Quito, 9 de diciembre de 2004
Redacciones Puyo y Orellana
Las actividades hidrocarburíferas en la Amazonia obligaron a las compañías petroleras y a las comunidades indígenas a lograr acuerdos para financiar proyectos de desarrollo y productivos. La inversión fruto de los convenios se factura a Petroecuador.
En el caso de Pastaza, la compañía Agip, adjudicataria del Bloque 10, mantiene un convenio anual con 17 comunidades indígenas kichwas. Según el gerente de Agip, Livio Burbi, invierten alrededor de un millón de dólares al año.
Burbi menciona que Agip prioriza los proyectos que con el tiempo se autogestionan, para que las "comunidades aprendan a ser independientes y valorar los recursos que reciben" y de esta forma evitar el paternalismo que a la larga hace mayor daño a la población.
La Agip mantiene un convenio con la Asociación de Indígenas de la Región Amazónica (Asodira), la Asociación de Indígenas Evangélicos para la Región Amazónica (Aiepra) y los Asociación de Indígenas del Curaray. En estas organizaciones se acordó realizar obras en salud, educación, servicios básicos y proyectos productivos, en coordinación con las mismas comunidades y sobre la base de sus propias necesidades.
Además, la Agip propicia la capacitación de los dirigentes. Sin embargo, el presidente de Asodira, Eusebio Mayancha, señala que el financiamiento de los acuerdos se cumple solo en un 50 por ciento. La diferencia se aplaza para el siguiente año. Mayancha dice que pese a que han transcurrido cinco meses de este año, el Plan Integral de Desarrollo de las 17 comunidades para el 2004 tiene un avance lento.
A esto se suma que en el pozo petrolero no trabaja ninguna persona de las comunidades, pese a que el convenio especifica que se contratará personal de la comunidad. La Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia (Onahe), el 23 de marzo firmó un convenio por cinco años con Petrobras, adjudicataria del Bloque 31. Según el ex presidente de la Onhae, Armando Boya, el monto de inversión convenido con Petrobras para este año es de 500 000 dólares.
El 60 por ciento del monto se invertirá en el sector educativo. La diferencia se destinará a obras de infraestructura en las comunidades, proyectos productivos y el apoyo a la creación de una empresa de avionetas. Delfín Andi, técnico de la Onhae, expresa que esta organización manejará en este año un monto de 2,5 millones de dólares sobre la base de los acuerdos logrados con las petroleras de siete bloques que se encuentran dentro del territorio huaorani.
En cada comunidad se invertirán 20 000 dólares, principalmente en la construcción de pistas, debido a que la mayoría de sectores huaorani tiene solo ingreso por vía aérea. Los recursos benefician a 2 000 huaoranis de 32 comunidades de Pastaza, Orellana y Napo.
En Orellana los convenios entre las comunidades y las petroleras tienen como eje principal la infraestructura y los servicios. Los proyectos productivos que se incluyen son relativamente nuevos.
Los representantes de las compañías petroleras que operan en la provincia reconocen que ayudan a las comunidades con proyectos de salud, educación e infraestructura. Pero la mayor parte de convenios queda en los papeles.
Diocles Zambrano, director de la oficina de Derecho Ambiental, dice que los trabajos de infraestructura priman. "Las compañías no cumplen, en cambio las comunidades siempre respetan su parte del convenio".
Un ejemplo: en el 2002, Petroproducción firmó un convenio con Huataraco, se comprometía a entregar 80 mil dólares, "eran para proyectos productivos de la población", señala Carlos Alvarado, dirigente. Pero la compañía se hizo para atrás.
"Nos dijeron que solicitáramos obras. Pedimos el cerramiento del coliseo, baterías sanitarias y agua potable. Hasta ahora ni siquiera firmamos el convenio". En Huataraco está el Bloque Pucuna, donde hay 13 pozos.
Cuando la población obtiene una solución a una de sus demandas se preocupa por mantenerla y mejorarla. En San Carlos, cantón La Joya de los Sachas, los habitantes consiguieron la dotación de agua potable luego de 7 meses de paralización y de un trabajo de monitoreo de 7 años.
El estudio indica que todos los ríos de la zona están contaminados. "Es el único beneficio luego de tantos años de explotación petrolera. Estamos satisfechos, pagamos a tiempo y trabajamos para conseguir la energía que se requiere", relata Hugo Ureña.
Los convenios entre las petroleras y las comunidades incluyen un sueldo para los dirigentes entre 300 y 400 dólares mensuales.
[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=111529