Quito, 22 de enero de 2006
Redacción Ambato
Llegar al líder máximo de las Juntas del Campesinado de cinco provincias no es fácil. A los recovecos y estrechos caminos de tierra, que se internan por colinas sembradas, se añade otro inconveniente aún más importante.
Los campesinos del lugar, la comuna Shaushi del cantón Quero, son los ojos y oídos de Raúl Macario Vayas. Todo vehículo extraño es seguido por docenas de miradas. Son campesinos que empuñan el azadón y la pala.
Vayas tiene sobradas razones para tomar esas precauciones. Sobre él pesa una orden de prisión por arrogación de funciones, la cual -de ejecutarse- desencadenaría una protesta campesina con impredecibles consecuencias.
Por ello, la Policía no puede entrar a Shaushi, porque sabe de la existencia de los 'vigías'.
También sabe que sólo basta una llamada por radio para que Vayas convoque a cientos, quizá miles, de campesinos, dispuestos a auxiliarlo y, si es necesario, hasta a dar su vida por él.
Sobre este tema, no les gusta hablar a todas las autoridades provinciales. Mario Hidalgo, presidente de la Corte de Justicia, sólo se limita a enfatizar que las Juntas están fuera de la Ley. El coronel Jorge Erazo, comandante provincial de Policía, comenta brevemente sobre el asunto. "La Policía tiene la obligación de efectivizar la detención de Vayas. Pero no sabemos dónde se encuentra, y por ello no se ejecuta".
Al parecer, los policías del destacamento de Quero no le informan a su Comandante que Raúl Macario Vayas pasea tranquilamente por las calles del centro cantonal. Utiliza las instalaciones municipales para sus reuniones y, en la calle, saluda de mano con todos. Eso sí, se cuida de no llegar a Ambato.
La casa de 'don Raúl', como lo llaman localmente, está lejos de ser lujosa. Es adusta y con recuerdos melancólicos de la guerrilla cubana y sus caudillos, colgando de las paredes de la sala. Fotos del Che Guevara, en solitario o acompañado por Fidel, adornan las paredes blancas.
A Vayas le agrada escuchar las canciones revolucionarias de los 70, mientras descansa junto a la central de radio Nipón América DF 1764. Ésta le permite estar enterado de todo. Nadie entra o sale sin su permiso. El hombre de 40 años es amigo inseparable de las gorras y sombreros, y ya empezó su propia colección. "Esta boina me la enviaron de Cuba. Del lado negro tiene una estrella y del habano el rostro del Che".
Vayas dice no temerle a las amenazas telefónicas, ni a la prisión. Está consciente del poder que detenta y de su responsabilidad.
Según el censo interno de las Juntas del Campesinado, el número de sus miembros superó el millón de campesinos e indígenas.
De ser cierta esta cifra, las Juntas se habrían convertido en el segundo grupo más organizado del Ecuador, después de los indígenas.
En cada recinto, parroquia o cantón de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Los Ríos hay una Junta. Y en cada Junta se selecciona a un 'grupo élite', el cual se encarga de los 'operativos'.
Vayas sonríe al explicar en qué consisten esos operativos. Pero recobra su seriedad y aplomo al entrar en detalles. "Nuestra labor es desconocida y, por lo mismo, difamada. Queremos rescatar los valores éticos y morales y la dignidad del ser humano. La gente acude a nosotros cansada de gastar en abogados y no obtener nada de la justicia ordinaria".
Explica que para las Juntas, la palabra de un hombre es más sagrada que un documento firmado o una letra de cambio. Si alguien no cumple, el 'grupo élite' actúa.
Y aunque no le guste el término a Vayas, el grupo plagia al renegado y lo obliga a honrar su deuda. "Si es alguien de nuestras comunas y miembro de las Juntas, incluso, pudiera ser expulsado. Algunas familias ya se fueron. Es mejor apartar la manzana podrida a que contamine al resto".
Cada semana, por lo menos siete casos llegan a las manos de Vayas. Él no los busca: la gente llega de diversas provincias. Vayas ha resuelto litigios de tierras, robos, violaciones, violencia doméstica, accidentes de tránsito, asesinatos y otros.
