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¿A la tercera va la vencida?

Napoleón Saltos Galarza

Quito, 20 de mayo de 2005

La Escena

La sorpresa vino desde la Shyris. En cada nuevo ciclo político la expectativa tiende a buscar la puerta por el camino repetido. La rebelión era esperada por la ruta del levantamiento indígena, como en Enero del 2001. Luego fueron los alcaldes los que ensayaron la convocatoria. Esta vez los principales personajes de la escena fueron la voz de la Luna y la autoconvocatoria festiva de los "forajidos", las familias de los sectores medios de Quito, jóvenes estudiantes, niños bien y algunos sectores sociales y de la nueva izquierda.

También el poder constituido tenía su plan de control bajo el viejo esquema: seis cordones de seguridad en torno al Palacio de Carandolet y una estrategia de fuerte represión policial, para impedir el cerco de los sublevados.

Lucio Gutiérrez había descubierto el método para su permanencia: transformar la política en seguridad, a fin de desactivar el fantasma de la movilización social, sobre todo indígena, y de colocar bajo vigilancia y chantaje a la oposición; la alianza con los poderes fácticos, en primer lugar, el poder norteamericano y, por turno, los polos oligárquicos, en una primera fase con el PSC y luego con el PRE-PRIAN; una política clientelar, dirigida a garantizar una mayoría parlamentaria adicta al gobierno y a contar con una base social de maniobra, sobre todo en los sectores más deprimidos de la sociedad.

En la rebelión de los "forajidos" las estrategias se transformaron. Ya no se trató del cerco a los símbolos físicos del poder; sino más bien de un distanciamiento de las formas instituidas, para apropiarse de un sitio festivo, la visera de la Shyris y, en grado más reducido, la visera del Sur, y de los espacios de residencia; y convertirlos en signos de contrapoder. La fuerza se generó desde el poder simbólico de las cacerolas, los palos, los rollos de papel higiénico, los pitos. La red forajida se distanció de los media oficiales, cuestionó la legitimidad de una práctica encubridora y de control de la opinión pública; y tejió un nuevo entramado con los mensajes de La Luna, de los celulares, de los correos electrónicos y de la convocatoria personal. Una sola bandera amarillo, azul y rojo; aunque con una multiplicidad de discursos.

Tras bastidores

El poder constituido se juega en espacios controlados, por ello tiende a escapar de la luz. El espectáculo es más bien parte del rito de legitimación.

El sistema de poder en nuestro país funciona con dos dinámicas básicas: las pugnas y alianzas de dos polos oligárquicos de poder en un largo proceso de hegemonía bloqueada, y la recurrencia periódica a las energías sociales para resolver empates prolongados de poder que precipitan diversos niveles de crisis del sistema político.

Este sistema es tutelado por el poder norteamericano, que funciona como el calificador internacional final. La hegemonía globalizada del imperio cuenta con un pilar básico, el triunfo de la visión liberal de la democracia como el modelo de sistema político legítimo y el control de la certificación de la legitimidad democrática por el poder imperial y las multilaterales. En nuestro Continente crece el asedio social a este dominio político a partir del desencanto con esta democracia.

Esta vez la pugna se centró en el control de la institucionalidad, a partir del dominio de la mayoría parlamentaria. A raíz de los resultados de las elecciones seccionales del 17 de octubre del año pasado, la alianza PSC-ID-Pachakutik creyó llegado el momento para defenestrar a Gutiérrez a través de un juicio político, pues el régimen contaba con una aceptación de apenas el 7%.

Empero, amparado en el control del gobierno, en la alianza con el PRE y el PRIAN y en la protección del imperio norteamericano, Gutiérrez conforma una mayoría parlamentaria adicta, detiene la amenaza del juicio, e inicia un contraataque al bloque opositor: el control de la institucionalidad, Congreso, tribunales electorales, constitucionales, cortes, Banco Central, pasa a manos del bloque gobiernista. El conflicto institucional llega a su punto más alto el 8 de diciembre del 2004, con la disolución de la Corte socialcristiana y el nombramiento de una Corte encabezada por el PRE, para garantizar el regreso de Bucaram. Se rompe el equilibrio de poder y se abre un conflicto creciente entre los dos polos oligárquicos.

