(Publicado originalmente en Mayo de 2003)
Hasta 1992, Texaco Inc. fue la principal operadora de la concesión del Nororiente. El balance socio ambiental dejado tras veinte años de explotación fue criticado por varios grupos ecologistas y defensores de los derechos humanos y dio lugar a un proceso judicial ampliamente mediatizado al nivel internacional, conocido como "el caso Texaco".
Desde el descubrimiento de importantes reservas de hidrocarburos a medianos de los sesenta, el Ecuador se ha desarrollado en base a las exportaciones de petróleo. El 90% de la producción nacional (250.000 barriles por día, en promedio anual) procede de la región amazónica, que cubre casi la mitad del país con unos 120.000 km2, y alberga menos del 5% de la población nacional (estimada en 12 millones). La "bonanza petrolera" se acompañó sin embargo de un creciente endeudamiento y de una dependencia tanto tecnológica como financiera hacia el exterior. Hasta 1992, Texaco Inc. fue la principal operadora de la concesión del Nororiente. El balance socio ambiental dejado tras veinte años de explotación fue criticado por varios grupos ecologistas y defensores de los derechos humanos y dio lugar a un proceso judicial ampliamente mediatizado al nivel internacional, conocido como "el caso Texaco". Ahora bien, tras ocho años de lucha ante las cortes estadounidenses, este caso fue reenviado al Ecuador, según lo decidió en última instancia la Corte de Apelaciones, en agosto de 2002.
En este artículo quisiéramos recordar en una primera parte cómo se desarrolló el "caso Texaco". En una segunda parte nos interrogaremos sobre lo que está en juego, más allá de este caso, para la región amazónica ecuatoriana y el Ecuador, desde el punto de vista del desarrollo sustentable.
Los impactos socio-ambientales de la "era Texaco" quedaron desconocidos de la población ecuatoriana hasta inicios de los noventa, es decir cuando finalizó el contrato de explotación al volverse Petroecuador operadora de este bloque. La primera investigación sistemática sobre aquellos impactos se debe a Kimerling, una abogada estadounidense radicada en Ecuador desde 1989, donde ella trabajaba como asesora jurídica de la FCUNAE para la delimitación de predios. Según este informe, los 30 derrames más graves del SOTE ocasionaron la pérdida de 403.200 barriles, a los que se suman 456.000 barriles de crudo y 450 millones de barriles de aguas de formación vertidos al medio ambiente.
Cabe decir que estas informaciones, procuradas por Petroecuador, son probablemente muy conservadoras, si se considera que el SOTE transporta 250.000 barriles diario. A manera de comparación, las pérdidas provocadas por el naufragio del Exxón Valdez en Alaska, alcanzaron 259.200 barriles. Lo mismo se puede decir de la incineración del gas al aire libre: según el Informe Kimerling, se incineraron 6.667 millones de metros cúbicos de gas al aire libre en veinte años, mientras Bustamante y Benítez mencionan la cifra de dos millones de metros cúbicos de gas incinerados por día, o sea 14.600 millones de metros cúbicos en este periodo.
Por otra parte, sería falso decir que los problemas de contaminación ambiental acabaron con la salida de Texaco del Ecuador. En realidad, el Nororiente (es decir las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo) sigue siendo el teatro de los mayores impactos socio ambientales producidos por las actividades petroleras. Entre 1994 y 2002, cada año se produjeron en promedio 114 derrames ocasionando la pérdida de más de 33.000 barriles de aguas de formación o de crudo. Si bien es cierto la mayor parte del crudo derramado es recuperada, los daños persisten, en gran parte debido a la falta de recursos financieros y humanos por parte de la empresa nacional Petroecuador.
Pese a la imprecisión de ciertas cifras, el informe de Kimerling tuvo el mérito de provocar una toma de conciencia en la población ecuatoriana, sobre la cual volveremos luego. Otros informes siguieron y fueron agregados al expediente, que es preciso mencionar antes de estudiar las consecuencias del juicio.
