Quito, 3 de enero de 2005
La categorización del Ecuador como el país con los políticos más corruptos del mundo explican la dinámica con la que se movió el manejo de recursos públicos. Es por eso que los escándalos y las pugnas permanentes fijaron la agenda de este suplemento desde el mes de enero. Varios entidades fueron objeto del manoseo político, aunque tres se llevaron la bandera: Pacifictel, el Ministerio de Bienestar Social y la estatal Petroecuador.
El control de la telefónica puso frente a frente a socialcristianos y al Gobierno. Las secuelas hoy son su distanciamiento y una aguda disputa partidista.
La austeridad pregonada por el Gobierno de Lucio Gutiérrez desde enero de 2003 fue papel mojado en la telefónica Pacifictel.
Un informe de Blanco y Negro del 10 de enero de 2004 detalló el manejo 'alegre' de la empresa del Fondo de Solidaridad. Así, según información interna de la empresa, se revelaron pagos de horas extra por $3 393 764, solo entre el 15 de enero y agosto de ese año, en cuyo egreso se registraron nueve casos por encima de los $18 mil.
De acuerdo a los cálculos salariales, muchos de los pagos implicaban tareas que sobrepasaban las 24 horas del día. Uno de los beneficiarios, con $13 677, fue Rogelio Sánchez, el chofer del ex presidente ejecutivo Mauricio Galindo.
Pero no fue el único beneficio. En ese mismo período, se destinaron, además, $801 736 para préstamos que iban desde $300 a $6 500; $697 794, para anticipos y bonificaciones; $685 414, para viáticos y desplazamientos; $206 693, para el pago de vacaciones no gozadas; 2 352 067, para las indeminizaciones de 121 empleados separados en ese mismo lapso; y $2 352 067, por concepto de publicidad pautada en 29 emisoras.
Los pagos contradijeron, incluso, las resoluciones del directorio de febrero de 2003 sobre la política de ahorro, dictadas en función del decreto presidencial de principios de este régimen. Las denuncias resultaron la punta del iceberg de hechos de corrupción y una pugna por su control político. La pelea se concentró entre dirigentes socialcristianos y el diputado Renán Borbúa (SP), quienes se acusaron mutuamente de tener intereses ocultos detrás de los negocios de la telefónica.
La firma del contrato de seguros con la empresa La Unión, que provocó la salida del ex presidente Galindo y otros altos funcionarios, agudizó la crisis. La denuncia de peculado desembocó en órdenes de prisión en contra de ese personero y familiares del diputado Borbúa, así como en cuestionamientos a ciertos carrier, el desmantelamiento de algunos by pass y el agudizamiento de relaciones entre el Gobierno y la cúpula socialcristiana. Los entretelones del forcejeo entre esos dos actores políticos (Blanco y Negro del 17 de abril) mostraron porqué la empresa constituye la 'joya de la corona'.
Más de 50 actos irregulares se detectaron en el primer año y medio de régimen. Para la oposición, esa dinámica fue estratégica y el estilo del régimen.
En el informe de Blanco y Negro del 26 de julio de 2004 se puso de manifiesto las 'irregularidades' cometidas en las entidades públicas durante el primer año y medio de Gobierno. Hasta esa fecha, al menos 50 posibles actos de corrupción habían sido detectados en las instituciones dependientes directamente del Gobierno central, 45 de las cuales eran indagados por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC).
Y no solo eso. El informe reseñó la serie de 'inconsistencias' de la cabeza del régimen. Un punto crítico fue la presencia de familiares -directos e indirectos- del presidente Gutiérrez en puestos públicos importantes: Susana G., cónsul en la Argentina; Paola G., en la coordinación general del Bede; Janeth G. secretaria particular de Presidencia; además de tíos, primos y otros familiares con excesivo protagonismo, como su cuñado Napoleón Villa (inicialmente presidente del Fondo de Solidaridad), a quien se le descubrió una serie de parientes en puestos clave, como el caso de su yerno Danny Jarrín, en calidad de delegado del presidente en el Consejo de Administración de Petroecuador.