Gutiérrez retoma la iniciativa. Con un discurso centrado en el ataque a Febres Cordero, símbolo de la vieja política oligárquica de captura de la institucionalidad, especialmente de la Función Judicial; una propaganda sobre los "éxitos" del proyecto neoliberal, sobre todo en torno a la ausencia de paquetazos económicos directos, mientras silencia la marcha imperturbable del Tratado de Libre Comercio, del Plan Colombia y del servicio disciplinado y adelantado de la deuda externa; y con una reforzada política clientelar, focalizada en algunos sectores deprimidos sobre todo del campo y de las provincias marginales; logra recuperar el apoyo del público hasta el 37%.

Se abre un período de empate político, que tiene como escenario principal el Parlamento. Una y otra vez, la oposición busca una mayoría para cesar a la Corte y retomar el control institucional; pero una y otra vez los votos comprometidos no se concretan. La institucionalidad democrática muestra su incapacidad de resolver el conflicto político.

El tutelaje del poder norteamericano, bajo la dirección del Comando Sur, permite la continuidad institucional: se produce un canje de fidelidad geopolítica del régimen gutierrista respecto a los temas geoestraégicos (Plan Colombia, Base de Manta, Tratado de Libre Comercio, deuda externa), con la certificación de continuidad "democrática". La embajadora Kristie Keney convierte la estabilidad del Gobierno en muestra de la eficacia de la diplomacia norteamericana: la actuación de Otto Reich conjura el peligro en diciembre de 2003, ante las pruebas de la ligazón de Gutiérrez con el narcotraficante Fernández; el aval de Collin Powell contiene en abril de 2004, la amenaza de juicio político por el financiamiento externo de la propaganda electoral de Gutiérrez. En cuatro meses de destrucción del estado de derecho, la OEA no responde a las demandas de la oposición; después de la caída de Gutiérrez, actuará diligentemente y en menos de cuarenta y ocho horas dispondrá una misión encabezada por el embajador norteamericano.

El sistema aún buscó salidas en su propio espacio normado por los partidos políticos. Los alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca intentan una salida con marchas controladas sólo hasta el cambio de las Cortes. Empero la energía social comienza a rebasar los juegos institucionalistas y empieza a demandar "que se vayan todos, para refundar la República". La jaula, como símbolo del mandato aparece en medio de las marchas de Quito, convocadas por el Alcalde.

Un polo autónomo

El sistema deja de funcionar "autopoiéticamente" y se da paso a la energía social directa. En medio de la pugna entre los polos oligárquicos, surge una tercera fuerza, como en ocasiones anteriores. En 1997 la acción se inició desde los movimientos sociales; en el 2000, desde el movimiento indígena; ahora desde los sectores medios de Quito. La demanda de un cambio profundo atraviesa estas experiencias; aunque ahora se da bajo una forma diferente, como una autoconvocatoria que rechaza la representación política y busca una participación directa.

El detonante fue el regreso de Bucaram. El discurso antioligárquico, que permitió a Gutiérrez recuperar el respaldo de un tercio de la población, se desmoronó ante la nueva manipulación de la justicia por parte de la PichiCorte, para instaurar la impunidad. La rebelión de los "forajidos" es, en primer lugar, un movimiento de dignidad, más que una respuesta a medidas económicas, como en anteriores experiencias. Pero la respuesta social busca escapar a toda forma de control, al juego de espejos entre los dos polos oligárquicos: no se queda en el tema de la Corte, como pretende la convocatoria de los alcaldes y los partidos, sino que se proyecta a un cambio profundo.

No se trata de un hecho circunstancial. Más bien se reproduce una vieja contradicción del sistema político moderno: la presencia de una fuerza social que enarbola la potencia de la utopía de un cambio radical, de una revolución, frente a un poder constituido que busca preservar el orden, ya sea mediante la ratificación y legitimación del sistema, o mediante un proyecto de reformas controladas, la sustitución de la refundación por un reordenamiento y una nueva consolidación de la institucionalidad depurada de sus formas abyectas, pero confirmada en su resultado final.