Un segundo informe fue realizado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), una ONG radicada en Nueva York desde 1992. A diferencia de otras organizaciones ecologistas, hace particularmente hincapié en los derechos humanos. Por esta razón su informe destinado a documentar el caso Texaco se interesa en esencia en los aspectos sanitarios de la actividad petrolera. Se trata de un estudio realizado en una decena de comunidades que suman 1.465 personas, de las cuales 1.077 se radicaban en las zonas contaminadas y 388 en áreas sanas. Según las conclusiones de esta encuesta, las poblaciones que viven en zonas contaminadas se exponen a concentraciones de hidrocarburos poli cíclicos aromáticos (HPA) y de componentes orgánicos volátiles (COV) muy por encima de las normas sanitarias estadounidenses y europeas. Esos productos pueden ser absorbidos por el organismo humano por vía oral, táctil o por inhalación. Generan diversas enfermedades que van desde las infecciones secundarias (como hongos cutáneos, verrugas o eczema, hasta cánceres de la piel, la sangre o el esófago, pasando por las neumonías y abortos espontáneos). El equipo de Jochnick deduce de ello que la contaminación ocasionada por la actividad petrolera constituye una violación de los derechos humanos, en derecho internacional, aunque las poblaciones afectadas no dispongan de ningún amparo al respeto contra el gobierno ecuatoriano o la empresa Texaco.
Un tercer informe fue realizado por Miguel San Sebastián, con el Instituto de Epidemiología y Salud Comunitaria "Manuel Amunárriz". En primer lugar, el equipo del Dr. San Sebastián presentó una lista de 15 síntomas padecidos por 650 mujeres, de las cuales 365 se radicaban en zonas contaminadas y 282 afuera. Las conclusiones del estudio muestran que la tasa de mujeres embarazadas durante los dos últimos años es más alta en la zona no contaminada (93,5%) que en la otra (88,4%) pero la tasa de abortos espontáneos a menos de 28 semanas es superior en la zona contaminada (9,8% contra 4,4%). En segundo lugar, este equipo se esforzó por evidenciar la correlación entre el riesgo de cáncer y la contaminación petrolera, al estudiar la población de San Carlos (Sacha, Sucumbíos), un municipio de 1.000 habitantes ubicado cerca de la principal estación de producción de la región, donde 10 casos de cáncer fueron registrados entre 1989 y 1998. El tamaño reducido de esta muestra prohíbe generalizar las conclusiones del Dr. San Sebastián pero atraen la atención en dos puntos: la diversidad de los tipos de cáncer diagnosticados (estómago, vesícula, laringe, hígado, sangre, etc.) y la elevación de la tasa de mortalidad entre las personas expuestas, que muestra una fuerte agresividad de los cánceres o de un dramático abandono.
Quizá lo más tajante, en esta sucesión de publicaciones es la falta de compromiso por parte del Estado en la defensa de los intereses de la población amazónica. Cierto es que, en abril 1992, el gobierno de Rodrigo Borja firmó un contrato con la empresa canadiense HBT Agra, para la realización de una auditoria ambiental sobre las actividades de Texaco. Pero el informe preliminar, entregado en noviembre 1993, tan solo fue difundido tras una dura lucha de poder entre el Presidente y el Congreso. En efecto, llegado al poder entre tanto, Sixto Durán Ballén se rehusó a publicitarlo, mientras que la Comisión de fiscalización y control político del Congreso presionaba para conseguir una copia del documento.
Cuando finalmente la Comisión consiguió esta copia, contrató a dos biólogas para analizarla. Estas expertas rechazaron el Informe HBT Agra, tanto en el fondo como en la forma. Subrayaron los numerosos errores de traducción y la inexactitud de las fuentes bibliográficas. Criticaron por otro lado las soluciones planteadas por el Plan de gestión ambiental, el cual consistía en tapar con tierra las fugas y las piscinas de desechos que seguían abiertas. En fin, exigieron que se realizara un Plan de gestión ambiental que incluyera medidas preventivas de control y mitigación de los impactos, un plan de contingencia y rehabilitación, y recomendaciones a las autoridades. De paso, notaron que el informe no contemplaba medidas de indemnización y reparo para las poblaciones afectadas por la contaminación.
La Comisión del Congreso y las organizaciones ecologistas organizaron un foro muy mediatizado sobre el tema "petróleo, naturaleza y vida", en abril 1994, al cual acudieron representantes de Petroecuador, del Ministerio de Energía, del Colegio de Ingenieros Geólogos, al lado de organizaciones indígenas y campesinas de la Amazonía. Con esta oportunidad se creó un Comité de seguimiento intersectorial cuya misión era vigilar y controlar la actividad petrolera en la región amazónica. Finalmente, en junio, el Ministro de Energía admitió que la auditoría no cumplía con las exigencias y que, por lo tanto, Texaco tendría que pagar por los daños ocasionados, bajo pena de ser demandada por el gobierno ecuatoriano.
