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Una agenda para capitalizar el levantamiento forajido

Fernando Buendía

Quito, 19 de mayo de 2005

La inédita erupción social-política de los sectores medios de Quito, comandada por los autodenominados forajidos se encuentra en el trance de ser reasimilada por las maltrechas instituciones del sistema político ecuatoriano (civil y estatal), como ocurrió cuando la caída de Bucaram y Mahuad.

De la misma forma que sucedió con la erupción del volcán Pichincha en años pasados, una vez que reventaron los gases del descontento antidictócrata y la presión politica acumulada por dos años y medio de traición, nepotismo, autoritarismo y de groseros episodios (a lo Tres Patines) de desgobierno; cuando los nuevos voceros forajidos denunciaron con sus incandescentes discursos la oscuridad cómplice del sistema político patrimonial y una vez que la arrasante protesta y movilización destrozaba al Gutierrismo reclamando enfáticamente ¡Fuera todos los comprometidos con este sistema político!..; Alfredo Palacio, el heredero y sucesor, junto a los partidos de la "ex oposición" han emprendido en los cambios cosméticos a fin de que nada cambie en este sacrosanto sistema patrimonial ecuatoriano.

Efectivamente el gabinete de la tercera edad y de "conservadores ilustrados" que acompaña al nuevo presidente hace prever que pocos cambios ocurrirán y menos aún los de fondo que animaron la revuelta quiteña (cabe resaltar que estos ilustres ancianos fueron en su momento "jóvenes idealistas" que reclamaban su puesto en la carrera política pidiendo la jubilación de las generaciones de mayor edad).

Las Asambleas Populares han denunciado con pesar y rabia que la histórica lucha contra la dictadura de Gutierrez podría convertirse en un nuevo episodio de nuestros casi ciento ochenta años de dictocrática historia republicana, si no aprovechamos el momento para exigir las transformaciones que reclama la revuelta de los forajidos.

El levantamiento de las clases medias quiteñas es un original movimiento "iconoclasta" que no quiso dejar "títere con cabeza"; un movimiento democratizador que pretendió afirmar el autogobierno de la sociedad civil y que propuso refundar el país acabando con el "patrimonialismo", virus maligno que carcome hasta el tuétano a las instituciones estatales y civiles del sistema público ecuatoriano.

Pocas instituciones del país escapan a esta congénita enfermedad, sean estatales como el Congreso, el ejecutivo, las FFAA, las cortes o los gobiernos seccionales; sean las llamadas civiles como las Universidades, los medios de comunicación, los partidos políticos, los gremios o las organizaciones sociales. Excepcionales instituciones se salvan de la maldición patrimonialista que corroe y diluye la filosofía y los principios institucionales, anteponiendo los intereses de pequeños grupos oligárquicos, mediante el estilo personalista y autócrata de manejo de los recursos e intereses públicos, que llegó durante el Bucaramato al extremo cínico de la política de "la regalada gana".

Oligarcas los perfumados, oligarcas los guacharnacos, oligarcas los de la costa, de la sierra y la Amazonía...; las élites económicas y políticas del país, han acumulado sus fortunas a través del manejo patrimonial del poder. Napoleón Dillon decía en 1928, en su discurso a la nación que el 40% de las mercancías que entraban por el puerto de Guayaquil, pasaban de contrabando, porcentaje que multiplicado por ciento ochenta años, explica el origen de muchas fortunas porteñas y de otros puertos y fronteras. De igual manera, en treinta años de explotación petrolera, que ha producido más de cincuenta mil millones de dólares, cuanto de estos recursos han quedado en manos de de la élite política y varias empresas extranjeras, dedicadas a traficar con la contratación petrolera. Si de acuerdo a los estudios sobre corrupción que se hicieron públicos en años pasados, más del 8% del presupuesto estatal anual es lo que se desvía mediante acciones corruptas de contratación pública, se explica en muchos casos el enriquecimiento de las elites centrales y regionales.

Sistema político patrimonial y manejo oligárquico (y neoliberal) de los recursos públicos del país, ambos van de la mano como uña y mugre del sistema de explotación y dominación que mantiene sumidos en la miseria a la mayor parte de los ecuatorianos, principalmente pueblos indígenas, afroecuatorianos y a las regiones y provincias del interior.

