Quito, 25 de diciembre de 2005
En cuatro años y cuatro meses, desde que Gustavo Noboa remitió su proyecto de reforma constitucional, el Congreso no ha querido dar paso a ningún cambio. La actual Constitución tiene siete años de vigencia y sin ninguna reforma.
Desde que la Asamblea del 1998 puso un 'candado' a la Constitución para que no pueda ser reformada hasta un año después de que se haya realizado el primer debate del proyecto, los gobiernos de turno han presentado diez proyectos sea de reforma o de consulta y ninguno ha sido viabilizado por el Congreso, que ha modificado hasta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para impedirlo.
El temor a perder el poder en las instituciones públicas, especialmente en los organismos de control como tribunales Supremo Electoral y Constitucional, la Contraloría y el Ministerio Público, ha hecho que los partidos políticos bloqueen los intentos de reforma propuesta por las organizaciones sociales o el Ejecutivo.
El Congreso sólo tramitó en primer debate la ruptura del candado, el 23 de noviembre del 2000.
La resistencia de los partidos, en los últimos tiempos, inicia el 21 de agosto de 2001, cuando el ex presidente de la República, Gustavo Noboa, remitió al Congreso un proyecto de Reforma Política que contempla la bicameralidad, la despolitización del TSE y del TC sustituyéndolo por una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, que se reduce a 15 magistrados, propuestas similares a las actuales; pero, con una agravante pedía "la disolución del Congreso por una sola vez".
Los diputados ni siquiera lo debatieron en el Pleno, el proyecto fue remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en ese tiempo compuesta por Germán Astudillo (DP), como presidente; Dalton Bacigalupo (ID), como vicepresidente; Gilberto Vaca (PSC), Oswaldo Molestina (ID), Xavier Neira (PSC), Kléver Ron (FRA) y Ronald Andrade (Ind.), que emitió un informe con una serie de trabas que en unos casos recomienda negar y en otros dice que no las consideran tan buenas. Allí 'duerme' hasta la fecha.
Si hubieran querido realmente hacer reformas, hace cuatro años y cuatro meses ya hubieran debatido el proyecto del ex presidente Noboa; sin embargo, no lo hicieron y, ahora, frente a la presión social y gubernamental, los mismos partidos que en ese tiempo no lo hicieron, pretenden romper el candado constitucional para recién hacer reformas similares a las propuestas en aquel momento.
Así las cosas, llega Lucio Gutiérrez a la Presidencia de la República y tras su 'estabilización económica', se enfrascó en su propuesta de consulta popular que remite al Congreso el 21 de enero del 2004, tres meses antes de ser destituido y con la oposición de los partidos mencionados arriba, menos el FRA y más PK.
Diez preguntas para incluirlas en una consulta popular que declare urgente el Congreso fue el primer intento de Gutiérrez. Básicamente proponía despolitizar y despartidizar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC); reducción del número de votos para designar Contralor y Defensor del Pueblo.
En ese momento, la oposición (PSC, ID, DP, PK e Ind.) dijo que la propuesta era inconstitucional e improcedente, sobre todo basándose a los colegios electorales para cada organismo (la Comisión de Asuntos Constitucionales, días antes, se apresuró a emitir un informe recopilatorio de los 86 proyectos de reforma constitucional que reposaban en el Congreso). Sin embargo, esos mismos partidos, excluyéndole a PK, después del 20 de abril, expresaron que querían romper el candado para hacer reformas en el mismo sentido a las propuestas por Gutiérrez.
Ante el ambiente desfavorable, el 8 de marzo envía otra con una pregunta única. Se hace referencia a que los magistrados de la CSJ sean designados por la mayoría de un Colegio Electoral compuesto, entre otros: por la UNE y los jubilados. Tampoco fue tramitada, la mayoría de diputados criticó la forma y contenido de la propuesta y, en los corrillos del Congreso, hasta llegaban a bromear con los textos; hasta que, el 20 de abril fue cesado en funciones.
Con la sucesión de Alfredo Palacio, entra Mauricio Gándara a Gobierno y el 21 de julio envían un proyecto con siete preguntas. A más de los temas arriba expuestos, incluyen: la distritalización, la revocatoria del mandato y las autonomías. Los diputados no hacen más que centrarse en la actitud de "confrontación" a Gándara y hablaron hasta de juicio político.