Estos procesos se presentan en toda nuestra América: la insurrección de Argentina en diciembre del 2001, iniciada por los piqueteros en contra del desempleo y el "corralito", terminó en la exigencia de "que se vayan todos". La rebelión boliviana busca el rescate de los recursos naturales y un nuevo orden político.

No se trata de un producto inmediato, como pretenden los media oficiales, a posteriori: la legitimación de los "forajidos" de ocho días y la ilegitimación del largo proceso de lucha de los actores sociales. Allí se recoge un largo aprendizaje: una de las preocupaciones centrales era no repetir la historia de las dos revueltas anteriores, para que no quedar atrapados en el juego de los polos oligárquicos de poder.

Las formas espontáneas, la acción horizontal, sin líderes designados, generó la riqueza y la amplitud de la respuesta, permitió expandir la acción hacia los barrios e incluso los pueblos aledaños, neutralizando la estrategia represiva del régimen, y logró el objetivo del derrocamiento del Dictador. Empero esa forma de movimiento y revuelta también fue un límite para que se constituyan formas orgánicas más estables que puedan dar continuidad a la energía social desatada en el momento de la constitución de un nuevo gobierno y de enfrentamiento al plan del polo PSC-ID para el control de la institucionalidad.

El grito de los forajidos coloca en el centro la demanda "que se vayan todos", y los sectores más organizados empiezan a conectarla con la propuesta de "refundar la República". Se restablece una vieja disputa entre una democracia liberal, incapaz de solucionar los conflictos políticos y de recoger la representación de la diversidad ciudadana; y la exigencia de una democracia con participación y representación directa de los ciudadanos y actores sociales sin intermediaciones de los partidos. Veinticinco años de una democracia capturada por una partidocracia dominada por reducidos grupos de poder terminan en la ilegitimación del sistema político.

Esta energía social rebasa el juego sistémico de la representación, es irrepresentable, pues se mueve en el campo de la presentación. Adopta formas diversas; allí confluyen diversas versiones fragmentadas de una utopía de cambio: en Quito, el rasgo común fue la radicalidad del cuestionamiento al orden de representación política, no sólo en el Gobierno de Gutiérrez, sino también desde los otros gobiernos, desde los partidos y desde las estructuras gremiales. Se trató de una revuelta política y estética, de una defensa de la dignidad tanto de las personas como de la nación.

El discurso del Gobierno acudió a tres argumentos: la ausencia de paquetazo económico, el discurso del orden y el trabajo, y la prolongación del enfrentamiento al febres-corderismo. Pero se quedó en offside ante el cambio de la respuesta social: las luchas después de los horarios de trabajo, la exigencia de un nuevo orden democrático y el rechazo a los dos polos oligárquicos.

Ante el fracaso, el régimen acudió a formas represivas duras. El punto de quiebre estuvo en el fracaso de la declaratoria de emergencia en Quito, ante la desobediencia de las movilizaciones de los "forajidos". Allí también se juega el papel de la institución militar: la guerra es un límite para la acción desde abajo y desde arriba.

Gutiérrez trató de dar continuidad a la estrategia de las contramarchas, con la utilización de las organizaciones indígenas evangélicas y el traslado de gente desde la Costa y el Oriente. Esta actitud generó una fuerte reacción de los "quiteños" que vieron la amenaza de una invasión de la ciudad. Allí se manifestó una peligrosa fractura regionalista, que se ha prolongado después de la caída de Gutiérrez.

El poder insurreccional derribó las murallas del poder instituido; a pesar de los intentos de contención del Gobierno, el derrumbe se operó aceleradamente. A las 9:00 horas del 20 de abril corre el rumor de que el Alto Mando Militar ha quitado el apoyo a Gutiérrez; el Comandante General de la Policía anuncia su renuncia. A las 10:00 horas la embajadora norteamericana visita el Palacio en un último intento de contención, aunque tiene que aceptar la realidad y empieza a buscar el recambio.

