El prototipo de gobierno indígena se ensaya





Miguel Castillo

Diario El Comercio, edición digital

Quito, 1 de Junio de 2003




"En Ambato y Quito lavé platos. Limpié cuartos y cociné. Fui doméstica. Cuando mis ex patrones me vieron en la televisión, fueron a verme a mi despacho. ´Es la Lourdes, es la Lourdes´, decían. No podían creer que su empleada fuera Subsecretaria de Bienestar Social. Nos abrazamos y casi lloré", dice Lourdes Tibán.

Su historia no es una excepción. Los principales dirigentes indígenas de Cotopaxi fueron antes vendedores de ajos o cargadores en los mercados, albañiles y emigrantes marginales o campesinos pobres. Ahora lideran uno de los movimientos sociales y políticos más importantes del país. "Venimos de familias muy pobres y de comunas que el resto del Ecuador nunca antes había nombrado", explica Raúl Ilaquiche, uno de sus representantes.

En el 2000, por primera vez en la historia política de la provincia, el Movimiento Indígena de Cotopaxi (MICC), que existe desde 1973, consiguió elegir a un prefecto indígena: César Umajinga. Su designación fue resultado de un largo proceso de organización de las comunas, que ha ido en ascenso.

Aunque solo el 30 por ciento del total de la población provincial, de 314 667 habitantes es indígena, el MICC consiguió, además del Prefecto, dos consejeros, un diputado, dos alcaldes, cinco vicealcaldes y 14 concejales en los siete cantones. Y, a través de Pachakutik, pertenecen a la agrupación la Subsecretaria de Bienestar Social, tres directores provinciales en Agricultura, Vivienda y Bienestar Social y 51 vocales de parroquias.

Otros cambios, políticos, culturales y simbólicos han ocurrido durante las últimas décadas. "Hace 20 años, ser indígena era lo peor. Nadie nos respetaba. Por eso, en 1980, en una de las primeras reuniones de la organización (que entonces se denominaba Movimiento Campesino de Cotopaxi, a secas), no incluíamos la palabra indígena", dice Juan Rivera, otro dirigente.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cotopaxi, Marcelo Ordóñez, cree que buena parte de este proceso se debe al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, de voluntarios italianos y españoles. Ellos influyeron en un cambio de actitud de los indígenas: "Los indígenas se organizaron y prepararon. Con el poder han cambiado. Antes eran recelosos, no entraban a un restaurante o a un hotel. Hoy están en sitios exclusivos".

Rivera afirma que, inicialmente, la organización "se enfrentaba a las poderosas familias de lo que entonces se denominaba la oligarquía".

Dioselinda Iza Quinotoa, otra dirigente, dice que llevará consigo, "hasta cuando le alcance la vida", el maltrato de los hacendados.

"Añorábamos una organización fuerte, que nos ayudara a ganar respeto y consideración, como seres humanos".

La catequesis, los promotores de educación bilingüe, Radio Latacunga, la reuniones cada vez más públicas y multitudinarias y los púlpitos de algunos sacerdotes católicos contribuyeron a esta transformación. En el levantamiento indígena de 1990, el MICC apareció ya con sus cuatro siglas y una fuerte convocatoria.

Las autoridades indígenas no tienen una representación personal sino comunitaria. Ilaquiche, vicepresidente de la Ecuarunari, explica cómo funciona la delegación de cargos: "El reglamento de Pachakutik obliga a nuestras autoridades a firmar cartas de renuncia, a someterse al control social y a rendir cuentas según el derecho consuetudinario y los principios de no robar, no mentir y no ser ocioso".

Todos acatan el reglamento, desde el vocal de una junta parroquial hasta la Subsecretaria y el Prefecto. "Trimestralmente rindo cuentas de mi sueldo, obras, gestiones y de la participación ciudadana. Si no hago bien las cosas me aconsejan, pero también pueden castigarme u obligarme a renunciar", explica Umajinga.

Esta forma de ejercer la administración pública es eficiente en una de las provincias más pobres del país. El control social y la rendición de cuentas permiten contar con el trabajo en las mingas de 66 000 familias, según del movimiento.

El presidente de la Corte Superior de Justicia, José Córdova, afirma de manera concluyente: "La presencia indígena es innegable. De aquí en adelante veremos cómo ellos ponen y quitan alcaldes".


Empleo.- La población rural (que es el 66 por ciento del total) vive de la producción agropecuaria. Hay, además, una alta migración tanto temporal como definitiva. Y muchos casos de multiocupación.

Pobreza.- Según un estudio de Infoplan, el 80 por ciento de la población provincial es pobre. De ésta, el 42 por ciento es indigente. El 55 por ciento de las personas no tiene completamente satisfechas sus necesidades básicas. En el campo, la pobreza afecta al 60 por ciento del total.

Las zonas.- Las parroquias con más pobreza e indigencia son Guangaje (97 por ciento del total), Zumbahua, Sigchos y Chugchilán (96), Canchagua e Isinliví (95).


http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=62730






 
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