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En Ecuador los ricos no solo viven de petroleo... sino de telecomunicaciones

Altercom

Quito, 15 de junio de 2006

La injusticia en la telefónica ecuatoriana. 4 denunciantes fueron despedidos por poner el dedo en la llaga. Segunda Parte.

Los cuatro trabajadores despedidos hacen parte del Comité de Empresa de los Trabajadores de ANDINATEL y cometieron un 'delito' enorme: defender los intereses de la Empresa Estatal en la que han servido más de veinte años y por supuesto, preservar los intereses del pueblo ecuatoriano, único dueño de la telefónica.

Lo que sucede es que en Ecuador se ejerce libre y masivamente la autocensura, cuando de denunciar los delitos que se cometen en instituciones públicas y privadas, se trata. Eso garantiza que los burócratas se jubilen, los trabajadores conserven los empleos, los diputados vuelvan a las curules y los pillos obtengan visa en Miami.

El silencio convive con la asquerosa corrupción que mata al Ecuador.

La 'penalidad', por denunciar, para Cabrera, Garrido, Gualpa y Erazo, no sólo llegó al despido de sus puestos de trabajo, se irradió a su familia con comprobadas amenazas de muerte. La mafia no les perdona.

Los 4 alzaron sus batalla quijotesca a finales del año pasado cuando Guillermo Molina, ostentaba el cargo de Presidente del Directorio de ANDINATEL y continúan ahora ante la cuestionada administración de Juan Esteban Arellano. El primero con cuentas pendientes ante la justicia, y el segundo arriesgando millones de dólares del país gracias a su ineficiencia o viveza, ante la mirada impasible, que puede tornarse en cómplice, del Presidente Palacio.

Tráfico de influencias a favor de compañía norteamericana

Para sustentar su denuncia los trabajadores exhibieron un oficio del 26 de enero del 2006, suscrito por Molina y dirigido a Luis Fernando Hidalgo, presidente del Director de TELECSA S.A en el que textualmente dice: Dando cumplimiento a un pedido formulado por un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, el día 23 de enero del presente año, atendí la visita de los señores: Robert Jarrín, Director Government Affaire; Scout Macías, Sr. Manager, y, Carlos Rivera, Vice President Business Development de la Empresa QUALCOMM, quienes me entregaron la documentación cuya copia acompaño, que se refiere a un posible cambio de tecnología que estaría pensando realizar TELECSA S.A., hacia WCDMA y GSM.

Para continuar más adelante No escapará del ilustrado criterio de los señores Miembros del Directorio que usted preside, que las acciones que se tomen tendrán importante repercusión en ANDINATEL S.A. por su calidad de principal accionista.

El dedo no funciona para marcar exclusivamente el teléfono...

La denuncia se convirtió en alerta y Molina no pudo culminar su interés de beneficiar a la compañía estadounidense. Sin embargo, en estos días, bajo el mando de Juan Esteban Arellano, ya se adjudicó a una compañía italiana el cambio de tecnología, sin que medie ningún concurso o licitación pública para un contrato de semejante envergadura.

Los directivos de ANDINATEL actuales deberán rendir cuentas al Ecuador y exhibir todo el proceso de selección de la compañía adjudicataria:

Sería de desear que éstos y otros cuestionamientos sean investigados por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.

El cruce de cables de call back y by pass

Perjudicar a la Nación a través del tráfico telefónico internacional, vendiendo el servicio de llamadas internacionales mediante los sistemas ilegales conocidos como call back y by pass. Es vox populi que es uno de los negociados más lucrativos que hay en el país.

Se debería creer que este sistema es perseguido por las autoridades de las empresas perjudicadas, y que sus responsables, cómplices y encubridores, cuando son detectados, van a la cárcel. Pero no es así.

Cuando Fabián Alarcón era presidente interino, y Molina lo representaba como Presidente del Fondo de Solidaridad, o sea entre abril del 97 y septiembre del 98, el Ecuador fue perjudicado en $380.000.000.000 de sucres (nuestra moneda de esa época). Es decir $32.000.000.000 de sucres al mes, ó $1.000.000.000 diarios, al decir del subrogante Ministro Fiscal General del Estado Guillermo Mosquera, que instauró un juicio penal por peculado y estafa contra los máximos directivos del Sector de las Telecomunicaciones, recogiendo una denuncia presentada por el entonces diputado Napoleón Gómez Real, miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Este juicio fue acogido por el Juez Primero de lo Penal de Pichincha, Dr. Jorge W. Germán Ramírez, el 8 de febrero de 1999. Se dictó el auto cabeza de proceso para establecer las responsabilidades penales de los sindicados: Nelson Peñafiel (Superintendente de Comunicaciones), Nicolás Marcovicci Longaver (EMETEL), Guillermo Molina, (Fondo de Solidaridad), José Córdova Calderón, José María Borja y Vladimiro Villalba.

Adivina adivinador...

Todos estos antecedentes están en el Ministerio Fiscal General y Juzgado Primero de lo Penal de Pichincha. Sin embargo, a la fecha el juicio está escondido. No reposa ni en la Corte Superior ni en la Corte Suprema.