Los comuneros aceptan su mediación y su voz es ley para ellos. El pasado miércoles, por ejemplo, Carlos Ortiz acudió a Vayas por un problema de tierras. "Gasté por el abogado y el juicio 2 000 dólares y no conseguí nada. Busqué a las Juntas y el caso se aceleró.
"Ahora tengo esperanza de recuperar mi propiedad, ya no estoy solo", dice el morador de Totoras, población cercana a Ambato.
Vayas y su gente tienen un propósito: establecer una red de centros de mediación y arbitraje en los próximos cinco años. Para ello, convocaron desde noviembre del 2005 a abogados 'capaces y honestos' de todas las provincias afiliadas a la Confederación de Juntas del Campesinado.
Estos Centros de Mediación -que se financiarán con fondos de ONG- se manejarán según los nuevos estatutos de las Juntas. Raúl Macario Vayas no descarta el uso de otros procedimientos, poco ortodoxos, para resolver conflictos: privación de libertad y castigos físicos para quienes no viven en la comunidad.
Vayas asegura que no es amigo de las armas y que las Juntas no son un grupo armado o paramilitar. Los miembros, entre otras obligaciones, deben participar en mingas y en las rondas nocturnas.
En la comuna Shaushi, por ejemplo, de 300 jefes de familia, entre 30 y 40 participan cada noche, por turnos, en las rondas de 22:00 a 04:00. Esa misma ronda se repite en la cinco provincias y el cuatrerismo prácticamente desapareció de vastas zonas agrícolas y ganaderas.
La conversación se interrumpe abruptamente. En la radio buscan insistentemente al H1 (Vayas). Un miembro del grupo élite reclama a su líder y le recuerda de un operativo pendiente en Bolívar.
Vayas sale y comenta a modo de despedida: "mientras la justicia siga corrupta, allí estaremos nosotros para enderezarla".
El 22 de mayo del 2001, en el sector El Rayo, parroquia Guanujo (Bolívar), fue asesinado José Calero, por un conflicto de tierras con su vecino Gabriel Rochina. "40 hombres rodearon la propiedad y le dispararon", dijo José, hijo de la víctima. Los hombres usaban trajes verdes, chalecos y pasamontañas. Luego se desencadenó una venganza familiar que causó otras seis muertes.
En Bolívar, según testigos, las rondas campesinas con azadones empezaron en 1990, cuando los robos y violaciones eran comunes. Luego los hacendados les financiaron armas y se les dio entrenamiento militar. En esta provincia y Los Ríos se los llama ya 'paramilitares'.
Un asesinato múltiple ocurrió el sábado 20 del abril del 2002, en el cantón San Miguel de Bolívar. De madrugada, en la comuna Guapuloma, 12 sujetos uniformados y con pasamontañas entraron a la casa de la familia Coloma Verdezoto. Los vecinos dijeron que la familia Coloma robaba ganado.
En los últimos 14 meses, en Tungurahua, ocurrieron 10 plagios, según la Policía Judicial. En estos hechos habrían participado las Juntas de campesinos de Quero, Quisapincha, Chibuleo y otras.
Las Juntas tampoco concuerdan con que los fiscales investiguen y no la Policía...
La Policía es nuestro equipo de apoyo. Y nosotros podemos delegar, de acuerdo a la Ley, muchas de nuestras labores.
¿El Ministerio Público capacita a los indígenas?
Somos 30 personas en el Ministerio Público. Tenemos 11 fiscales penales, de tránsito, de adolescentes y un Fiscal en el cantón Baños. Trabajamos en Quisapincha, Pilahuín y Salasaca. Allá dictamos conferencias sobre la Constitución, Código de Procedimiento Penal y otros temas.
¿Cree que hay una justicia paralela en aplicación?
El artículo 191 de la Constitución es muy claro y se refiere a los indígenas, no a las Juntas del Campesinado. Se trata del derecho consuetudinario para casos pequeños e internos, dentro de las comunas. Pero los delitos se denuncian en la Fiscalía.
¿Acaso las Juntas están en la mitad, entre la justicia ordinaria y el derecho consuetudinario?
Las Juntas se crearon sólo para hacer frente al cuatrerismo. Eso es lo único legal en ellas.
[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id=22018&seccion=4
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