A medio día empieza la etapa final. Tardíamente, en un acto desesperado por contener el descontento social, a las 14:00, el régimen anuncia la ruptura con Bucaram y la separación del subsecretario de Bienestar Social. En esos mismos momentos, el Alto Mando Militar anuncia el retiro del apoyo a Gutiérrez, y una mayoría parlamentaria, otra vez con una interpretación forzada de la Constitución, posesiona a Palacio en CIESPAL. Gutiérrez huye en un helicóptero. Nuevamente la "sucesión constitucional" aparece como la salida.

Pero allí se abre un lapso de un cruce caótico de dinámicas: el Congreso, cercado por los "forajidos" y agredido por el vandalismo de "infiltrados", se disuelve. El nuevo Presidente es abandonado por el mando militar y policial desde las 14:00 a las 17:00 horas. La única interpretación posible es que la cúpula militar, en relación con algunos sectores políticos tradicionales y transnacionales, vaciló entre el apoyo al nuevo gobierno o el intento de un golpe militar. Todavía Gutiérrez intenta el apoyo de algunos sectores militares. Al final, Palacio es "rescatado" mediante un operativo encabezado por el Coronel (r) Jorge Brito, y trasladado al Ministerio de Defensa: nuevamente, como en el 2000, el recinto militar es el garante del posecionamiento del sucesor. La rebelión de los forajidos había obtenido su primer resultado, la salida del Dictador.

Empero en la propia ciudad de Quito, la respuesta no se extendió a todos los sectores ciudadanos. De acuerdo a una encuesta, publicitada al día siguiente de la caída del régimen, el 34% de la población de la capital no habría estado de acuerdo con las movilizaciones y la caída de Gutiérrez. Esta proporción se presenta también a nivel nacional. La participación de los sectores populares de Quito en las movilizaciones fue reducida. La propaganda oficial sobre la ausencia de paquetazos y la lucha contra la oligarquía febrescorderista ha tenido un significativo impacto sobre todo en estos sectores.

En el resto del país, encontramos una respuesta diferenciada. Las acciones se realizan con más lentitud y se acude a las formas orgánicas sociales existentes. Después del 20 de abril empieza a funcionar la iniciativa de la constitución de asamblea soberanas.

Estos límites dificultarán la respuesta al contragolpe del sistema: los hilos secretos del poder empezarán a restablecer la urdimbre del orden constituido.

El retorno del sistema

La sociedad funciona a la vez como sistema y como mundo de la acción de las fuerzas sociales. El tiempo de funcionamiento "autopoiético" del sistema es el tiempo de la hegemonía o del control autoritario desde el orden constituido. Después de la presentación de fuerzas volcánicas irrepresentables, el poder busca retomar el control.

En las dos experiencias anteriores, en las caídas de Bucaram y Mahuad, el juego del poder fue eficaz: la movilización social desembocó en la rearticulación del poder oligárquico y en una nueva alianza con el poder imperial. Con Alarcón se instauró una Asamblea Constitucional que neutralizó e institucionalizó el poder insurgente constituyente. Con Noboa, se institucionalizó la dolarización y continuó el salvataje bancario bajo nuevas formas.

La energía social ha mostrado capacidad de resistencia y poder desconstituyente del antiguo régimen; empero no ha podido transformarse en un poder constituyente, en una fuerza capaz de avanzar en la refundación de la República.

El retorno del orden, en esta oportunidad, se realizó por varias vías. En primer lugar, la acción del poder imperial, en un juego combinado de la misión de la OEA, la admonición de Condolezza Rice sobre la necesidad de elecciones adelantadas, y la visita de la embajadora Kristie Kenney al nuevo régimen, para garantizar la disciplina geopolítica. Las líneas demarcatorias para el gobierno de Palacio están nuevamente en los temas de la soberanía: Tratado de Libre Comercio, Base de Manta, Plan Colombia, deuda externa, privatizaciones.

