Quito, 11 de mayo de 2006
Nada está claro aún sobre el supuesto nuevo enfrentamiento en el corazón del Parque Nacional Yasuní y que pone en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas no contactados tagaeri-taromenane.
Desde el jueves 27 de abril, en que se habría producido el choque entre indígenas y grupos de madereros, hasta ayer, en la provincia amazónica de Orellana no había resultados de la investigación que está a cargo de los militares. Aparentemente, el sitio de la matanza se ubica a 92 kilómetros al sur de la ciudad de Coca; es un área muy inhóspita.
Lo único visible, y que fue constatado el pasado fin de semana por los ministros del Ambiente, Ana Albán; y Defensa, Oswaldo Jarrín, son los sitios por donde sale la madera talada ilegalmente: los ríos Tiwino, Shiripuno y Cononaco, que conforman la zona Tagaeri-Taromenane.
La actividad de la tala ilegal y el tráfico de madera, en este caso el codiciado cedro, es bien conocida tanto por las autoridades locales como por los directivos del Parque Yasuní. Sin embargo, son casi nulos los controles y las sanciones para evitar la explotación.
Tal es la falta de vigilancia que los grupos de madereros se apoderan cada vez de más territorio intangible y obligan a los pueblos que viven en aislamiento voluntario a huir de sus viviendas.
Es más, ni siquiera el enfrentamiento producido el 13 de abril y que causó la muerte de un trabajador maderero y otro herido, ha provocado una investigación a fondo por parte de la Fiscalía de la provincia de Orellana.
La preocupación por la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas ya trascendió las fronteras de Ecuador. El hecho es que mientras el Ministerio del Ambiente no delimite de una vez por todas la zona intangible y se ejerzan severos controles a la explotación maderera y petrolera, el país seguirá siendo testigo del exterminio paulatino de estos pueblos.
[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticia.asp?seccion=8&id=40453
:: http://www.llacta.org ::
