¿Lucio se hunde en el Plan Colombia?





Marcelo Larrea

ADITAL

Quito, 5 de mayo de 2003




Las críticas del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, expuestas en la presentación del informe, Pautas de terrorismo mundial 2002, coincidieron con el anuncio de las Fuerzas Armadas de restringir la circulación de personas y vehículos en las provincias fronterizas del norte del país.

El informe del Departamento de Estado afirma que "los débiles controles financieros del gobierno, la inadecuada preparación del personal de seguridad y el extendido fraude documental limitan los esfuerzos contra el terrorismo", poniendo en entredicho la efectividad de las acciones del Estado ecuatoriano en la campaña antiterrorista comandada por el Pentágono. Sin embargo, a la vez valora como positivo "el trabajo de las fuerzas de seguridad en reducir la entrada ilegal de armas destinadas a los grupos terroristas colombianos y el cierre de los puestos de paso fronterizo en las noches".

El informe similar emitido el año anterior fue rechazado por el derechista gobierno de Gustavo Noboa, que lo calificó de inexacto, falso y unilateral. Ahora el Ministro de Gobierno, Mario Canessa, se limitó a señalar que "las Fuerzas Armadas y la policía realizan esfuerzos para contrarrestar el narcotráfico y evitar la operación de grupos irregulares", lo que traduce a la realidad concreta el contenido de la declaración de Gutiérrez en la Casa Blanca, cuando afirmó su voluntad de ser "el mejor amigo de Estados Unidos".

La embajadora de Washington en Quito, Kristie Kenney, en sus ya acostumbradas intervenciones en asuntos internos de Ecuador, destacó la importancia de trabajar juntos en la protección de esa frontera, lo que en su lenguaje significa: "cerrar la frontera".

A pesar de que la canciller Nina Pacari ha rechazado formalmente las presiones por el cierre de la frontera y el ministro de Defensa Nelson Herrera ha señalado que los 130 jeeps, los 30 camiones y los 18 helicópteros y aviones que enviará en las próximas semanas Estados Unidos, será un aporte a la lucha antidrogas, no ha podido desmentir que se destinarán a la frontera norte, donde ya se han movilizando diez mil militares.

En realidad las provincias fronterizas con Colombia están sufriendo un proceso de militarización sin precedentes, que tenderá a intensificarse como lo revela el Decreto Ejecutivo de Áreas de Reserva, suscrito por Lucio Gutiérrez, publicado el 7 de abril en el Registro Oficial y el 15 de abril en el Registro Oficial de Seguridad, reservado. El texto establece que las zonas fronterizas y áreas reservadas se incluirán en el Plan de Guerra de las Fuerzas Armadas, que estarán bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, que de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas podrá proponer la actualización de la delimitación, mantener o cambiar la calificación de temporales o permanentes o regular las restricciones militares impuestas cuando la situación así lo impone.

En el fondo, el decreto prepara una zona de guerra en los 620 kilómetros del cordón fronterizo con Colombia. Una primera medida es eliminar el libre tránsito, permitiendo únicamente la circulación de los lugareños y limitando el paso de vehículos y desconocidos. Una segunda acción es la realización de un censo para obtener información sobre las actividades de las personas que viven en el área. Otra es el control motorizado en donde se presume que entrarán en acción los cien Hambis de patrullaje, los treinta camiones reos y los helicópteros y aviones, que anuncia Estados Unidos movilizará a la zona.

El curso hacia una situación de guerra, en la que Ecuador aparece como una cabeza de playa, un soporte geográfico y militar en la intervención de Estados Unidos en Colombia, es violatorio de la Constitución de la República y atentatorio a la soberanía nacional. La Carta Política vigente establece entre otros, el derecho de los ciudadanos al libre tránsito en todo el territorio. La evidente intervención militar de Estados Unidos atenta contra la soberanía de la nación y vulnera los procedimientos constitucionales. Las leyes no permiten la realización de censos como el propuesto, que suprimen derechos civiles constitucionales inalienables.

Este camino a la guerra promovido por Estados Unidos amenaza con destruir la seguridad del país y expone al gobierno de Lucio a un conflicto con todo un pueblo que no lo eligió para hundirlo en el pantano sangriento de una guerra que no es suya.







 
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