En 2003, el régimen se vio envuelto en una seguidilla de escándalos, desde el nepotismo hasta la denuncia de un supuesto aporte a la campaña presidencial de SP (aún no clarificado) del ex gobernador de Manabí César Fernández, acusado de narcotráfico, que salpicó a Villa por una cena mantenida por él con varios miembros de la banda. Ese personaje protagonizó un hecho inusual que denotó su poder e influencia en la Policía, en actos denunciados en un informe del 28 de febrero tras el uso de un helicóptero institucional dentro de actividades de proselitismo.
Todos estos hechos fueron asumidos por sectores de oposición como parte de una 'estrategia del escándalo' y un estilo de Gobierno. La gota que derramó el vaso fue el supuesto retiro de la visa al ex ministro Patricio Acosta (fines de mayo), que desembocó en la ola de rumores salidos desde el Palacio de Carondelet sobre un posible autogolpe, descritos en el informe del 5 de mayo, en donde se reveló el uso del rumor y la simulación como armas políticas del régimen para contrarrestar las acciones de sus enemigos.
Antonio Vargas y el subsecretario Bolívar González reprobaron todas los exámenes, pero aun siguen. Ellos tienen el apoyo de sectores indígenas.
Ni la censura legislativa ha doblegado al Gobierno en su afán de sostener al ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, y a su subsecretario Bolívar González, quienes se han visto envueltos en varios cuestionamientos por el manejo clientelar de esa cartera.
Todo empezó desde el mísmo día del nombramiento de Vargas tras la salida del ex ministro Patricio Acosta (abril). Era un momento crítico para el Gobierno, pues se hablaba de la supuesta intención legislativa de sacar del poder al presidente.
Vargas encarnó la estrategia para fortelecer la base social del régimen a partir de fraccionar al sector indígena y a la Conaie. Desde el primer día, el ministro Vargas, directamente y a través del subsecretario Bolívar González, hizo varios anuncios polémicos.
Blanco y Negro esbozó, en un informe del 24 de julio, las intenciones del nuevo ministro de crear una guardia comunitaria bajo un supuesto plan de seguridad. El planteamiento fue sustentado en la idea de generar empleo a nivel rural, lo que para dirigentes indígenas de oposición no era más que una táctica de cohersión y terror.
El tema tuvo complementos: la puja por el Codempe e instancias controladas por el movimiento indígena. Los grupos afines a Vargas lograron ese control, y el Ministerio se convirtió en plataforma promocional del Gobierno.
Las críticas se ahondaron con la advertencia de organismos externos, como el BID, de retirar su apoyo ante la eventualidad de que se irrespeten los programas sociales (informe del 28 de agosto). Otro detonante, denunciado también en otras entregas de Blanco y Negro, fue el manejo político de la entrega de alimentos (informe del 4 de septiembre) y el desvío de fondos de la alimentación escolar para destinarlos a la construcción de estadios (informe del 16 de octubre), que fueron auspiciados por la Secretaría de Deportes.
Ese manejo 'irregular' tuvo un desenlace. El ministro fue censurado, incluso con votos de algunos aliados al régimen. Aunque eso tuvo su contrarréplica: las advertencias del subsecretario González de poner indios en las calles de Quito. Eso se cumplió con el anuncio de juicio político al presidente.
La gerencia de Protección Ambiental gastó, entre 2003 y 2004, $44,8 millones; $5,8 millones más que en los tres años anteriores del Gobierno de G. Noboa.
La estatal petrolera se convirtió en el último año en la caja chica del Gobierno. Eso lo desmuestran los datos del informe de Blanco y Negro del 20 de noviembre de 2004, sobre gastos destinados para la construcción de diversas obras en varias provincias del país, muchas de las cuales no están en las áreas de influencia de la actividad petrolera, como lo mandan las leyes que regulan esas inversiones.