En aquel entonces, el gobierno inauguró la 7ª ronda de licitaciones para la contratación petrolera. En esta ronda (la más importante en la historia petrolera del Ecuador), se licitaron ocho bloques, de los cuales, seis se encontraban en la RAE. El gobierno enfrentaba un dilema: no podía rechazar las acusaciones del Congreso y de los ecologistas pero tampoco podía correr el riesgo de espantar a los inversionistas al desolidarizarse de Texaco, a la cual el Estado debía 20 años de bonanza petrolera. Es en este contexto que el embajador del Ecuador en Estados Unidos, Edgar Terán, trató de desacreditar a los demandantes, mediante una carta con fecha 3 de diciembre de 1993. Cuando se la publicó en la prensa nacional, esta carta reavivó las discrepancias entre el ejecutivo y el legislativo, al protestar el Congreso contra las declaraciones del embajador, mientras que Durán Ballén las respaldaba.
Como lo han destacado Ortiz y Varea, la particularidad de este conflicto es el efecto de interpelación hacia otros actores que, pese a la naturaleza eminentemente política del asunto, no se identificaron con posturas ideológicas. En efecto, en el Foro Petróleo, Naturaleza y Vida, cada actor estaba presente a título institucional y no partidario. La Comisión del Congreso estaba además integrada por seis diputados procedentes de distintos partidos. La Comisión del Congreso aparece además como un nuevo actor, con el cual los ecologistas formaron una alianza táctica. Cabe precisar que, si bien es cierto este asunto fue presentado en sesión plenaria del Congreso en enero, las decisiones fueron tomadas en general por la Presidenta de la Comisión. Ello muestra que el Estado no es monolítico, ya que esta comisión se opuso eficientemente al ejecutivo. Aprovechándose de esta rivalidad, los ecologistas intentaron interpelar directamente al Estado para que el Ministerio de Energía se pronunciara sobre la validez de la auditoría.
Entre tanto, las poblaciones afectadas por la era Texaco organizaron el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) para agrupar las demandas de indemnizaciones y perjuicios ante la Corte Suprema del distrito Sur de Nueva York (sede de Texaco), a nombre de 30.000 personas. Los demandantes alegaron los daños a personas y contra la propiedad durante las operaciones realizadas por el consorcio Texaco CEPE / Petroecuador. A fin de agrupar las demandas individuales y obtener reparaciones colectivas, la demanda consistía en una "acción de clase". Un año más tarde (diciembre 1994), una demanda similar fue presentada a nombre de 25.000 habitantes de la Amazonía peruana igualmente afectados por las consecuencias de esas operaciones.
Estas "acciones de clase" buscaban conseguir indemnidades e intereses compensatorios por los daños corporales y contra la propiedad provocados por la contaminación del medio ambiente. Los demandantes invocaron la negligencia y ofensa intencional por acción y por omisión, que entrañaron daños individuales y colectivos, entre los cuales constaban el aumento del riesgo de cáncer y demás enfermedades, así como la degradación y destrucción de su entorno. En su conjunto, la demanda incluía siete alegatos: negligencia, perjuicio público, perjuicio privado, estricta confiabilidad, seguimiento médico, defunción, "conspiración civil" y violación del Acta de Reclamo contra las Ofensas a un Extranjero (Alien Tort Claim Act, ATCA). Además del ATCA, la demanda Aguinda se amparaba en el artículo 13 del Tratado de Paz y Amistad de Comercio y Navegación entre Estados Unidos y Ecuador, según el cual los ciudadanos de ambas naciones tienen derecho a presentar sus demandas ante las cortes del país amigo.
Ante estos argumentos, Texaco empezó por intentar negar cualquier responsabilidad en el caso, argumentando, de un lado, que su filial ecuatoriana, Texpet, era minoritaria en el consorcio con CEPE / Petroecuador, y del otro que la zona afectada por sus actividades solo cubría el 3,8% de la región amazónica ecuatoriana. Según la empresa, la eliminación de los desechos en la fase de producción se había hecho conforme la legislación ecuatoriana de la época. Los abogados de Texaco agregaron que el regar aguas de formación en el entorno era una práctica común en muchos países. Texaco aún pretendió haber contribuido al mejoramiento de las normas ambientales locales e implementado nuevos procedimientos, como el transporte de material por helicóptero para mitigar los impactos provocados por la construcción de las rutas.