Mientras tanto, la Comisión de lo Constitucional gastó recursos y tiempo en siete foros sobre la reforma, realizados en las principales ciudades del país. Al final, se quedaron en el "informe preliminar" que era demasiado general y ambiguo. Algunos analistas lo calificaron como una "quema de tiempo" para no procesar ni la reforma ni la consulta del Ejecutivo, cosa que resultó ser cierta, porque después de todo hasta ahora priman los acuerdos entre los partidos.
Acuerdos que se concretaron con la entrada de Oswaldo Molestina afín a la Izquierda Democrática (ID), al Ministerio de Gobierno, quien el 27 de septiembre remite una consulta con 17 preguntas que con los "diálogos" en el Congreso quedaron en cuatro o cinco acordadas con el PSC, la ID y la DP.
"Una consulta a la medida de los políticos", que nunca tuvo el respaldo del jefe de Estado, lo cual se evidencio en la salida de Molestina.
Ante la impermeabilidad del Congreso, el 17 de octubre Palacio envía directamente al TSE el decreto ejecutivo 705, convocando a la Consulta Popular para la instalación de una Asamblea Constituyente. Los diputados expresaron que la Asamblea no está contemplada en la Constitución, que tendría que ser Constitucional porque los poderes están constituidos y que el Estatuto no respeta el derecho a las minorías, entre otras cosas.
Además, lo condenan por querer "saltarse" al Congreso para convocar a consulta, cuando en la Constitución dice que el primer mandatario sí puede convocar por si solo a una consulta popular. El Gobierno "rectifica" y el 1 de noviembre vuelve a enviar al Congreso la propuesta de consulta con dos preguntas y la opción a escoger entre Constituyente y Constitucional.
Los diputados siguen resistiéndose al cambio y encontrándole "peros" al estatuto y a otras cosas de forma; así, Palacio remite una carta a los diputados el 30 de noviembre que reza: "Es claro que el Congreso no quiere o no puede abordar la reforma política".
El 30 de noviembre Palacio envió, en un último intento, un decreto al TSE, en el cual convoca a una consulta popular y, los diputados en vez de irse de vacaciones, suspendieron el receso y le dieron "la estocada de fin de año" a la propuesta del Ejecutivo.
Apresurados, se reunieron el lunes 5 de diciembre e impidieron que el TSE dé paso a la propuesta del Ejecutivo, cambiando al vocal de Nuevo País, Guillermo González, por uno de la Democracia Popular (DP); a pretexto de la "jugada política", producida por la renuncia del presidente del tribunal, Gilberto Vaca (PSC).
Las causas de la desinstitucionalización del Estado están en los políticos y la propia ciudadanía que no encuentra caminos para canalizar las reformas que demanda el caduco Estado.
El analista político, Simón Pachano, anota que uno de los desastrosos efectos de los tres golpes de Estado ha sido la desinstitucionalización del país; aunque, agrega que, hasta cierto punto, los partidos tradicionales sí han mantenido el control de las principales instituciones del Estado.
Si bien las salidas de Abdalá Bucaram (PRE), Jamil Mahuad (DP) y Lucio Gutiérrez (PSP) tuvieron como detonantes los actos de corrupción que cometieron y el estallido social del pueblo, los partidos que mantienen el poder siempre han dado su " golpe de gracia " mediante simples resoluciones, declarándole "incapaz mental" al primero y en "abandono del cargo" a los dos segundos.
El analista Luis Eladio Proaño manifiesta que la ansiedad por captar el poder ha hecho que todo lo que sale del Congreso sea manejado por los grupos políticos de una manera inconstitucional. De lo contrario, no se entiende cómo partidos tan antagónicos en su principio pueden llegar a unirse en un momento determinado.
Una de las razones -aunque no la principal- que precipitó la caída de esos tres presidentes es que, en un momento determinado, perdieron el apoyo de sus aliados. En efecto, los últimos diez años, partidos como el Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID) han coadyuvado a la permanencia o derrocamiento de los gobiernos.
