Quito, 1 de junio de 2004
Redacciones Puyo y Quito
En Pastaza nadie quiere hablar de la cantidad de madera ilegal que se explota en sus bosques. Aquello, desde que la empresa SGS dejó el control forestal en noviembre pasado. Los porcentajes que los técnicos le atribuyen a la explotación ilegal varían.
Unos hablan que el comercio ilegal de la madera aumentó en 50 por ciento, otros calculan que este valor llega a 30.
Según datos del Ministerio del Ambiente en Pastaza, desde mayo del 2003 hasta el mismo mes de este año se aprobaron 13.687 metros cúbicos de madera en un total de 827 hectáreas de bosques.
Otro dato adicional facilitado por Héctor Peñafiel, jefe de la Oficina de este Ministerio en Pastaza, especifica que en los tres primeros meses del año se aprobó un promedio mensual de 17 metros cúbicos por hectárea.
"Esto significa que -en teoría- se cortan dos o tres árboles por mes en diferentes planes de aprovechamiento de la madera, lo que está en términos aceptables", afirma el funcionario.
Sin embargo, Leonardo Viteri, del Instituto Ambiental Amazanga de Pastaza, estima que cada año se talan 2.300 hectáreas de bosque primario sin planes de reforestación.
Estas cifras no solo se contradicen con las del Ministerio, sino que el valor se triplica. Empero, los sectores involucrados en la explotación forestal coinciden en la necesidad de aumentar el control. El desacuerdo está en los montos a pagar por el servicio que brindaba la empresa SGS.
No obstante, desde abril los madereros, el Ministerio y SGS acordaron nuevas reglas para el control forestal con el apoyo de la verificadora. En esa fecha, el Procurador se comprometió a dar una solución legal, pero esta no se ha producido hasta ahora.
Otro problema adicional es la posible desaparición de Vigilancia Verde por falta de recursos. Esta organización realiza el control forestal en las carreteras del Ecuador. Esto llevó al prefecto de Pastaza, Roberto de la Torre, a enviar una comunicación al ministro del Ambiente, Fabián Valdivieso, el pasado 19 de mayo.
"El control forestal debe permanecer como requisito fundamental para alcanzar la protección de los recursos forestales de la Amazonia. No se podrá frenar la destrucción de los bosques sin un eficiente control forestal", dice la misiva.
Mientras los intermediarios de la madera aprovechan la falta de control para aumentar el contrabando, organismos como el Consejo Provincial de Pastaza dio prioridad a la capacitación en temas como normativa legal y aprovechamiento forestal.
Con este propósito, el 11 de marzo se creó el 'Foro Forestal de Pastaza', que es un organismo abierto a ONG, instituciones y personas. Una segunda reunión se realizó el 20 abril y la última el 20 de mayo.
El Foro trabaja con la coordinación de la Dirección de Desarrollo Sustentable de la Corporación Provincial y la Unidad de Gestión Ambiental.
Martín Schroeder, técnico de este organismo, explica que el principal problema en el aprovechamiento ilegal de la madera es el desconocimiento de la normativa. Los finqueros e indígenas desconocen cómo tramitar un plan de aprovechamiento de un bosque y su licencia. A esto se suma que no tienen recursos para esos trámites.
Schroeder menciona que el Consejo Provincial, a través del Foro Forestal, capacita a los campesinos sobre las leyes y la aplicación de técnicas como el 'Marco Guía', que es un armazón metálico que reduce el desperdicio de la madera.
El director del Departamento de Desarrollo Sustentable, Bolívar Freire, señala que la Fundación Codeama iniciará esta semana la entrega de créditos de 400 y 500 dólares a cinco finqueros. Con este valor podrán pagar el Plan de Aprovechamiento, la Regencia Forestal y el piedemonte.
Pese a esta nueva propuesta, Franklin Tapia, un comerciante de madera de la zona, explica que si un finquero quiere vender 20 árboles (100 metros cúbicos) necesita 600 dólares para los trámites legales.
"Los finqueros no tienen estos recursos y les facilitamos este dinero comprando los bosques por adelantado".
El precio calculado para obtener un plan de manejo y la Guía de movilización se estima en 45 centavos por tablón de madera. El regente forestal cobra entre 100 y 200 dólares para realizar estos trámites.
La inspección forestal de Pastaza, así como de Napo y Morona Santiago se realiza en el Control Integrado de Mera. En este sitio se decomisa los camiones de madera que no tienen la guía de movilización o la cantidad contenida en el camión es superior al especificado en el documento.
La madera ilegal que es decomisada se subasta, luego de un proceso legal, y los recursos recaudados van al Fondo Forestal del Ministerio de Ambiente.
[fuente]
http://www.elcomercio.com.ec/noticias.asp?noid=95089