Guayaquil, 1 de agosto de 2006
Para nadie es desconocido que la institucionalidad jurídico política del Ecuador es deleznable. Allá los que quieran encubrirla, protegerla, alcahuetearla. Todos saben que la mayoría del Congreso, y, las cúpulas partidarias que representan, es conducido a un objetivo: mantener el status, resistir el cambio y proteger los intereses de los grupos oligárquicos.
La mayoría de diputados se hizo de la "vista gorda" siempre. En desmedro de nuestro territorio y soberanía, en la liquidación del sucre. Encubrió el atraco bancario; peor que eso, organizó las Constituciones y leyes que lo provocó. Hasta eliminó el impuesto a la renta que algunos empresarios medio lo pagaban. Una y otra vez aprobó presupuestos diseñados por el FMI en beneficio de los acreedores. Se desató con las leyes "trole", reformó todo lo posible para organizar una economía especulativa, reducir la actividad productiva y la vida social.
Este Congreso que tiene el 97% de rechazo popular tiene que cambiar. La reforma política es inevitable y con la nueva Constitución, hay que recuperar su esencia democrática y su carácter de depositario de la soberanía popular.
La partidocracia se apresta a mantenerlo tal cual es. La prensa da cuenta de que el 60% de los diputados buscan la reelección y de los 15 defenestrados, 8 intentan volver. Esto es inaudito.
Por cierto, hay diputados decentes, han habido leyes positivas como la que reformó el FEIREP y la Ley de Hidrocarburos. Pero sólo son chispazos. El "toma y daca", la "troncha", los criterios "vinculantes", es el pan de cada día.
Por cierto que también hay que cambiar la CSJ, establecida al margen de Constitución, así como las formas de funcionamiento e integración del TSE, TC y organismos de control y el Directorio del BCE. Hay que restarle atribuciones a la función ejecutiva, para permitir la planificación, continuidad, coherencia, liderazgo y buena conducción de la economía.
Todo esto será posible con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que represente a la sociedad ecuatoriana, con plenos poderes, levante el nuevo Estado democrático, la descentralización en la unidad nacional, la defensa de la soberanía y recursos naturales, la participación popular, la transparencia en los negocios públicos, la rendición de cuentas y la revocatoria del mandato, entre otros.
El candidato Rafael Correa, que propugna la consulta popular para la inmediata convocatoria a la ANC, debe aclarar y discutir sus esenciales contenidos. Los apremios electorales no deben hacerlo perder la perspectiva.
Ninguna reforma estructural seria, ni el manejo correcto de las relaciones internacionales y la economía son posibles, si no cambia el Estado y se liquida el esquema político vigente.
Es, por tanto, un objetivo serio preparar los mejores cuadros políticos y técnicos para la integración de la ANC, que comience liquidando al actual Congreso, cuyos nuevos diputados harán, como dice Correa, "debut y despedida". Es preferible no elegirlos.
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