La frontera es huérfana de políticas sociales

Diario El Comercio, edición digital

Quito, 11 de marzo de 2004

 

El impacto del conflicto colombiano pasa la factura social en las poblaciones ubicadas en la frontera con el Ecuador. Un ejemplo de los problemas que se desencadenan son los refugiados; solo en Imbabura existen 800 niños de Colombia que estudian en las escuelas, ellos junto con sus padres huyeron de la violencia.

Según cinco analistas, el Gobierno debe aportar más a esta zona y buscar el apoyo de los organismos internacionales. Un muestra la dio la OPS/OMS que mantiene un programa de 27 millones de euros para garantizar el acceso a los servicios de salud a los moradores de la frontera.

Para esto uno de los socios, que además tiene la logística lista, es el Ejército ecuatoriano. El papel de las Fuerzas Armadas debe cambiar, a más de centinelas de la línea que divide a los dos países tiene que involucrarse en los proyectos de desarrollo y participar de la vida de las comunidades. Así se logrará que la desatención y la percepción de abandono cambie positivamente.

Cinco alternativas para mejorar el área social fronteriza: los programas de ayuda deben ser entre ambos países.

 

Diego Victoria

Representante de la OPS en el Ecuador

"No solo se debe garantizar la atención en salud, hay que educar y lograr el acceso al desarrollo tecnológico".

A partir del segundo semestre del 2001 y hasta finalizar el primer semestre del 2002 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con la sociedad civil de las provincias fronterizas con Colombia y con las direcciones provinciales de Salud, formuló por pedido de la Cancillería un proyecto denominado Salud y Desarrollo para la Frontera Norte.

El resultado fue avalado y certificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su calidad y pertinencia. El monto total de inversión fue de 27 millones de euros a base de recursos destinados por la Unión Europea (UE) para apoyar al Ecuador en salud. El proyecto se entregó al Gobierno y la actual administración coordinó con la Vicepresidencia de la República su revisión en el marco de las políticas actuales.

Este consistía en garantizar el acceso a los servicios de salud a la población más pobre a través de una red de servicios instalada en la frontera norte, pero que en su mayoría no está operando por el deterioro de la planta física, falta de dotaciones médicas y de personal.

Además, se buscaba garantizar agua potable y saneamiento. Este era el conjunto de la propuesta, pero el proyecto no se ha concretado ni aplicado. A ello se debe sumar atención en educación y en agricultura.

 

Noemí Torres

Pastoral Social de Sucumbíos

"Las políticas de seguridad que se impongan en la frontera no pueden ser exclusivamente militares".

La frontera necesita de un gran frente común dispuesto a defender la vida de quienes no tienen garantías mínimas para sobrevivir. Los gobiernos de Ecuador y Colombia tienen que invertir más recursos en esta zona, para evitar que la población sostenga vínculos con actividades ilícitas.

Por ahora es urgente que los dos países establezcan acuerdos mutuos para atender la salud de la población fronteriza que está azotada por los efectos de las fumigaciones. Es tiempo de organizar grandes jornadas médicas y de aumentar la capacidad de los centros de salud de tercer orden que tiene el cordón fronterizo.

Ahora, se necesita que el Gobierno pague la deuda social que tiene con la frontera y la Amazonia. Hay que revertir los fondos petroleros en el suelo donde se producen. No se explica cómo el Gobierno paga la deuda externa y es indiferente con los pobladores fronterizos.

Los distintos actores que trabajan en la zona deben elaborar un plan estratégico de atención. La Iglesia, ONG y los esfuerzos comunitarios necesitan organizar sus recursos. En la frontera hay que aumentar el nivel de vida y contar con buenos servicios básicos.

 

Oswaldo Acosta

Presidente de la Cruz Roja de Carchi

"Los militares no se han enrolado en los proyectos de desarrollo en la frontera. Permanecen allí solo por seguridad".

Lo mejor sería que los militares estén estrechamente ligados a los pobladores de las comunidades fronterizas. Pero, lo que hasta hoy se ha podido observar es que el trabajo mancomunado entre población civil y militar es un mito.

En esos sectores, los civiles aún ven con recelo a los uniformados y prefieren estar alejados de ellos. De igual manera el Ejército ha organizado campañas de ayuda, que no han sido del todo satisfactorias para los beneficiarios.

Lo que se necesita es un mayor compromiso de los militares que patrullan la zona de frontera. Lo mejor sería que su labor solamente no esté dirigida a garantizar la seguridad, también deberían enrolarse en los proyectos comunitarios y aportar a su ejecución.

La interrelación entre ambos sectores es una necesidad urgente, en estos momentos que la tensión crece en la frontera. Un ejemplo de la falta de contacto entre militares y civiles es lo que sucede en la parroquia Tobar Donoso. El cuartel está ubicado en la parte superior del poblado, alejado de las casas.

