor enriquecimiento de una minoría lo paguen las grandes mayorías con más pobreza y miseria.

Las medidas de resistencia impulsadas por una amplia gama de organizaciones indígenas ecuatorianas a partir del 21 de enero y hasta el 8 de febrero, hicieron retroceder al gobierno del presidente Gustavo Noboa. El paquetazo económico fue decretado por el gobierno ecuatoriano a finales del año, incluyendo en este, entre otras medidas, alzas en los precios de la gasolina y del gas de uso doméstico, el aumento del precio del transporte, lo cual implicaba un fuerte impacto en el campo; otra de las medidas era la de mantener un subsidio para lo que llamó saneamiento de la banca, que sólo el año pasado significó una transferencia de alrededor del 20 por ciento del Producto Interno Bruto.

Como ha ocurrido en todos aquellos países en los que se ha impulsado programas de ajuste estructural a partir de negociaciones y presiones de parte de organismos financieros internacionales, indudablemente todas estas medidas harían caer su costo en la mayoría de la población, contribuyendo a profundizar la pobreza. Por ello la respuesta de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas del Ecuador y del conjunto de organizaciones sociales, fue la exigencia y demanda de dar marcha atrás en la imposición del paquetazo, a lo que el gobierno respondió negativamente.

A un año del levantamiento del 2000, las organizaciones indígenas iniciaron el 21 de enero una serie de movilizaciones con un ritmo que iba en ascenso, desde los bloqueos en carreteras hasta la marcha que desde diferentes puntos del país se dirigió a la capital ecuatoriana. El apoyo de otras organizaciones sociales no se hizo esperar. Ante un movimiento que crecía inconteniblemente y que producía uno de sus logros más importantes, como el de la unidad de organizaciones indígenas en torno al objetivo común de derrotar las medidas gubernamentales, el Gobierno del presidente Noboa respondió como ha sido costumbre en América Latina para contener el avance de los movimientos sociales: recurrir a medidas punitivas y de represión. Ilegalmente optó por sacar al ejército a las calles para reprimir el movimiento indígena, suspendió el derecho de tránsito por el país a los indígenas, cortó las líneas telefónicas, agua y energía eléctrica a las organizaciones que encabezaron el movimiento y a todas aquellas entidades e instituciones que lo apoyaron, como es el caso de la Universidad Politécnica Salesiana; recurrió a las intimidaciones y a la persecución, especialmente hacia los dirigentes. En pocas palabras, en lugar de sentarse a dialogar desde el principio, tendió un cerco militar-policiaco para reprimir al movimiento indígena y obligarlo por la fuerza a renunciar a sus legítimas demandas, que eran las demandas de la mayoría de la población afectada con sus medidas. Varios dirigentes indígenas, entre ellos Antonio Vargas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fueron detenidos y encarcelados.

Lo más grave de la respuesta gubernamental es sin duda el evidente sello racista de sus acciones, que tuvo particular eco en el sector más conservador del empresariado (el de la costa ecuatoriana) que a gritos pidió "más mano dura"; el establecimiento del Estado de Emergencia, decretado por el gobierno el 2 de febrero y aplaudido por el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil dio a los empresarios el marco para plantear que "la única salida es la fuerza".

La agudización de la situación obligó a la Iglesia a intervenir para encontrar una salida negociada. La posibilidad de una solución por esta vía fue planteada por las mismas organizaciones indígenas antes del inicio de las movilizaciones. Y aunque el gobierno se movía entre posiciones duras y conciliadoras, se impusieron las primeras llevando el conflicto a una creciente agudización. Sin embargo, las presiones y exigencias provenientes de diversos sectores y organizaciones sociales obligaron finalmente al Gobierno ecuatoriano a sentarse a la mesa de negociación.

No obstante, cuando el Gobierno se inclinó por el diálogo lo planteó como una negociación con un gremio y circunscrita a sus demandas específicas. A esto el movimiento indígena respondió que si no era para todo el país, nada sería para ellos. El Gobierno tuvo que ceder, como también el movimiento indígena flexibilizó su posición en torno al nivel de sus demandas para desbloquear la negociación: de la exigencia de derogatoria total, el movimiento indígena aceptó la revisión parcial del paquete de medidas económicas impuestas por el Gobierno a finales del año 2000.

La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, a solicitud de organizaciones sociales ecuatorianas, entre ellas organizaciones indígenas, viajó de urgencia a Ecuador el 7 de marzo para contribuir al inicio y éxito de las negociaciones. Cuando arribó al país Andino, Gobierno y movimiento indígena habían suscrito el acuerdo mediante el cual el primero asumió una serie de compromisos, mientras el segundo puso fin a las movilizaciones iniciadas dos semanas antes y que paralizaron al país por diez días.

La presencia de la Premio Nobel, acompañada de funcionarios de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, significó un respaldo y apoyo importantes a los pueblos indígenas ecuatorianos, y el inicio de un acompañamiento en sus exigencias, sus demandas y sus luchas.

Luego de alcanzado en acuerdo mencionado, la Premio Nobel y la Fundación han asumido el compromiso de ser verificadoras del cumplimiento de los compromisos del Gobierno ecuatoriano contenidos en los 23 puntos y cuatro transitorios que componen dicho acuerdo.






 
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