En este contexto, Pachano expresa que los únicos responsables de lo que ocurre no son los partidos políticos; sino la sociedad en su conjunto, porque al instaurar al "golpe de Estado" como una herramienta de solución de conflictos han permitido que las prácticas inconstitucionales se instauren y se permitan.
A las 22h00, del 6 de febrero de 1997, el presidente Abdalá Bucaram del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) fue cesado en sus funciones por "incapacidad mental". Una resolución que contó con el voto favorable de 44 "psiquiatras", liderados por el Partido Social Cristiano (PSC).
Claro, no pueden quedar de lado los cerca de 2,2 millones de ecuatorianos que se manifestaron en contra de Bucaram días antes de su caída, indignados por los actos de corrupción y su peculiar forma de hacer política.
Entonces, pasando por alto la sucesión constitucional de la vicepresidenta Rosalía Arteaga, la noche del 7 de febrero posesionan al entonces presidente del Congreso, Fabián Alarcón, como presidente de la República y, éste por disposición del Parlamento convoca a consulta popular.
El plebiscito desemboca en la Asamblea Constituyente de 1997 que devuelve el poder a la alianza congresil PSC y DP -partidos que lo sostienen durante la transición-, cuya máxima expresión se concretó en la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), 16 de los 31 magistrados tenían vínculos socialcristianos.
El 21 de enero del 2000, cientos de indígenas y un grupo de militares dan otro golpe de Estado y el 22 de enero el Congreso deja sin efecto el relevo presidencial dado en el Ministerio de Defensa y "formaliza" la sucesión democrática, posesionando al entonces vicepresidente Gustavo Noboa como el nuevo Jefe de Estado, porque con la venia de 87 de los 96 diputados presentes quedó excento de "conspiración".
Noboa con el respaldo del PSC y la DP, empresarios y Fuerzas Armadas se embarcó en la viabilización de la "Trole I", que violaban el artículo 148 de la Constitución; según el cual, las leyes deben referirse a una sola materia. Dicha ley propendía a garantizar el proceso dolarizador.
A pesar de la oposición que tuvo después de los socialcristianos, Gustavo Noboa terminó su mandato; pero, el 23 de agosto del 2003 tuvo que salir del país denunciando "persecución política" de León Febres Cordero, quien lo acusó de supuestas irregularidades en la negociación de bonos de la deuda externa, hecho por el cual mantiene prisión domiciliaria.
El 20 de abril del 2004, después de haber reorganizado la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de los tribunales Supremo Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional (TC) y haber provocado con ello el regreso de Abdalá Bucaram, con una mayoría compuesta por el PRIAN, el PRE, el MPD, el PSP y varios independientes, el Congreso nuevamente de manera inconstitucional declaró cesante a Lucio Gutiérrez como presidente de la República.
La decisión no contó con las tres cuartas partes de los diputados.
Una mayoría liderada por el PSC y la ID posesionó a Alfredo Palacio, de quien no han podido conseguir mucho en el ámbito político.
Este cambio permitió recuperar el poder de las principales instituciones que se evidencia en el permanente manoseo del Tribunal Supremo Electoral.
También está la integración del Directorio del Banco Central; la cuestionada designación del Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay; la falta de designación de contralor y ministra fiscal que han permitido que las cosas vuelvan a encarrilarse a favor ahora de los partidos tradicionales que operan en el país desde el regreso a la democracia, hace 25 años.
Rafael Quintero, de su libro Electores contra partidos, en un sistema político de mandos.
El fenómeno en Ecuador, expresado en distintos momentos mediantes abiertas manifestaciones de oposición a los gobiernos con la ruptura del régimen constitucional, el derrocamiento inconstitucional de Abdalá Bucaram en 1996 y de Jamil Mahuad en 2000, se ha alimentado también de la predisposición de los gobernantes de romper, a su discreción, las normas constitucionales del mando legal, tal como se expresó en innumerables ocasiones durante el régimen de León Febres Cordero, los abusos de Abdalá Bucaram y su "gobierno de la regalada gana" y los de Fabián Alarcón que lo llevaron a ser procesado penalmente.
[fuente]
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=10099
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