Los militares permanecen en las comunidades fronterizas solo por estrategia, no hay un sentido de colaboración. Los uniformados deberían ser más prácticos y accesibles para involucrarse e integrarse con la población.

 

Teresa Recalde

Coordinadora de Educación de Imbabura

"Las autoridades y la sociedad tienen que entender el problema de los refugiados. Ese es el primer paso".

Aproximadamente 800 niños y jóvenes colombianos, en condición de refugiados, asisten a escuelas y colegios de Imbabura.

Gracias a un acuerdo ministerial se abrió las puertas a los estudiantes que, en muchos casos, llegaban sin papeles, huyendo de la violencia. Ningún plantel les puede marginar, de acuerdo a esta disposición.

Las condiciones socioeconómicas no permiten crear infraestructura y capacitar a más profesores. Pero, si el Gobierno cumpliera con su obligación de transferir el 30 por ciento del presupuesto que le corresponde a educación todo sería diferente.

Esta debería ser una respuesta para enfrentar esta oleada de menores colombianos que llegan. Nosotros no podemos negar educación, asistencia médica, ni servicios básicos. No se puede cerrar las puertas a los refugiados, peor a los niños, porque Ecuador es un firmante de los acuerdos de Ginebra, que así lo determinan.

Muchos de los problemas les endosamos solo a los colombianos. Esta triste realidad cambiará cuando los costos de la educación se los considere una inversión social y no un gasto.

 

Samuel Reyes

Dirección Seguridad y Prevención de Desastres

"El Gobierno colombiano debe colaborar económicamente para los gastos de salud de los desplazados en el país".

Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Napo y Pichincha son las provincias que reciben al mayor número de desplazados.

Debido a ello, el Ministerio de Salud creó el Proyecto de Preparativos del Sector de la Salud para Atención a la población refugiada que se inició en el 2002 y termina en su tercera fase en junio de este año.

Esta labor se la desarrolla con el financiamiento de la OPS y la OMS y ha beneficiado a no menos de 20 000 personas refugiadas o desplazadas. Este año el presupuesto es 80 mil dólares y contempla la preparación para los profesionales de la salud de esas zonas.

Pero para cubrir el incremento de requerimientos médicos es necesario aumentar el presupuesto para las direcciones de Salud de las siete provincias fronterizas. Una de las soluciones posibles es que debería haber un compromiso de Colombia para compensar económicamente al Ecuador por las demandas de salud de los ciudadanos colombianos.

Conocí que en ese país dentro de su Sistema de Salud hay un presupuesto extra para los ciudadanos desplazados y que pudiera entregarse al Ecuador. Hasta el momento, el país no recibe ningún apoyo colombiano y se calcula que existen más de 15 000 refugiados y otros 5 000 sin registro.

 

Soluciones sociales urgentes en el norte

Editorial de El Comercio

Las deficiencias sociales que caracterizan a una sociedad que no encuentra la vía hacia el desarrollo, en una coyuntura como la que atraviesa la frontera norte, se profundizan y las soluciones se perciben desarticuladas y primarias. Ante tan urgente desafío es necesario plantear grandes líneas maestras de acción en busca de consensos y acciones inmediatas.

Del proceso de los últimos meses se desprende la urgente necesidad de un gran frente común entre la fuerza pública y la población civil. La experiencia señala que este fue un eje vital en la otra frontera. Por tanto, a un comprensible temor inicial de una creciente presencia militar, debe seguir una positiva interacción para la administración de una situación muy compleja. Simultáneamente -en los frentes de acción- hay coincidencia en que salud, educación, servicios básicos y protección ambiental son las prioridades que garantizarán a la comunidad de nuestro cinturón fronterizo.

Mientras que el primer aspecto corresponde en forma exclusiva al Estado y a la sociedad; en los otros, es posible una complementación de buena fe entre Ecuador, Colombia y la comunidad internacional.

El caso de la salud es el más sensible por las condiciones estructurales y las derivadas de las fumigaciones. En ese aspecto se pueden emprender acciones inmediatas como jornadas y servicios médicos y el fortalecimiento -en gran escala- de los desvalidos centros de salud. Esta iniciativa puede convertirse en uno de los pilares de la defensa y la reivindicación social de ese territorio; máxime, si se cuenta con una base de apoyo como son las fuerzas comunitarias, el vital aporte eclesiástico y la asistencia internacional como es el caso de la Unión Europea.

En la otra frontera aprendimos de la medicina para los damnificados de los combates y fuimos testigos de la más extraordinaria muestra de la solidaridad nacional. Hoy el escenario esta poblado de requerimientos diferentes, pero la nueva agenda esta lista. Solo hay que concretarla en acciones reales, tangibles y auditables.

 

[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=88070
http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=88101

 

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