Desde el Congreso, la mayoría parlamentaria, reconstituida en torno a la alianza PSC-ID-PK, actuó rápidamente para retomar el control de la institucionalidad que le había sido temporalmente arrebatada. En primer lugar, se aseguró la mayoría con una "autodepuración" dirigida en contra de sus adversarios. Luego procedió a la reorganización de los tribunales electoral y constitucional; y ahora busca el control de la nueva Corte.

Para ello, el sistema necesitaba frenar el ímpetu restante de los forajidos. Mientras en las dos ocasiones anteriores, la movilización terminó con la caída del régimen, esta vez la energía social se prolonga en torno al grito "que se vayan todos", dirigido contra el Congreso, y al esfuerzo de "refundar la República", dirigido a la convocatoria de una "Asamblea Constituyente sin partidos oligárquicos o seudopopulares".

Esta energía puede también buscar una salida por el cauce electoral. Un signo es el fuerte crecimiento de los encuestados "sin candidato" en la intención de voto presidencial después de la insurrección de abril: en Quito, el 6 de abril, el 30% señala que no tiene candidato; el 22 de abril, el porcentaje sube al 58%. En el país, los porcentajes correspondientes son 28% y 40%. Hay espacio para una propuesta alternativa.

Los media oficiales, reciamente cuestionados durante la rebelión, retomaron la palabra, para dos objetivos claves: calificar quiénes son los forajidos legítimos, a fin de excluir las posibilidades de una decantación organizativa que dé continuidad a la lucha; por lo cual desde los media vinculados a los grupos de poder, sobre todo en los grandes canales de televisión, ha arreciado el ataque contra las asambleas soberanas y contra representantes visibles, como Eduardo Delgado; y determinar la agenda y los límites de acción del nuevo régimen, por lo cual ha arreciado el ataque contra las posiciones de cambio encabezadas por el Ministro de Economía, Rafael Correa.

Al mismo tiempo, el cerco del poder al Gobierno de Palacio ha logrado un gabinete articulado a las fuerzas tradicionales, sobre todo en puntos decisivos, como el Ministerio de Comercio Exterior, encargado de la negociación del TLC, y una alta presencia de Alianza Democrática Nacional; aunque hay una presencia minoritaria de voces alternativas, como la de Rafael Correa en el Ministerio de Economía. Un signo claro del carácter del régimen es el retorno a la Vicepresidencia de una vieja figura nacida de las entrañas del conservadorismo y del Partido Socialcristiano, y ahora tiene el encargo de encabezar el diálogo con el pueblo. El nuevo Presidente ha empezado a retroceder respecto a los compromisos iniciales de cambio, en particular, respecto a la Base de Manta, el TLC y la Asamblea Constituyente.

Los escenarios futuros

La crisis política no está resuelta. La disyuntiva se ubica en torno a una salida autoritaria y de neutralización de la capacidad insurgente del pueblo; o la posibilidad de abrir el cauce hacia una democracia directa, sin representaciones mediadas, para empezar el camino de la refundación de la República.

Las fuerzas del orden buscan el control de la energía social a través de la relegitimación de las instituciones: cualquier reforma debe pasar por el Congreso. Una doble fórmula: o la relegitimación inmediata, la repetición del control de las dos experiencias anteriores; o la variante de algunas reformas parciales, para tranquilizar el ímpetu ciudadano. Otra vez los recursos del conservadurismo o de la reforma controlada ante la fuerza de la utopía de un cambio radical.

Lo que está en juego es sobre todo el carácter de la democracia: o se reproduce una democracia delegativa, con representación intermediada de los partidos; o empiezan a desarrollarse nuevas formas de participación directa que fundamenten un doble poder, que empiece por la vigilancia y la colegislación sobre los temas claves. El diálogo desde arriba, encorcetado en mesas designadas a dedo y controladas por una red de ONGs locales y transnacionales; o la posibilidad de desatar una campaña nacional que recorra el país para lograr un acuerdo sobre "el Ecuador que queremos".

