Afectados por las fumigaciones ganaron batalla legal





Diario La Hora

Quito, 30 de enero de 2003




El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo acogió el recurso de amparo constitucional interpuesto por los afectados por las fumigaciones en la frontera norte y que son parte del Plan Colombia como medida para la erradicación de los cultivos ilícitos en ese país.

El fallo del Tribunal ordena a los distintos órganos del Estado ecuatoriano tomar medidas urgentes para atender a estos afectados y evitar que continúen las fumigaciones en la frontera.

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo encontró culpables a algunos organismos del Gobierno (entre los cuales están la Presidencia de la República y los ministerios de Relaciones Exteriores, de Agricultura, de Ambiente y de Salud) de omisión grave, al no tomar las medidas necesarias para auxiliar a los pobladores de la frontera ecuatoriana que colinda con el Estado del Putumayo en Colombia.

La demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2002, ante la falta de respuesta de estos entes estatales a los numerosos pedidos de los campesinos e indígenas del área

En una parte de la resolución del Tribunal se dice: "Los testimonios aportados durante la audiencia pública y los documentos incorporados al proceso no dejan lugar a dudas acerca de las funestas consecuencias en plantas, animales y fundamentalmente seres humanos, como resultado de las fumigaciones con glifosato, producto de suma toxicidad; niños que han perdido la vida, pobladores con sinnúmero de padecimientos y enfermedades, sembríos, plantaciones y cultivos destruidos, grandes extensiones de tierra inutilizadas, agua y aire contaminados".

Agrega que este cúmulo de calamidades es el resultado de que las autoridades no han tomado a tiempo las medidas y acciones destinadas a evitar estos grandes e irreparables daños. Su omisión para evitar tan catastróficas consecuencias es evidente, como evidente es que tan pasiva actitud ha vulnerado garantías básicas consagradas en la Ley Suprema de la República.

Las fumigaciones con poderosos herbicidas son realizadas por el Gobierno colombiano en el marco del Plan Colombia, como un mecanismo de erradicación de los cultivos ilícitos en la zona de Putumayo.







 
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