Luego, la multinacional afirmó que no existían pruebas científicas de los alegatos de los demandantes en cuanto a los riesgos de cáncer en la región. Es así como consideraba nulo y sin valor el informe del CDES, porque interpretaba de manera errónea las normas estadounidenses y por falta de análisis cuantitativos relevantes. Según los expertos citados por Texaco, no sólo este informe se fundaba en tomas realizadas en condiciones "sospechosas" sino que extrapolaban excesivamente los resultados de las experiencias de cancerología realizadas con animales en laboratorios. Así mismo, se calificó de "alarmista" y se declaró sin valor el "Informe Yana Curi" porque el número restringido de casos estudiados y la disparidad de los cánceres diagnosticados prohibían volverlo en una toma representativa.
Una primera "acción de clase" había sido intentada contra Texaco ante la Corte Suprema de Houston (Texas), a nombre de Sequihual. Pero el juez Black, a cargo de este expediente, había devuelto el caso ante las cortes ecuatorianas, con motivo del "forum non conveniens" y del "comité internacional", sin pedir mayor información. De paso, este juez justificó su decisión por el hecho de que el caso tenía serias implicaciones para las relaciones entre ambos países y tenía que ver con el derecho de las naciones a disponer de sus propios recursos naturales.
Tras este éxito, Texaco trató de obtener el rechazo de la demanda planteada en Nueva York bajo los mismos motivos, a fin de que se juzgara el caso en Ecuador. Sin embargo, antes de pronunciarse, el juez Broderick, a cargo del expediente neoyorquino, ordenó complementar la información. En enero 1996, Texaco solicitó nuevamente la anulación de la demanda de María Aguinda, aprovechándose de la defunción del juez Broderick, en 1995, y su reemplazo en este caso por el juez Rakoff. En noviembre de 1996, este último aceptó aquella solicitud, citando el juicio del caso Sequihual versus Texaco.
Los demandantes quisieron recalificar la demanda, para tomar en cuenta la nueva actitud del gobierno ecuatoriano. Hasta ese momento, éste se había desolidarizado del caso Aguinda versus Texaco, al considerar que se trataba de un asunto de derecho privado y había rechazado las convocatorias del juez. De la misma manera, el Congreso se negaba a apoyar a los demandantes, aunque algunos diputados lo hubiesen hecho a título personal. Ahora bien, en noviembre 1996, al parecer, la República del Ecuador estaba a punto de aceptar ser citada en el caso.
No obstante, el gobierno y Petroecuador seguían negándose a levantar la "inmunidad soberana" para someterse a la entera jurisdicción de la corte de Nueva York. Por lo tanto, en agosto 1997, la solicitud de recalificación fue denegada. El juez Rakoff argumentó que se trataba de una maniobra para ganar tiempo, pues la instrucción llevaba más de tres años. Añadió que ni la República del Ecuador ni tampoco Petroecuador estaban calificadas por la ley para intervenir como demandantes.
Los demandantes apelaron enseguida esta decisión ante la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York, que pidió una reconsideración del juicio por la Corte de Primera Instancia (octubre 1998). Confirmó que la intervención de la República del Ecuador no era ni necesaria tampoco requerida para que el caso siguiera su curso. Por lo tanto, el procedimiento fue mantenido y, en enero del 2000, el juez Rakoff pidió un nuevo complemento de información para determinar si los tribunales de Ecuador y Perú no eran más apropiados. En diciembre 2000, la perspectiva de la compra de Texaco por el grupo estadounidense Chevron (efectiva en octubre 2001), dejaba vislumbrar nuevos plazos en un procedimiento judicial cuyo fin seguía siendo incierto. No obstante, en mayo de 2001, el juez resolvió enviar la demanda a Ecuador, lo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones en agosto de 2002.
