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Ley de autonomías o apagar el fuego con gasolina

Augusto Barrera

Revista Vanguardia, #40

Quito, 27 de junio de 2006

Uno de los signos inequívocos de la crisis del Estado es el cada vez más profundo desarreglo entre la gestión del Gobierno central y los gobiernos locales. La ola de paros locales ha arrinconado a un débil Ejecutivo que ha cedido una y otra vez aferrado al salvavidas del precio del barril de petróleo.

Pero el problema no tiene solamente una dimensión presupuestaria. Tiene que ver con el modelo de desarrollo del país y con el diseño de un Estado que sea capaz de cumplir esos objetivos. La clave está en identificar los objetivos superiores de desarrollo y la equidad y rediseñar un estado en correspondencia. Pero lo más fácil hasta ahora ha sido vivir del desencuentro: lo local se erige deslegitimando lo nacional y las instancias nacionales bloquean las posibilidades de desarrollo de cada localidad.

Varias autoridades locales lideradas por los alcaldes de Guayaquil y Quito han propuesto un proyecto de Ley que establezca las condiciones para la formación de gobiernos autónomos. Hay que decir categóricamente que el proyecto no resolverá y al contrario agravará varios de esos conflictos centrales del estado ecuatoriano. Algunas razones al canto:

  1. El Proyecto denominado Ley Orgánica del Sistema autonómico, propone esencialmente un nuevo Régimen de organización especial, paralelo al actual Régimen seccional autónomo establecido en la Constitución. Los cantones, distritos metropolitanos, provincias o una asociación entre ellos podrían acceder de modo voluntario. El proyecto presentado presupone, equivocadamente, que es posible ampararse en el tratamiento que la constitución brinda a las circunscripciones indígenas y afroecuatorianas, así como a las áreas protegidas. Un nuevo régimen debería implicar una reforma constitucional.
  2. El elemento central de la reforma es dar mayor peso político al Gobierno Autónomo, estableciendo la figura de un presidente y una asamblea legislativa. Esto supondría un debilitamiento profundo y peligroso del Estado nacional. No se trata de una propuesta de descentralización política o administrativa, sino básicamente de reacomodos en las relaciones de poder a nivel nacional, otorgando capacidad de veto o imposición a unas pocas autonomías cuya hegemonía no ha podido consolidarse nacionalmente. La ecuación gobierno débil más pocas autonomías fuertes y un resto marginal no da un país.
  3. El Gobierno autónomo sería un nuevo nivel con el que convivirían los actuales. cinco niveles de gestión -que incluso podrían ser seis, cuando se abre la insólita posibilidad de conformación de gobierno autónomo acotado al manejo de ciertas competencias (art. 4). Si uno de los problemas centrales del la estructura político administrativa del país es la dispersión, la duplicación de funciones, la fragmentación; el proyecto no solo no resuelve esta situación sino que la profundiza.
  4. Los requisitos planteados son una población de 200.000 h y la decisión mayoritaria de la población, vía consulta, o del organismo de gobierno correspondiente. Este mecanismo incentivaría, en primera instancia, a que sean los grandes municipios los que puedan adoptar por esta vía, dejando relegados a los pequeños y probablemente a muchas provincias por la debilidad política del nivel intermedio. El efecto sería el fortalecimiento político de los fuertes. Pero en un segundo momento, lo más probable es una fiebre de autonomías. La relativización de esos requisitos que hace el mismo artículo (no cumple los requisitos, pero tiene informe favorable de AME) puede provocar varias decenas de gobiernos autónomos. No solo tendremos un débil presidente del país, sino treinta o más; no solo un congreso nacional desprestigiado, sino muchos en todo el territorio nacional.
  5. Se mantiene el criterio de voluntariedad. La experiencia del actual proceso de descentralización demuestra que la voluntariedad no conduce inercialmente al establecimiento de un sistema de gestión. Ni se acaban de transferir competencias, con lo cual no se suprimen en el gobierno central, ni se logra una capacidad efectiva y homogénea en el territorio nacional.
  6. Aunque el texto realiza algunas referencias a las competencias, el Proyecto de Ley de los alcaldes no incorpora ninguna de precisión sobre la asignación de competencias ni tampoco otro mecanismo que no sea el de solicitud individual contemplada en la Ley de descentralización. De hecho, pudiera darse el caso, según esta Ley de que un Gobierno autónomo no tenga ni una sola competencia solicitada y transferida. Ya el PSC impulsó hace unos años una ley de descentralización que debe ser repensada totalmente. Pero justamente este aspecto, el de una matriz de competencias nacional, sistémica, incluso procesal, no se toca en absoluto.
  7. El proyecto no ofrece ningún criterio nuevo en relación al manejo presupuestario. El artículo 11 del mencionado proyecto prácticamente transcribe el contenido del artículo 231 de la Constitución. Los problemas actuales de asimetría en la asignación, discrecionalidad, calidad del gasto, ausencia de mecanismos de compensación y equidad territorial (como los fondos), el enredo de 16 leyes especiales, la ausencia de control sobre los recursos de los organismos de desarrollo regional (que deben desaparecer) no se toca en absoluto.
  8. Establece unas confusas condiciones de prioridad en la explotación de los recursos naturales a cada gobierno autónomo e incluso un "derecho a recibir un honorario". Esta disposición puede resultar explosiva a la hora de dirimir la gestión del recurso petrolero, del agua o de los minerales.
  9. En la disposición general sexta alude a que si existieren conflictos entre los distintos niveles de gobierno podría acudirse a un "Tribunal Arbitral integrado por tres árbitros especialistas, que pertenezcan a un centro de arbitraje nacional o internacional". El proyecto de Ley desconoce de un plumazo las instancias de arbitraje constitucional y legal que tiene un Estado de derecho.

Hay otros aspectos del proyecto que pudieran ser analizados, sin embrago cabe insistir en que de conjunto el proyecto no solo que no resuelve los problemas de secuestro de lo público, fragmentación y des estructuración institucional, y uso discrecional del gasto publico. Al contrario, el proyecto complejiza el caos actual, afianzando a largo plazo el poder de ciertas elites cuya acción en el estado central ha tenido efectos devastadores.

[fuente]
http://www.revistavanguardia.com/

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