Quito, 30 de noviembre de 2004
Redacción Puyo
La comunidad de Sarayacu lucha contra dos gigantes para defender su territorio de las actividades petroleras: el Estado ecuatoriano y la Compañía General de Combustibles (CGC), adjudicataria del Bloque 23, en Pastaza.
Sarayacu, que en kichwa, significa "Río de maíz", se opone a que la CGC realice la prospección sísmica en sus 135.000 hectáreas, en su mayoría de selva virgen. El gobierno de Rodrigo Borja adjudicó la zona en 1992.
"Los cerros, cascadas, lagunas, ríos y bosques se identifican con nuestra existencia. Ahí tenemos nuestros medios de vida", señala el presidente de Sarayacu, Marlon Santi.
Esta comunidad plantea, además, consolidar su autonomía. Santi insistió en el derecho de la comunidad a administrar los recursos de su jurisdicción territorial con base en la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
El contrato de adjudicación entre Ecuador y la CGC se firmó en 1992, pero la petrolera inició sus estudios en el 2002.
Los 2.195 habitantes de Sarayacu organizaron mingas de control en la trocha donde se colocaban explosivos con los cuales se determinaba la existencia de petróleo.
Entre diciembre del 2002 y enero del 2004 se presentaron altercados con trabajadores de la Compañía General Geofísica, contratada por la CGC para los estudios sísmicos. Esta empresa acusó a dirigentes de Sarayacu de secuestro de trabajadores, robo de materiales e incendio de campamentos. E interpuso 11 juicios penales.
Sarayacu denunció la tortura de cuatro integrantes de su comunidad por empleados de la CGC. A esto se suma el hostigamiento a familias por militares desplazados a la zona.
Estos actos no doblegaron a los habitantes de Sarayacu. Tras dialogar con el Gobierno, el Congreso Nacional y la Cancillería, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo dictó medidas de protección a favor de la comunidad.
También exigió que el Estado garantice la libre circulación sobre el río Bobonaza. Este afluente es la única salida hacia Puyo. Pasa por la comunidad de Jatun Molino, cuyos habitantes apoyan a la petrolera y no dejan pasar a ningún habitante de Sarayacu.
En Molino se instaló, además, un campamento militar. Las Fuerzas Armadas de Ecuador aseguran que es para evitar enfrentamientos entre las comunidades. Pero los dirigentes Sarayacu temen una intervención militar.
Una de las últimas resoluciones de la Comisión fue la admisibilidad de proceso solicitado por Sarayacu. Este es un paso previo para que la Corte (instancia superior) decida instaurar un juicio en contra del Estado ecuatoriano.
Los cofán de las riberas del Aguarico no ceden sus territorios a las petroleras. En este mes, celebraron once años de resistencia, que se inició en 1993 con el cierre del pozo Dureno Uno.
El año pasado, las 86 familias de la comuna Cofán Dureno, hicieron respetar la intangibilidad de sus 9 571 hectáreas que fueron pretendidas por la petrolera Ensigeco.
"Nos opusimos porque las actividades hidrocarburíferas generaron inmensos daños en nuestras fuentes de agua y en el entorno vegetal", dijo Toribio Aguinda, líder comunal.
Los dirigentes se apoyaron en una resolución del Consejo de Ancianos, quienes acordaron no consentir las actividades durante los próximos cinco años. En ese tiempo, capacitarán a jóvenes indígenas para que monitoreen posibles ingresos petroleros.
De hecho, en el momento cuentan con un grupo de guardaparques que vigila sus territorios de las intervenciones petroleras, la colonización y los cultivos ilícitos.
La última acción de las petroleras se evidenció en la comuna Sinangoe, en el cantón Gonzalo Pizarro, que es parte del bloque 11, concesionado a la petrolera china CNPC.
Un vocero de la empresa, comentó que en los próximos 90 días se dará inicio a la perforación de los primeros pozos.
El anuncio preocupó a los cofán, quienes celebrarán un encuentro para organizar una comisión de diálogo con la petrolera. "Los territorios cofán no están disponibles para la explotación, pero asumiremos un proceso de diálogo en donde se tomarán las últimas decisiones", dijo Emergildo Criollo, un líder cofán.
Los dirigentes de Sarayacu estuvieron en Argentina, en la sede principal de la CGC, para pedir que la empresa salga de su territorio. También buscan apoyo en EE.UU. y Europa.
Sarayacu lleva adelante un proyecto para profesionalizar a sus profesores y otro de conservación del tapir, especie considerada en peligro de extinción en la Amazonia. Luchan además porque sus lagunas sagradas no sean contaminadas.
Para mejorar el nivel de sus maestros, la comunidad tiene el proyecto Yachay, pionero en la realización de una licenciatura en el corazón de la Amazonia.
Tenemos un contrato firmado hace ocho años con el Estado ecuatoriano. Hasta ahora hemos cumplido con nuestra parte. Lo que falta es que el Gobierno garantice la seguridad en el Bloque. En enero del 2003 se paralizaron las operaciones por los ataques de Sarayacu.
Nos sujetamos a la cláusula de Fuerza Mayor, prevista en el contrato, hasta que se pueda continuar con las actividades. Como empresa agotamos todos los medios de diálogo con Sarayacu. Ahora el tema está en manos del Estado.
Se nos ofreció que en 30 o 60 días se tomará una decisión. Lo que nos desalienta es que después del 25 de enero del 2003, cuando los dirigentes de Sarayacu robaron 150 kilogramos de explosivos, no podemos autorizar que ninguna contratista haga los estudios de sísmica.
"El Gobierno debe cumplir con garantizar la seguridad en el bloque de operaciones".
[Ricardo Nicolás, Empresa CGC]
La Constitución del Ecuador y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo conceden a los pueblos indígenas derechos territoriales, así como la posibilidad de decidir su modelo de desarrollo.
Sarayacu ejerce estos derechos a través de su organización representativa. Así, no permitirá el ingreso inconsulto de una transnacional petrolera en su territorio sagrado.
Esta comunidad nunca fue debidamente consultada sobre el interés del Estado para la explotación petrolera. Su oposición a estas actividades ha motivado constantes amenazas contra sus dirigentes de parte de la CGC, el Estado y las Fuerzas Armadas.
Por este motivo se acudió a la justicia internacional. El Gobierno ecuatoriano debe iniciar un cambio respecto a su política petrolera.
"El Estado debe terminar el contrato con la CGC y garantizar los derechos humanos".
[Mario Melo, Asesor Sarayacu]
[fuentes]
http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=110671
http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=110673