Entre tanto (septiembre 1998), Texaco había concluido el programa de rehabilitación iniciado tres años antes y se había liberado de cualquier obligación legal en Ecuador. En efecto, en mayo 1995, el Ministerio de Energía y Minas, Petroecuador y Texpet habían firmado un contrato de rehabilitación del área Texaco, que liberaría la empresa de cualquier compromiso al finalizarse las operaciones. Las operaciones se realizaron con la colaboración de los municipios de Nueva Loja, Shushufindi, Joya de los Sachas y Coca, así como el consejo provincial de Sucumbíos, por un costo total de 40 millones de dólares. Una suma irrisoria, comparada con las reparaciones que se pedían a Texaco unos 1.500 millones dólares y con lo que la compañía Exxon había sido condenada a pagar por los daños en Alaska 900 millones de dólares a título de cargos civiles y 250 millones a título de cargos penales.
A pesar de lo que dejan pensar ciertos observadores, el caso Texaco no es un conflicto en el cual se oponen exclusivamente comunidades indígenas y una empresa multinacional. En realidad, los campesinos colonos constituyen la gran mayoría, no sólo de los firmantes de la demanda presentada en Nueva York sino también de la población que se intentó defender en la "acción de clase". En realidad, se trata de un caso típico de convergencia entre los movimientos ecologista, indígena y campesino, que se concretizó por la creación, el 15 de mayo de 1994, del FDA.
En la actualidad, el FDA agrupa diecisiete organizaciones de primero y segundo grado y colabora de manera estrecha con las organizaciones indígenas de la región siona, secoya y quichua y organizaciones de defensa de los derechos humanos como el FEPP y el CDES. En un principio constituido para explicar la "acción de clase" a las poblaciones locales, extendió poco a poco sus actividades a otros casos de contaminación o conflictos socio-ambientales. Desde luego, su misión de asesoría incluyó dos partes: donde existía ya una actividad petrolera, se trataba de ayudar a las poblaciones afectadas a conseguir un nivel de indemnizaciones y protección conforme al derecho público ecuatoriano; donde la actividad petrolera era todavía incipiente o no existía, se trataba de informar y capacitar a las poblaciones locales sobre sus derechos, los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras, las tácticas y estrategias de negociación y / o de resistencia.
El FDA interviene también como facilitador o mediador para presentar demandas ante el Ministerio de Energía y Minas. En ese sentido, asume un papel de asesor sobre el procedimiento que es preciso seguir para presentar una demanda, en caso de violación del derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. No obstante, la organización empezó a dar un seguimiento de los casos en trámite, tan solo a finales de la década del noventa (entre otras cosas gracias a la creación de un cargo de asesor jurídico y un programa financiado por Oxfam América y la Cooperación austríaca). Esta actividad tuvo por efecto modificar el comportamiento de las poblaciones afectadas: de una actitud fatalista y dependiente frente a las empresas, éstas pasaron a una actitud de resistencia y lucha por el respecto de sus derechos.
Entre 1994 y 2000, el FDA trató un centenar de demandas procedentes de organizaciones sociales locales, excepto las demandas presentadas a título individual. El estudio de estas demandas permite establecer una tipología de los conflictos socio-ambientales en el área Texaco. Resulta de este análisis que la contaminación vinculada con las prácticas de las empresas originó el 49% de las demandas, mientras la contaminación provocada por accidentes en el ciclo de producción originó el 30%. Hablamos aquí de la contaminación de los ríos y terrenos de cultivos o de piscicultura, lo que provoca la destrucción de plantaciones de café, cacao y demás árboles frutales, ocasiona la muerte o la intoxicación de animales domésticos y de ganado, aún quitándoles el agua potable a los moradores. Por lo demás, las violaciones de propiedad privada originan el 9% de las demandas y las reclamaciones de indemnizaciones no pagadas o por acuerdos no cumplidos constituyen el 7% de los casos. Las demás demandas dirigidas al FDA abarcan la asistencia jurídica o el fortalecimiento de las organizaciones de base.
Entre el origen de los accidentes que ocasionaron pérdidas de petróleo en la naturaleza, encontramos los accidentes de mantenimiento, el retraso en las operaciones de renovación de los equipos y las rupturas de los conductos secundarios, provocadas por el uso y la oxidación o por errores de manipulación y hasta por actos de sabotaje. Comparado con las voladuras de oleoductos en Colombia, esta última práctica, es todavía marginal en Ecuador, pero el robo de tubería se volvió una práctica común, para abastecer a los camaroneros o la construcción de casas. En cambio, los errores de manipulación en tareas de mantenimiento son bastante frecuentes, tratase ya de cambiar una conducta, ya de regular la presión en la red de oleoductos.
