Marta Cecilia Ruiz - Servicio Informativo Alai-Amlatina

Quito, 15 de agosto de 2002



Quito es la sede del Primer Encuentro Sudamericano de la Sociedad Civil sobre Migraciones, que se realiza entre el 14 y el 16 de agosto, paralelamente a la reunión de vicecancilleres de la región. Aunque la sociedad civil y los representantes de los gobiernos abordan temas parecidos en relación al fenómeno migratorio, las visiones, conceptos y propuestas parece que no son las mismas.

Organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos, la iglesia y, en menor medida, representantes de centros académicos de Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia y Paraguay analizan la política migratoria y los convenios bilaterales firmados por los gobiernos y elaboran una propuesta técnica sobre el tema. Estas propuestas y medidas de intervención son recogidas en la "Declaración de Quito: Migraciones, Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos", que será presentada a los vicecancilleres.

Los representantes de la sociedad civil han sido muy críticos con los gobiernos sudamericanos, pues consideran que existe una ausencia de políticas públicas en relación al fenómeno migratorio, prácticas que irrespetan los derechos de las poblaciones migrantes y poca o ninguna participación de la sociedad civil en las reuniones oficiales que analizan esta temática. Frente a esta situación, su propuesta intenta asentarse en formas de intervención acordes con los pactos internacionales sobre migración y derechos de los migrantes y se pretende impulsar espacios amplios de discusión y trabajo, que reúna a la sociedad civil organizada y a los gobiernos nacionales.

En el primer día de este encuentro regional, se resaltó que el enfoque de los gobiernos y el de la sociedad civil en relación al tema migratorio es, en ciertos aspectos, radicalmente opuesto. Se señaló, por ejemplo, que los vicecancilleres no han incluido en su agenda de trabajo la discusión de las causas del fenómeno migratorio, que tiene que ver con los modelos económicos vigentes y los ajustes estructurales, que han ahondado la inequidad social, la discriminación, corrupción y la violencia política. Así mismo, se dijo que mientras los gobiernos miran la migración como un problema que hay que administrar, los representantes de la sociedad civil intentan resaltar que la migración es un fenómeno que aporta a la riqueza económica, social y cultural de los países de origen y acogida.

La Declaración de Quito no está dirigida únicamente a los gobiernos sudamericanos sino que también presenta demandas para otros Estados, para la sociedad civil regional, las instituciones financieras internacionales y los medios de comunicación. Entre estas demandas está acordar convenios marcos relativos a la regulación y ordenamiento de los flujos migratorios, desde y entre los países de América del Sur. También se pide garantizar el derecho a la libre circulación de personas dentro de la región y crear un sistema de monitoreo permanente sobre la situación migratoria a nivel regional e internacional. Además, en el documento se pone énfasis en la militarización de las fronteras como producto del Plan Colombia, y la manera en que éste causa la migración forzada de la población.

A los medios de comunicación se pide que promuevan una información equilibrada y propositiva, evitando, de esta forma, estigmatizar a la población migrante. De hecho, se ha recalcado que hasta ahora los medios de comunicación han contribuido a reforzar estereotipos sobre la migración y l@s migrantes, que han sido constantemente crimininalizados, al asociarlos con el terrorismo, la delincuencia y la lucha antidrogas.