¡Fuera todos!, acabar con patrimonialismo, desprivatizar el Estado, fue la consigna central del pueblo de Quito el 20 de abril, poniendo en evidencia la paradoja y extrema polarización a la que está llegando el país, pues, mientras las clases medias propugnan la re estatización del Estado y devolver el poder a la sociedad, otros, desde algunas provincias y municipios del interior han reclamado la osadía de los quiteños señalando que "Quito no es el Ecuador". Mientras unos repudian el sistema patrimonial, otros, caciques y caudillos locales, lo defienden como una moneda de curso legal (no importa que robe pero que haga obra), y exigen el cumplimiento de los compromisos clientelares efectuados por el gobierno cesado.

Aprovechar el momento de debilidad del sistema patrimonialista y neoliberal, no dejarle recuperarse y apuntar al debilitamiento del corazón de este cáncer constituido por el eje: presidencialismo, centralismo, partidismo, y dominio tecno burocrático neoliberal del poder central, contribuirá efectivamente a la democratización y al cambio soñado por los forajidos y que reclaman las regiones del interior del país desde tiempo atrás.

Es posible e imperioso abolir el presidencialismo para acabar con una historia en la que hemos tenido más gobiernos de facto que constituidos mediante elecciones. Para terminar con la pugna de poderes, los camisetazos, la compra venta de diputados, la concentración de poder en manos de los apetitos y caprichos del presidente de turno y para separar la relación tan estrecha y mórbida que existe entre el poder político y el económico, se debe instaurar un régimen político de "corresponsabilidad", sea este parlamentario o semiparlamentario. De esta forma se obligará a que los partidos y los poderes del Estado tengan una disciplina y coherencia obligatorios, basados en acuerdos de carácter programático y político, y no el reparto descarado de los recursos públicos.

Igualmente, es fundamental avanzar en la descentralización, entregando una porción mayor del presupuesto a los gobiernos seccionales sobre la base de la equidad y la solidaridad con los más débiles en la distribución de los recursos, y en función de procesos reales de construcción de capacidades para asumir nuevas competencias descentrizadas.

Pasar de la democracia electorera a la democracia participativa, instaurando un sistema nacional de planificación participativa que tenga un carácter normativo para que los planes acordados entre el Estado y la sociedad civil sean la base del presupuesto estatal y de su estructura funcional. Unidos por un proyecto país el sector público y la sociedad, centrarán sus esfuerzos y trabajarán en la misma dirección, optimizando las oportunidades y los recursos del país.

Igualmente hay que recuperar la capacidad de control del sector público a la sociedad estableciendo mecanismos despartidizados de elección del TSE, del TGC, del Contralor, del Fiscal, entre otros.

Estos tres cambios de fondo, a favor de la democratización y la equidad, implican una "redistribución real del poder público" que abre puertas al ejercicio real de la soberanía ciudadana y popular.

Concentremos los esfuerzos para que este no sea un episodio más de nuestra historia como República mediatizada por fuerzas oligárquicas al interior y fuerzas imperiales al exterior, pues, nuestra soberanía exterior depende de nuestro poderío como nación y en el estado actual de postración y debilidad somos presa fácil de las imposiciones externas.

Pero, además de atacar al patrimonialismo estatal, enfrentemos al patrimonialismo existente en la sociedad civil, en nuestras organizaciones e instituciones. No debemos señalar la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga en el propio. No se puede aceptar que determinadas personas, grupos o movimientos manejen como patrimonio propio las organizaciones o instituciones sociales. Una Universidad se debe a los habitantes de su región y no a los grupos de presión existentes al interior de la misma; un profesor se debe a sus estudiantes y no a sus intereses personales o al gremio de maestros; una ONG debe responder a los propósitos institucionales y no a los afanes particulares de sus directivos; una organización social debe ser un medio para cumplir las demandas de sus miembros y no una escalera para los arrivistas y trepadores.

Hay mucho que hacer por delante y cada cual desde su trinchera.

Fernando Buendía
Forajido de toda la vida

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