Otra causa de accidentes proviene del hecho que los oleoductos raras veces fueron enterrados y pueden ser atropellados por carros o máquinas agrícolas. Varios accidentes de este tipo fueron provocados por la excesiva velocidad o el mal revestimiento de las carreteras. Una práctica corriente hasta 1996 consistía en regar desechos de crudo en las vías públicas, en vez de asfalto. Esos productos contienen altos porcentajes de aceites y residuos químicos, lo que tiene como efecto el volver las carreteras resbalosas cuando llueve o hace mucho calor.
Además, producen emanaciones tóxicas, que afectan a las poblaciones locales de manera crónica. Aunque ilegales, estas prácticas nunca desaparecieron, al menos en las vías secundarias, donde es bastante frecuente ver camiones de esparcimiento cubrir el suelo con un líquido opaco, sin el mínimo tratamiento fijante a posteriori.
Aparte de los accidentes, la principal causa de contaminación del área Texaco se debe a las prácticas pasadas y presentes de la industria. La perforación de un pozo ocasiona a menudo el vertimiento de aguas de formación al medio ambiente y la evacuación de aceites y productos químicos contenidos en estas aguas va directamente a los ríos alrededor. La ausencia de remediación de las piscinas de aguas residuales provoca su desborde e infiltración en el subsuelo, en particular en la temporada de las lluvias. Salvo pocas excepciones, las operaciones realizadas conjuntamente por Texaco y Petroecuador entre 1995 y 1998 se limitaron a taponar con tierra estas piscinas y pozos inactivos, luego a sembrar algunos árboles. No sólo ello no descarta los riesgos de contaminación, sino que también se traduce frecuentemente en la formación de campos de sal y áreas estériles.
Otra práctica frecuente es el almacenamiento de desechos domésticos o industriales banales por las empresas subcontratistas, sea para el mantenimiento de los equipos o la construcción de carreteras y plataformas de exploración y producción. Se trata de una práctica no sólo contaminante, sino también que expone a las personas especialmente a los niños a herirse, como ocurre a veces con minas o roles de alambra abandonados. Por otra parte, esas prácticas son al origen de conflictos que implicaron directamente a las poblaciones locales.
La incineración del gas natural al aire libre que produce humos ácidos y un olor nauseabundo, la no-renovación de los equipos que provoca derrames crónicos, el retraso o la ausencia de operaciones de limpieza y remediación tras un accidente son tantos cuantos motivos de tensión entre los habitantes de la era Texaco y las empresas petroleras. A ello se añaden los conflictos por abuso de autoridad, que involucran a los técnicos y guardias de empresas o aún unas prácticas que menoscaban abiertamente el derecho de propiedad, como aquella que consiste en cavar una trocha en una finca, durante la fase de la exploración sísmica, que obstaculiza la circulación de las personas y los animales domésticos.
El problema de la remediación de los daños ambientales en el Nororiente enmascara un problema fundamental, y es la pobreza y la falta de integración al ámbito nacional. Quizá porque el electorado de la RAE apenas representa el 4% del país, nunca le hicieron mucho caso los partidos políticos ni los gobiernos de turno. Sin embargo, la población amazónica subió de 74.913 a 546.602 entre 1962 y 2001, mientras se preveía que solo alcanzaría 353.612 según el censo de 1962, lo que confirma la correlación entre el desarrollo de las actividades petroleras y la colonización agrícola.
Históricamente esta región periférica sirvió de sustituto a las reformas agrarias de las décadas de los sesenta y setenta. A la salida de Texaco, todos los indicadores socio económicos de desarrollo de la provincia quedaban por debajo de los promedios nacionales, lo que matiza el balance de la bonanza petrolera de los setenta. En Sucumbíos, donde se concentra la mitad del PIB regional, la esperanza de vida era un año menor al promedio nacional (63 contra 64). El personal de salud por cada 10.000 habitantes apenas representaba el 11,3% contra cerca del 30% en el nivel nacional. La tasa de mortalidad infantil alcanzaba el 62,6% contra el 53,2%. El analfabetismo funcional superaba el 30%, contra el 25% para el país. Menos del 9% de las viviendas tenían acceso a una red de alcantarillado, contra 39,5% para el país. Menos del 40% tenían acceso al servicio eléctrico, contra el 77,7%. Apenas el 5,5% de los hogares disponían de agua entubada, contra el 38,2%.
