Quito, 11 de octubre de 2006
Redacciones Pastaza y Orellana
En 1992, el Gobierno de Rodrigo Borja adjudicó a las nacionalidades indígenas de Pastaza 1,2 millones de hectáreas. Este proceso, si bien solucionó la tenencia de la tierra, trajo consigo otros conflictos entre indígenas y compañías mineras y petroleras.
La nacionalidad Achuar tiene adjudicadas 700.000 hectáreas, la Huaorani 750.000 y la Zápara 250.000. De su lado, la nacionalidad Shiwiar posee escrituras sobre 87.373 hectáreas. Uno de los principales problemas que tiene esta tierra es la explotación del subsuelo, para extraer petróleo y los minerales.
La comunidad quichua Sarayaku (Pastaza) se niega a la explotación petrolera. El bloque 23, adjudicado a la Compañía General de Combustibles (CGC), está ubicado dentro de las 135.000 hectáreas de esta comunidad.
Otro ejemplo hay en los Achuar. El bloque 24 fue adjudicado a la petrolera Burlington. Sin embargo, los trabajos de exploración petrolera nunca se iniciaron por la oposición indígena.
En cambio, la adjudicación de tierras a los Waorani permitió que ex dirigentes de esta nacionalidad entreguen la explotación de los recursos naturales a una transnacional. Luego, esta decisión fue revisada y negada.
De su lado, los dirigentes de Sarayaku y de los Achuar aseguran que no fueron consultados sobre las actividades de exploración petrolera en sus territorios. Ellos legalmente se respaldan en la Constitución de la República, los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El argumento del dirigente achuar Milton Callera es que quieren mantener sus territorios libres de contaminación y preservar su cultura y sus tradiciones.
La petrolera CGC cuestiona la posición de Sarayaku. Su representante, Ricardo Nicolás, en reiteradas ocasiones, ha manifestado que en Sarayaku hay un Estado dentro de otro Estado
.
Marlon Santi, dirigente, responde que la Constitución ecuatoriana reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, dice, es lícito exigir estos derechos dentro de un Estado multicultural y pluriétnico.
En Orellana, la adjudicación de tierras no culmina. En esa provincia, desde 1996 hasta el 2005, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) entregó 178.575 hectáreas a 1.554 personas de las comunidades quichua y de las asociaciones, cooperativas y precooperativas de agricultores.
Desde entonces, trabajan en la legalización de 700 nuevas propiedades localizadas en las comunas Flor del Valle, Fortaleza, Guayacán, Huancavilca, Dayuma, comunas Waorani y más sectores.
Según Luis Quilligana, director del INDA en Orellana, tres instituciones trabajan en el proceso de legalización de 1.500 propiedades en el cantón Francisco de Orellana. El plan se inició en julio del año pasado, con el apoyo del INDA y el financiamiento del Centro Agrícola Cantonal y la Municipalidad local.
Está culminando la fase de inspección de las propiedades. La idea es conocer si los linderos están bien trazados en los planos y así evitarnos problemas con los vecinos
, dijo el funcionario.
Según las estadísticas del INDA de Orellana, la institución entregó en 1996 cerca de 711 hectáreas. Sin embargo, la cifra más alta se registró en 1999 con 50.988 hectáreas. Asimismo, en el 2005 se legalizó la tenencia de 29.203 hectáreas en toda la provincia.
No obstante, el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) de Orellana también se sumó al proyecto de legalización. Así en el 2005, entregó las escrituras a 228 familias de las riberas del río Napo. Y la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana busca legalizar 1,5 millones de hectáreas.
Se busca cuidar el entorno
.
Los indígenas buscan la vigencia de los derechos colectivos que les garantizan conservar su identidad, tradiciones, propiedad y posesión de las tierras, el acceso y manejo de recursos renovables.
La Constitución prevé, incluso, un régimen especial de administración territorial para los indígenas y afroecuatorianos, las circunscripciones territoriales, que no se han llevado a la práctica. Este cuerpo legal también reserva la propiedad de los recursos para el Estado, el que deberá explotarlos "en función de sus intereses".
El Estado y sectores interesados usan este argumento para concesionar tierras a espaldas de los indígenas, a favor de transnacionales las cuales, por mero afán de lucro, destruyen recursos como el agua y la biodiversidad, y lo que es peor la tranquilidad, los valores y la dignidad de las comunidades.
[fuente]
http://elcomercio.terra.com.ec/noticiaEC.asp?id_noticia=68518&id_seccion=10
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