La diversidad de los trabajos puso en evidencia el carácter político de los proyectos, como la adecuación de un hospital de Píllaro, ciudad natal del ministro de Energía, Eduardo López; los sistemas de comunicación por radio de los taxistas de Puyo o medio centenar de puentes con tubería dada de baja por la industria petrolera. El dinero salió de los fondos de la cuestionada Gerencia de Protección Ambiental.
Entre 2003 y 2004, esa dependencia gastó $44,8 millones ($27,1 millones y $17,7 millones, respectivamente); $5,8 millones más que en los tres años anteriores del Gobierno de Gustavo Noboa que inició esta práctica.
Las previsiones obviaron otras obligaciones, como el pago de $11 millones que contempla la sentencia por los daños ocasionados por el incendio de 1998, en el barrio La Propicia, en Esmeraldas. Ese incumplimiento generó reacciones de los moradores por un supuesto mal manejo por parte de las autoridades que decidieron una reprogramación del presupuesto para aprobar apenas $2 millones para 2004, según el informe de Blanco y Negro del 6 de noviembre. Los vecinos presentaron una denuncia por peculado.
Las críticas por todos estos manejos no han parado. Se cuestionó directamente al presidente Luis Camacho por las decisiones tomadas en esos temas. Eso, más las divergencias internas sobre el caso de la Oxy, provocaron los cambios en la estatal con la salida de Camacho y otros personeros, como Ximena Cárdenas, gerenta administrativa, a quien se señaló como la verdadera ejecutora de la política clientelar del Gobierno a través de Petroecuador.
Hay otro tema pendiente: determinar la responsabilidad por la muerte de un comunero de Concepción (Esmeraldas) por la caída de uno de los puentes.
En cuatro de ellos, hubo respuesta de las autoridades para aplicar correctivos. En el resto, faltó la reacción y los problemas siguen.
Blanco y Negro priorizó algunos temas de coyuntura por la dinámica política nacional, como el seguimiento de algunas acciones controversiales o ilegales, entre ellas, la presencia de los militares en las aduanas, el concurso de Miss Universo, la violencia en las cárceles del país, la mayor incidencia del secuestro, el coyotaje y los sistemas de justicia paralelos.
Tampoco fue ajeno a temas tabú, como la actividad comercial de los servicios sociales de la fuerza pública o los viajes de los cursos de oficiales. Además de los intereses ocultos en las actividades en las Galápagos y las prácticas de soborno en el Municipio de Quito.
Ocho meses y a fiscal Yépez no responde.
Blanco y Negro publicó, el 3 de abril de 2004, dos facsímiles de los oficios del investigador Jorge Ribadeneira al general Édgar Vaca, jefe de Policía, en los que señalaba que, inicialmente (10 de abril de 2000), el asesor de la fiscal Washington Pesántez le pedía que se dispusiera el seguimiento a los ex accionistas de Filanbanco, los hermanos Isaías, al encontrarse en elaboración una excitación fiscal, para a día seguido (el 11 de agosto) solicitar que se quitara el control. Este Diario pidió a la fiscal Mariana Yépez que explicara las razones de ese cambio de disposición, así como si sus contactos políticos le permitieron sortear los llamados a interpelación y de la supuesta existencia de un túnel de la impunidad en la Fiscalía. Hasta la fecha no responde.
Los líos dejan al país a la espera de categoría A.
El país deberá esperar para que la autoridad aeronáutica de los EEUU devuelva la categoría A a los aeropuertos de Guayaquil y Quito. Expertos del sector señalan que la meta no pudo cumplirse por falta de seguridad jurídica y por los reparos a Rafael Dávila, director de la DAC, aún en funciones. La clave fue el manejo de un amparo que permitió volar, civilmente, a dos helicópteros alemanes de uso militar (informe del 17 de enero de 2004).
El show más caro y que no dio réditos.
