Quito, 1 de septiembre de 2006
Integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios se encuentran visitando varios países de América Latina, región en la que se observa un número cada vez mayor de ciudadanos contratados por subsidiarias de empresas trasnacionales con personalidad jurídica en un país y que proporcionan servicios a terceros países
En Honduras, Chile, Perú, Colombia y posiblemente desde Ecuador, empresas privadas militares y de seguridad han reclutado y enviado centenares de mercenarios a combatir a la guerra en Irak, país ocupado militarmente por Estados Unidos y sus aliados. En Irak habría unos 25.000 mercenarios, constituyendo la segunda fuerza de ocupación, luego de Estados Unidos y por delante del ejército británico. Desde 2003 la Oficina de la Contraloría de Estados Unidos han otorgado contratos por un valor superior a los 766 millones de dólares a las empresas privadas de seguridad. [1]
Los expertos Amanda Benavides y José Luis del Prado (dos de los cinco integrantes del Grupo de Trabajo creado por la Comisión de Derechos Humanos en 2005) comenzaron su visita en Honduras, continuaron por Ecuador, irán a Perú y están pidiendo el consentimiento del gobierno para continuar su visita a Chile. En estos países, las empresas de seguridad reclutan a personas, principalmente a ex militares y ex policías, generalmente con promesas de jugosos ingresos, seguros y garantías laborales que en muchos casos no se cumplen y constituyen un engaño. Muchos regresan heridos o no regresarán nunca. Desde que comenzó la guerra en Irak, unos 428 mercenarios han muerto y otros 4.000 han quedado heridos. [2]
Según Amanda Benavides, para el reclutamiento, las empresas toman en cuenta tres condiciones fundamentales:
En agosto de 2005, en Ecuador se conoció que la empresa de seguridad "EPI & Security", sin registro legal, dirigida por el estadounidense Jeffrey Shippy habría contratado y reclutado, mediante avisos de prensa, a ecuatorianos y colombianos para trabajar en el extranjero. Luego de que las autoridades conocieron el caso, Shippy, un ex bombero que laboraba en la empresa estadounidense Dyncorp que presta servicios en la Base de Manta (en manos de militares de Estados Unidos, cuyo objetivo es el Plan Colombia), escapó sin que los jueces hayan avanzado en esclarecer el caso. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas recomendó que haya una conclusión expedita de la investigación emprendida por las autoridades correspondientes
.
La Coalición No Bases de Ecuador, integrada por organizaciones de la sociedad civil, presentó al Grupo un amplio informe en el que cuestiona la contratación de Dyncorp por parte de la Fuerza Aérea estadounidense para apoyar las operaciones de algunas bases militares, incluyendo la de Manta. Esto, manifiesta la Coalición, implica la terciarización o privatización de la guerra en las operaciones de Manta. Así Ecuador aparece indirectamente enlazado a la guerra sucia colombiana de la mano de la compañía privada que opera en Colombia y Ecuador en áreas de alta sensibilidad bélica y sin ninguna supervisión o control de las autoridades ecuatorianas.
En su visita a Honduras, los funcionarios de Naciones Unidas encontraron evidencias y novedades en sus investigaciones. Desde este país, entre agosto y octubre de 2005, habrían partido 218 hondureños, 105 chilenos y 18 nicaragüenses a Irak a trabajar como "guardias de seguridad". Algunos hondureños comenzaron a regresar a su país en abril del mismo año, aduciendo malos tratos y que se les había cambiado de funciones. Actualmente, quedarían unos 60 hondureños en Medio Oriente. La compañía que los reclutó es la estadounidense Your Solution, misma que habría incumplido las condiciones contractuales en materia de compromisos de pago, seguros y servicios médicos. Según los funcionarios de Naciones Unidas, los hondureños tenían malas condiciones de trabajo, exceso de horas laboradas, falta de pago o pago incompleto de la remuneración, trato vejatorio y aislamiento y desatención a las necesidades básicas
. [3]
Los hondureños contratados inicialmente para servir como guardias, cumpliendo funciones de seguridad de las instalaciones y convoyes de distribución de ayuda humanitaria, terminaron como combatientes de guerra y operando ametralladoras de alto poder.
Luego de entrevistarse con autoridades del Estado y con organismos públicos, el Grupo de trabajo señaló que el Estado hondureño es responsable por omisión de los problemas que pasan los hondureños en Irak. La misión de la ONU también receptó informes de que 105 chilenos reclutados para mercenarios en Irak que recibieron adiestramiento militar en Honduras, señalando que la Cancillería y los ministerios de Defensa y seguridad debieron reaccionar enérgicamente ante la presencia de los chilenos en Honduras.
En el caso de Perú, informaciones de prensa indican que centenares de peruanos han sido reclutados por la empresa 3D Global Solutions a través de su filial en Lima, Gestión de Seguridad Sociedad Anónima Cerrada (Gesegur SAC). Un mercenario peruano, que prefirió no dar su nombre y que regresó de Irak luego de haber permanecido tan solo un mes en ese país, confesó al diario La Razón de Lima que mientras los mercenarios de los países desarrollados reciben sueldos de 9 a 12 mil dólares mensuales, a los peruanos apenas les pagaban 1000 dólares, lo que constituye una "propina para mendigos". [4]
El Grupo de Trabajo ha expresado su preocupación sobre los derechos de las personas de las empresas de seguridad, pero ¿qué pasa con los derechos humanos de sus víctimas, porque los mercenarios están acusados de cometer torturas y otros actos atroces, y en todo esto qué papel juegan los Estados?
, le preguntamos a Amanda Benavides.
Esta fue su respuesta:
Como estamos hablando del caso Latinoamericano... Estamos centrados en los derechos de los latinoamericanos que son violados por estas empresas, pero definitivamente una forma que se ha utilizado para evadir algunas responsabilidades de los Estados es utilizar esos contratistas para las funciones que anteriormente hacía el ejército y que ahora las está haciendo el contratista. Ahí es donde está el vacío legal internacional porque los Estados y los ejércitos nacionales están muy fuertemente controlados sobre los abusos de los derechos humanos de las poblaciones, esos contratistas que a veces operan al lado de las empresas de los ejércitos no están tan controlados como sí lo están los ejércitos y los entes del Estado, de tal forma es que ahí está nuestro reto de intentar delinear algunos elementos que permitan que ese vacío no sea aprovechado por las empresas. Efectivamente ha habido casos de personal de las empresas vinculados a violaciones graves de derechos en otros contextos de conflicto armado o de conflicto mundial.
Los funcionarios de Naciones Unidas deberán presentar dos informes: uno al nuevo Consejo de Derechos Humanos y otro a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Uno de los elementos que nos pide el mandato es diseñar nuevos estándares legales, que ese vacío que existe entre las empresas militares de seguridad y en las empresas transnacionales de seguridad pueda ser tomado en cuenta y que no nos permita estar en esta área gris donde estas empresas se mueven y operan. En ese sentido, tenemos como obligación, como mandato, delinear, hacer una propuesta de unos estándares internacionales y que probablemente podrían terminar en un protocolo adicional a la Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización y entrenamiento de mercenarios de 1989
, agregó Benavides.
[fuente]
http://alainet.org/active/13149
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