¿Quién tiene la varita mágica para desaparecer semejante atraco a los fondos del país? Adivina adivinador...

Cobrando mas de la cuenta

El 26 de diciembre de 1997, Molina logró que el Directorio del Fondo de Solidaridad apruebe la cantidad de 174.101,684 sucres como 'bono gerencial' a su favor, acogiéndose al 'Régimen de Empleo y Remuneraciones del Fondo de Solidaridad', que contempla que aquellos servidores del FS que han cumplido por lo menos un año de servicio en el sector público, percibirían un subsidio mensual por concepto de antigüedad equivalente al 5% del sueldo básico, multiplicado por el número de años de servicios. Pero el señor no había trabajado nunca en el sector público. Entonces consiguió que el directorio diga que se reconoce en lugar de este concepto el equivalente al 50% de la sumatoria que corresponde al sueldo básico, gastos de representación, residencia y responsabilidad. Pero además, el rubro no constaba en el Presupuesto del Fondo de Solidaridad.

La Superintendencia de Bancos cuestionó la entrega y le exigió que devuelva la cantidad recibida. Molina cuestionó la competencia de la Superintendencia y vino un cruce de escritos, informes, comunicados, oficios, respuestas. Es decir todo el trámite que da una querella y hasta se presentó un 'Recurso de Amparo' que fue declarado desierto el 17 de agosto del 98. Por fin el Procurador General del Estado, Dr. Ramón Jiménez, dio su pronunciamiento definitivo el 6 de noviembre del 1998: Molina debía devolver el dinero. Pero, ...no devolvió el dinero.

Las denuncias sobre estas irregularidades, al parecer, obligaron al Directorio del Fondo de Solidaridad del Estado Ecuatoriano, dueño del 100% de las acciones de ANDINATEL, para que el 23 de marzo del 2006 lo destituya. Era el cuarto Presidente del FS en menos de un año del gobierno de Palacio. Y se fue calladito. Ni él hizo declaraciones a la prensa, ni los directivos del Fondo de Solidaridad dieron ninguna explicación sobre los motivos de la remoción. ¿Era mejor no mover las aguas?. Así se cubren las espaldas. Pero los denunciantes siguen afuera de ANDINATEL.

Otros tienen mejor suerte...

O el Presidente Palacio no da pié con bola en ANDINATEL, o los intereses de los grupos de poder que destrozaron a PACIFICTEL son más poderosos que él mismo. Esa es la duda que cualquier incauto tiene cuando conoce el último desacierto del actual Presidente de la Empresa Telefónica, Juan Esteban Serrano.

Los mismos trabajadores despedidos denunciaban, mediante un boletín publicado en el Diario HOY del 17 de abril del 2006, que En el juicio iniciado por OTECEL S.A. por 33 millones aproximadamente por un supuesto incumplimiento en el pago de las tazas de interconexión en el periodo del 30 de abril del 2004 al 14 de junio del 2005, el Tribunal señaló para el día jueves 6 de abril de 2006 para que se realice la Audiencia de Estrados, añadiendo que en esta diligencia, las partes, es decir OTECEL y ANDINATEL, debían argumentar como actor y demandado, ante sus jueces.

Sin embargo de lo trascendental de esta diligencia ni el presidente ejecutivo de Andinatel S.A., Juan Esteban Arellano, ni el vicepresidente jurídico de la Compañía ni los abogados de Andinatel comparecieron a defender los legítimos intereses del Estado frente a las desaforadas pretensiones de OTECEL S.A., en un acto de clara incapacidad e irresponsabilidad de las funciones a él encomendadas.

El resultado de la sospechosa acción del Presidente Ejecutivo tiene ya su desenlace. El Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Quito acogió la demanda en contra de Andinatel. El fallo favorece a OTECEL. ¡Qué maravilla...señor Arellano...! ¡Total... no es su plata!

Son, aproximadamente, $28.000.000 millones de dólares del pueblo ecuatoriano los que se deberán destinar para pagar este mal manejo jurídico, esta 'negligencia', por decir lo menos.

Las consecuencias de esta mala gestión la pagarán los niños más pobres del país, las madres parturientas, o cualquier otro programa que se alimenta de los dineros del Fondo de Solidaridad. Indigna que se juegue así con los dineros públicos.

¿Hasta cuándo se deja en manos de irresponsables e inescrupulosos, por decir lo menos, que el dinero de los ecuatorianos, de todos nosotros, se lo administre de semejante manera? ¿Qué hay detrás de este horror jurídico?

Arellano sigue en ANDINATEL y los denunciantes, fuera de la Empresa.

Arellano tiene que dar una explicación al país y el señor Presidente de la República, también. Es su responsabilidad mantener a este tipo de personajes al mando de las importantes empresas estatales, del bien público.

¿A quién, o, a qué intereses sirve Arellano?

¿Porqué no permitió u ordenó que se defiendan los intereses de ANDINATEL?

¿A más de OTECEL, quién salió beneficiado con la ausencia en la Audiencia de Estrados?

El Estado ecuatoriano ha colapsado, dicen los entendidos. El colapso se asienta sobre el silencio. La ignominia no durará mucho. O se enmienda ahora o...

[fuente]
http://www.altercom.org/article139824.html

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