La 'pasarela millonaria' de las misses le costó al Ecuador más de $13 millones, aunque en lo inmediato no tuvo efectos positivos para el país. El número de turistas previstos por los organizadores no se completó. El informe de la Comisión de Fiscalización, que analizó las cuentas, no se ha divulgado aún. Los problemas de la organización y el nivel del gasto fueron advertidos en un informe de Blanco y Negro del 14 de febrero de 2004.
Comisariatos, sin marco legal que los ampare.
En el informe de Blanco y Negro del 29 de mayo de 2004, se revelaron los testimonios juramentados de ex directivos de los comisariatos de la Fuerza Terrestre que señalan que las compras directas, sin pasar por aduanas, han sido una política institucional. El informe destaca que durante 50 años los comisariatos de la fuerza pública han funcionado sin un marco jurídico específico. La Contraloría realiza un análisis.
La 'cicatrices' de la explosión siguen abiertas.
A tres días del informe de Blanco y Negro del 27 de marzo, sobre la reconstrucción de Riobamba, el alcalde Fernando Guerrero desintegró la Unidad Técnica de Emergencia, encargada de las obras. Su creación fue cuestionada por la Procuraduría, pues no tenía una base legal, además, el Cuerpo de Ingenieros negó haber sido el fiscalizador. La Fiscalía inició una indagación previa pero, al final, desestimó la posibilidad de falsedad de instrumento público. Pero hay otra investigación sobre la gestión de esa unidad sobre presuntas irregularidades. Hasta tanto, 400 personas esperan atención y otras emprendieron por su cuenta la reconstrucción por la negativa del Gobierno de entregar más fondos.
Interés privado se impone al ambiental.
El control del Parque Nacional Galápagos (PNG) mostró, durante 2004, que los intereses sectoriales priman en el manejo de las 'Islas Encantadas' (informe del 2 de octubre). La pugna por la Dirección del PNG enfrenta en una lucha encarnizada a los pescadores y a los ambientalistas por el control de esa instancia. Hoy, el nombramiento del director sería para un aliado del diputado Vinicio Andrade, que apoya al régimen.
La justicia con mano propia se toma el campo.
La desconfianza en la administración de justicia ha fortalecido otros sistemas paralelos, como el de las Juntas del Campesinado, según reveló el informe de Blanco y Negro del 22 de mayo. Y la tendencia va creciendo, pese a un intento de formar un tribunal de conciliación en Chimborazo. Esos organismos buscan el reconocimiento legal en el Ministerio de Bienestar Social. El último juzgamiento se detectó el 28 de noviembre.
El reacomodo no tiene visos de solución.
El informe del 15 de mayo dejó ver los entretelones de los motines carcelarios que, en el año, han dejado al menos 12 muertos. La lógica penitenciaria parte de la deficiencia del sistema: obsoleta infraestructura, déficit de guías, sobrepoblación carcelaria (12 mil internos a escala nacional). Aspectos que han servido a las mafias para que establecezcan sus dominios. Los mítines, como los de abril y diciembre, sirven para el reacomodo.
Los resultados en las aduanas, aún pendientes.
Al año de la presencia de los militares en las aduanas, Blanco y Negro mostró, en el informe del 24 de abril de 2004, que los vicios del sistema se mantenían: ausencia de exigibilidad tributaria, auditorías especiales y subfacturación masiva de importación con documentos falsos. Pese a ello, el Gobierno decidió prolongar indefinidamente el manejo militar. El resultado de las recaudaciones y del servicio dirá si tuvo o no razón.
La coima tiene el 'rango' de una institución.
Constructores y empleados del Municipio de Quito saben que, para agilizar la aprobación de planos de edificaciones, es necesario 'aceitar' el trámite. Es un secreto a voces del que pocos se atreven a dar nombres. Apenas cinco casos fueron reportados a la comisión anticorrupción municipal, según el informe de B/N del 27 de noviembre. El Municipio arma una ordenanza para cambiar el esquema de revisión y control en el terreno.
[fuente]
http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan325/byn.htm
http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan325/negro1.htm
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