El sistema ya no puede reproducir las formas que venían rigiendo de una economía neoliberal de mercado y de una democracia liberal que empiezan a encontrar resistencias crecientes; sino que puede apuntar, o a un acentuamiento de las políticas autoritaritarias, la coexistencia de una democracia formal y de un "fascismo social", o a la introducción del ideal ciudadano proclamado en estas dos décadas por el Banco Mundial, para producir una participación controlada desde la institucionalidad, a fin de bloquear los peligros subversivos que vienen desde la masa. Una red de ONGs busca presentarse como opción nueva desde esta vieja concepción.

Parte de las reglas del orden, es la renegociación con los restos del régimen anterior: en el funcionamiento sistémico, el juego de espejos, la presencia del otro polo oligárquico es necesaria, para evitar el fantasma de un tercer poder autónomo. El peligro está en el silencio y la impunidad sobre las responsabilidades del gobierno gutierrista en el manejo de la cosa pública; más allá de algunos esfuerzos por buscar la verdad.

El PRIAN busca mantenerse como opción electoral: puede contratar un nuevo rostro desde la pantalla; el objetivo inmediato es apropiarse y neutralizar la exigencia ética de la sociedad, a través de instrumentos como los "Montoneros" de Alvarito. La Sociedad Patriótica espera reconstituir su fuerza, y junto al PRIAN y al PRE, que es el más afectado por el desgaste y la nueva fuga de su líder, Abdalá Bucaram, busca contraatacar bajo una nueva versión de "que se vayan todos", esta vez dirigida contra el sucesor. La prolongación del discurso antifebrescorderista, la instrumentalización del regionalismo recrudecido en el desenlace de las jornadas de abril, la propaganda sobre la ausencia de "paquetazo" y la amenaza de discontinuidad de las "primeras piedras" de las obras clientelares ofrecidas por el régimen anterior, pueden encontrar eco en un importante sector de la población, para impulsar una política de asedio permanente al Gobierno de Palacio, a fin de contraponerlo a los "éxitos" del predecesor. El polo PSP-PRE-PRIAN empieza a reconstituirse rápidamente en torno a la figura de Álvaro Noboa. El MPD tiende a alinearse con este polo.

Sin embargo, hay una energía social desatada que puede crear condiciones para una perspectiva de reorganización del tejido político de la democracia. No se trata de un proceso que pueda resolverse en un tiempo corto, sino más bien de la posibilidad de construir una fuerza social y una fuerza de dirección con capacidad de conectar el poder utópico con el poder constituyente, de articular las luchas actuales a los retos posteriores del período, tanto en el campo de la movilización, como en la participación electoral.

Las cuestiones al orden del día

La crisis política viene desde atrás, desde mediados de los noventa, y no ha sido resuelta. Esta situación traza líneas demarcatorias a la altura de opciones programáticas. Tres cuestiones ordenan los alineamientos de las fuerzas en lucha: la representación y el sistema político; la soberanía y la dignidad nacional; el proyecto económico, sobre todo la reactivación productiva.

La primera cuestión está en la vía para salir de la crisis: las fuerzas del orden apuntan a la relegitimación de la institucionalidad, para producir algunas reformas constitucionales controladas, en la perspectiva de un desenlace electoral bajo las reglas actuales de la representación del sistema de partidos. Se pretende reproducir el mecanismo de la consulta para legitimar lo actuado, pero limitando el poder constituyente soberano del pueblo.

Las Asambleas la convocatoria a una Asamblea constituyente, con una consulta previa que modifique las reglas de representación, para garantizar que no se reproduzca el orden actual de control de la "partidocracia", ni el retorno de los mismos, sino una nueva representación-participación. Una Asamblea Constituyente soberana que tenga no sólo un poder legislativo, sino un poder constituyente del nuevo orden político.

La garantía de un cambio profundo está en la constitución de asambleas soberanas y un movimiento político amplio, que impulsen una campaña nacional sobre el "Ecuador que queremos", para construir un poder soberano que se transforme en una Asamblea Constituyente que modifique las reglas de la vida democrática del país. Precisamente por ello hay un fuerte ataque de los viejos políticos de la ID y el PSC y de los media oficiales contra todo intento de organización alternativa.

