Quito, 21 de febrero de 2006
Este lunes 20 de febrero se cumplió una audiencia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, como parte de la demanda de Amparo Constitucional para exigir al Presidente Alfredo Palacio que se realice una Consulta Popular sobre el TLC entre Ecuador y Estados Unidos de Norteamérica. La demanda, que fuera interpuesta por representantes de Ecuarunari, el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y la Red de Mujeres Transformando la Economía –REMTE-, integrantes de la Campaña Nacional No ALCA-TLC, se fundamenta en el derecho de petición, el derecho político de ser consultados sobre asuntos trascendentales para el país, y en la prevención de las afectaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, a los derechos colectivos y ambientales, que se producirán en caso de que este se suscriba y aplique.
En la audiencia, el abogado que representa a las/os demandantes, Raúl Moscoso, explicó que el Amparo busca impedir una ilegalidad, pues no realizar la consulta como paso previo a la suscripción del Tratado contraviene disposiciones constitucionales expresas al respecto.
De su lado, el dirigente de Ecuarunari Humberto Cholango enfatizó en el derecho constitucional que ampara a los pueblos y nacionalidades indígenas para ser consultados en lo que afecte a los derechos colectivos, lo que justamente ocurrirá en caso de suscribirse el TLC. Llamó la atención sobre las implicaciones para la soberanía nacional y para la búsqueda de una autentica integración.
La representante de la REMTE, Magdalena León, planteó la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad para impedir la imposición de un instrumento que compromete el presente y el futuro del país. Señaló que la información oficial es parcial y sesgada, pues presenta al Tratado como referido al intercambio de bienes, especialmente a un presunto incremento de exportaciones, sin considerar el conjunto de aspectos contemplados en las 19 mesas de negociaciones, que suponen redefiniciones sustanciales en la economía, en la institucionalidad pública y en el marco jurídico del país. Esta visión contrasta con la de los Estados Unidos, cuyos voceros han expresado con claridad sus propósitos -muy distintos de comprar más productos ecuatorianos-: ampliar mercados para sus productos, sobreproteger sus inversiones, lograr control de recursos estratégicos en el territorio, fortalecer su poder e influencia geopolítica. En base a análisis realizados por el PNUD, la CEPAL y el Banco Central del Ecuador, expuso los impactos negativos sobre la producción, especialmente agropecuaria, el empleo, la calidad de vida, y sobre la política económica.
Cecilia Chérrez, del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, sostuvo que a través de esta legislación internacional el gobierno de los Estados Unidos busca el control directo de los recursos estratégicos, la patentación de plantas, animales y microorganismos, la introducción de transgénicos, al igual que el control del abastecimiento alimentario en el continente con su producción subsidiada. Señaló las implicaciones ambientales de las presiones a un incremento de explotación y exportación de productos primarios: petróleo y otros minerales, madera, camarones. Junto con ello, ejemplificó sobre los riesgos ambientales de la importación de vehículos y equipos usados, y de permitir la presencia de empresas que se dedican a reubicar desechos, basura, y residuos tóxicos.
Los abogados que representan al gobierno defendieron el derecho presidencial de negociar y suscribir acuerdos internacionales, y plantearon que el Congreso Nacional, como representante del pueblo, deberá aprobar o improbar el Tratado en su momento.
La exigencia de Consulta Popular ha sido previamente planteada por distintos canales, de manera destacada a través de miles de firmas que fueron encaminadas a la Vicepresidencia de la República.
Su realización fue también un compromiso inicial del actual presidente al asumir el mando como fruto de la Rebelión Forajida de abril de 2005 -con la que se destituyó a L. Gutiérrez-, pero tal responsabilidad se ha ido desdibujando en el transcurso de estos meses, no obstante la insistencia de las organizaciones sociales y sus constantes expresiones de rechazo a la suscripción del TLC.
El Tribunal deberá pronunciarse en los próximos días.
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