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Ecuador no es una empresa

Alberto Acosta

La Insignia

Quito, 23 de agosto de 2006

Comparar un país con una empresa y un presidente con un gerente general, como hacen en Ecuador poderosos grupos empresariales, no es una ingenuidad. Esta comparación, sin dejar de ser una tontería, conlleva equívocos y trampas. Al invitar a la población a "contratar" un gerente, se busca encapsular políticamente una determinada política, por parte del gran capital doméstico y transnacional.

Casi resulta necio decirlo: un buen gerente no necesariamente tiene capacidad para ser un buen presidente. Para que gobierne un país no se requiere un administrador, sino alguien versado en el manejo del Estado, un estadista. Por lo demás resulta pernicioso confundir accionistas con ciudadanos, la atención a los clientes con el servicio a la sociedad, el afán de lucro con el bienestar social, la organización de una o más cadenas productivas con el manejo macroeconómico. La posible vocación social de una empresa, que muchas veces es apenas un mecanismo para pulir la imagen o para cumplir con determinados fines propios del márketing, no tiene nada que ver con la tarea de un gobierno elegido para liderar complejos procesos sociales, políticos e incluso económicos.

Detrás de esta comparación no está un ejercicio lúdico. Sus propulsores, influenciados por la ideología neoliberal que quiere mercantilizar (casi) todas las relaciones sociales, hacen el juego a una determinada posición política, que no es nueva. En las últimas décadas se ha consolidado lo que Guillermo O´Donell definió a inicios de los años noventa como "democracia delegativa". En ausencia de instituciones sólidas, se ha querido legitimar -a través de las elecciones- a presidentes autorizados a gobernar de acuerdo a las demandas del Washington Consensos (WC). Estos presidentes, que afirman encarnar los anhelos de la nación, asumiendo en la práctica el papel de gerentes propietarios, no se sienten obligados a rendir cuentas a las instancias democráticas. Asumen que fueron "contratados" para ejecutar políticas caracterizadas por criterios altamente técnicos, según su particular punto de vista.

En Ecuador, en el marco del hiperpresidencialismo, impuesto por el contubernio constitucional del Partido Socialcristano con la Democracia Cristiana, se marginó al Congreso de la definición del Presupuesto General del Estado, para citar apenas un ejemplo. Para quienes defienden este estilo empresarial de la política, el Congreso e incluso la Judicatura asoman como obstáculos para completar las reformas neoliberales, firmar el TLC, aceptar las pretensiones de las empresas petroleras...

El saldo de estas visiones está a la vista. El neoliberalismo fracasó, aunque esto nunca será aceptado por los fundamentalistas del mercado. Y la soledad autoinducida de los presidentes-gerentes debilitó aún más las instituciones y tornó imposible la consolidación democrática de proyectos nacionales sustentados por amplias alianzas, capaces de procesar los cambios que exige el desarrollo y que no se los encontrará en el WC.

[fuente]
http://www.lainsignia.org/2006/agosto/ibe_044.htm

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