La segunda cuestión se muestra sobre todo en torno a tres temas claves: la negociación del Tratado de Libre Comercio, el tratamiento de la deuda externa, y las privatizaciones. Las fuerzas del orden buscan mantener el curso de las negociaciones del TLC, con un equipo que excluye nuevamente a los sectores sociales y entrega las principales representaciones a las Cámaras empresariales, con la oferta de someter luego el tema a consulta popular. Las Asambleas Soberanas demandan la transparentación de las negociaciones y compromisos del régimen anterior, la suspensión de las negociaciones, el cese del equipo negociador y la introducción del tema del TLC en la consulta.

El discurso del Ministro de economía apunta a un replanteamiento de la política sobre deuda externa, empezando por una reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, para reorientar los fondos del FEIREP hacia el pago de la deuda social y ambiental, especialmente en educación y salud, la reactivación productiva, la constitución de un fondo de estabilidad energética y la atención a ciencia y tecnología. Este puede ser un punto de encuentro con las demandas de las Asambleas Soberanas. Empero la fuerza de los banqueros y de los tenedores de papeles de la deuda, apuntará a detener este esfuerzo. Sin embargo, en este tema es necesario avanzar en una perspectiva más integral, para reducir el pago de la deuda externa al 15% del Presupuesto y bajar la valoración de los papeles de la deuda al 25%; así como impulsar políticas de moratoria y condonación selectivas.

Al mismo tiempo, la propuesta del Ministro de economía de utilizar el ahorro interno, sobre todo de la seguridad social, para invertir en la reactivación productiva del área petrolera, ha empezado a ser contrarrestada por un ataque de las oligarquías y sus media vinculados, en contra del estatismo, el sindicalismo dorado, y la proclama de que los fondos previsionales se destinen a la inversión privada.

El modelo neoliberal se condensa en el renovado afán del capital privado, local y transnacional, de apropiarse de los recursos estratégicos, del patrimonio nacional. El objetivo es, en primer lugar, el petróleo y la seguridad social, pero también se dirige a la biodiversidad, el agua, la salud, la educación.

El manejo de la política petrolera tiene un signo clave: la declaratoria de la caducidad del contrato de la Occidental, que representaría una recuperación de alrededor de 1.500 millones de dólares anuales para el Presupuesto nacional.

Un poder soberano

La diferencia fundamental con las dos experiencias anteriores está en que ahora la energía social no ha podido ser controlada inmediatamente después del cambio de gobierno. Más que una expectativa y una ilusión ante el nuevo régimen, se expresa una posición de vigilancia y exigencia. Surgen diversas experiencias de asambleas sobernas, parlamentos populares, cabildos, que pueden concretarse en un primer nivel de poder constituyente: el surgimiento de un poder de vigilancia y de colegislación que funcione con autonomía de los polos en conflicto y también con autonomía del gobierno.

La cuestión definitoria está en buscar cómo ligar la energía social, que por su naturaleza es irrepresentable, con nuevas formas de sedimentación y de funcionamiento orgánico, tanto a nivel amplio, como a nivel de redes de coordinación y dirección.

A un mes de la caída del Dictador, sigue pendiente la pregunta: ¿a la tercera va la vencida? Muchos signos apuntan a la repetición de la historia, a la tercera no va la vencida; pero hay algunas semillas para empezar a tomar la iniciativa en dirección del proyecto de cambio y de refundación de la República.

Uno de esos signos es la constitución de las Asambleas soberanas por la refundación de la República, como espacio de un poder paralelo; desde allí será necesario reconstruir una red orgánica de conducción y un movimiento político con identidad, con capacidad de organizar la fuerza renovadora de la rebelión y las diversas expresiones rupturistas que se han presentado.

El camino es la radicalización de la democracia, pasar a una democracia en donde la representación se fundamente en la participación activa de todos y todas, hacer realidad que la soberanía reside en el pueblo: "el pueblo habla, el pueblo manda".

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