Quito, 30 de junio de 2004
El decreto presidencial 1776, por medio del cual el presidente de Ecuador creó una comisión de aplicación para reactivar al Sistema Anticorrupción Ecuatoriano (SAE) ha desatado descontento entre los organismos de lucha contra la corrupción en el país.
A través de carta abierta dirigida al Presidente Gutiérrez organizaciones y personas de la sociedad civil han protestado contra la creación de esta Comisión entre otras cosas porque desvirtúa la naturaleza del SAE y atenta contra la apropiada representación de la sociedad civil en este organismo.
La organización anticorrupción Probidad, con sede en San Salvador, se sumó al pedido de líderes de la sociedad civil ecuatoriana y envió carta al presidente de Ecuador para que derogue el Decreto Presidencial. "El mencionado Decreto atenta a la independencia de las funciones del Estado y pretende desinstitucionalizar la lucha anticorrupción en Ecuador", justifican.
Probidad dice en la carta que considera necesario existir una voluntad autónoma de las instituciones llamadas a integrar el SAE, pero, según ellos, tal voluntad "debe ser expresada por medio de un Convenio Constitutivo suscrito por las instituciones en el ejercicio de sus propias autonomías y dentro de los límites de la Constitución y la ley".
La organización señala que la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) es la institución representativa de la sociedad civil para la promoción y lucha contra la corrupción, según establece la Constitución de la República. "Lo instamos a retomar las sugerencias que otras instituciones y personas de la sociedad civil le han hecho llegar en esta materia, las que han señalado desde un primer momento los problemas y contradicciones que genera el decreto presidencial 1776", concluye.
La Comisión para la Aplicación del Sistema Anticorrupción del Ecuador (SAE) será conformada por el presidente de la República; el procurador general del Estado; el fiscal general del Estado; el presidente de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción; y un representante de la ciudadanía, designado por el presidente de República y su respectivo suplente. La comisión estará presidida por el presidente de la República o el funcionario que él designe.
Eso preocupa y deja más dudas sobre la validez del decreto 1776 porque, según la prensa local, cerca de 50 hechos, como escándalos políticos y denuncias de corrupción, han marcado la gestión de Lucio Gutiérrez desde enero de 2003. "La Comisión de Control Cívico de la Corrupción investiga 45 denuncias en entidades estatales y empresas que usan fondos públicos".
Como mínimo, explica Jorge Vivanco Mendieta, ex director de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción (CCCC), en editorial del Diario Expreso, habría "conflictos de intereses".
[fuente]
http://www.adital.org.br/asp2/noticia.asp?idioma=ES¬icia=12863