Diez años después de la salida de Texaco del Ecuador, la situación no ha mejorado mucho, cuando se considera el "Plan participativo estratégico de la provincia de Sucumbíos". El diagnóstico realizado entre 2000 y 2002 (por las juntas parroquiales, organizaciones comunitarias, municipios, instituciones y organismos provinciales, etc.) consta de la mala calidad de la educación, del bajo rendimiento educativo, del débil desarrollo educativo y cultural de la provincia. Así mismo, lamenta la ineficiencia del sistema de salud, por falta de coordinación, insuficiencia y baja calidad de servicios (lo que se traduce por ejemplo, por una alta morbi-mortalidad materno infantil). En tercer lugar, denuncia las deficiencias de los servicios de energía eléctrica, de las comunicaciones, de las redes comerciales y de las infraestructuras básicas. En cuarto lugar, alerta sobre los problemas de seguridad ciudadana, que se manifiestan por la corrupción institucionalizada, la impunidad, los efectos del Plan Colombia y, por supuesto, la débil capacidad de respuesta ante los desastres.
Sin embargo, es preciso destacar que la violencia en el Sucumbíos es anterior al 2000, año en que fue implementado el Plan Colombia. Según un estudio realizado por FLACSO Sede Ecuador, desde inicios de los noventa, el Nororiente conoce niveles de violencia superiores a los promedios nacionales. En 1997-1998, los cantones de Lago Agrio y Coca (capitales respectivas de Sucumbíos y Orellana) se encontraban entre los 19 cantones donde se observaba la mayor correlación entre pobreza y defunciones por homicidio. En estos cantones, las tazas de pobreza y defunciones por homicidio alcanzaban respectivamente el 76,3% y 28,6 por 100.000 (frente a 13,7 al nivel nacional). Sucumbíos aparece en las tres primeras provincias por su tasa de defunción por homicidios, en 1990, 1995 y 1999, junto con Esmeraldas y Carchi (las tres localizadas en la frontera con Colombia). Comparando las tasas de 1995 y 1999, Sucumbíos aparece en el cuarto lugar por el incremento porcentual (84,9%), detrás de Morona Santiago, Chimborazo y Loja. En fin, en el acápite del tráfico de droga, Sucumbíos no aparece entre las provincias donde se efectuaron las mayores decomisadas, pero sí entre los donde se observan las mayores tasas de detenidos por tenencia de drogas (39,4%), delante de Imbabura, Esmeraldas y Manabí.
Tal es la situación que deben enfrentar las 30.000 personas que, luego de tratar de asociarse a la "acción de clase" ante las cortes nuevayorquinas tienen que revisar su estrategia judicial para conseguir la ayuda del Estado ecuatoriano. Pues para éste, el rescate del Nororiente es un reto que remite a un doble problema de legitimidad: aquel del gobierno central y aquel de la justicia. En este sentido, la descentralización y la transferencia de las competencias ambientales a los organismos seccionales constituyen sin lugar a duda la mayor esperanza que la situación cambie a mediano plazo.
A corto plazo, las poblaciones amazónicas se benefician de una mejor protección legal, a través de la Constitución de 1998 y del nuevo Reglamento ambiental de las operaciones hidrocarburíferas. No obstante, su situación sigue siendo precaria debido a la desigualdad de fuerzas y a la falta de integración al ámbito nacional a los que ya se aludió. De hecho, si bien es cierto la industria petrolera tiene que cumplir con normas ambientales más estrictas, el "pasivo ambiental" de la era Texaco seguirá sin ser resuelto hasta que el ejecutivo se involucre mediante los ministerios de Energía y del Ambiente en el diseño de una estrategia de desarrollo sustentable para la Región Amazónica Ecuatoriana.
Mientras tanto, la disyunción entre los fenómenos relacionados con la colonización y las actividades extractivas (típica de una situación de economía de enclave) seguirá contradiciendo el discurso desarrollista oficial que se aplica a la Región Amazónica y al Ecuador desde los sesenta. Así como no hay la menor duda de que la población amazónica no ha podido aprovecharse de la bonanza petrolera, no queda la menor duda de que es urgente pensar el problema del Nororiente más allá del caso Texaco.