Quito, 27 de diciembre de 2006
Redacción Sociedad
Solo falta la firma del presidente Alfredo Palacio. Desde julio pasado aguarda en el despacho presidencial el decreto ejecutivo que aprueba la delimitación de la zona intangible, ubicada en el sur del Parque Nacional Yasuní.
Debieron transcurrir ocho años después de la declaratoria, mediante decreto ejecutivo, hasta que se establezcan los límites. Sin embargo, este es uno de los principales temas que no ha terminado de plasmar la actual ministra del Ambiente, Ana Albán.
Para Ángel Onofa, técnico del Ministerio del Ambiente que participó en el proceso de delimitación, esta declaratoria implica un aspecto de mucha importancia, pues garantizará un espacio de movilización y supervivencia de pueblos huaorani como los Tagaeri, Taromenane y otros, en aislamiento voluntario.
La zona intangible abarcará a 700.000 hectáreas. Las mismas, que se encuentran asentadas en las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte, del cantón Aguarico, en Orellana y en la parroquia Curaray, cantón Pastaza, provincia del mismo nombre.
Onofa insistió en que además se logrará la prohibición total de actividades hidrocarburíferas (explotación petrolera), mineras y extracción de madera.
También se considera un zona de amortiguamiento de 10 kilómetros a la redonda. En ese espacio únicamente está permitido el turismo ecológico o controlado.
Entre tanto, ante la demora, la semana pasada, los ministros del Ambiente y de Energía y Minas enviaron un oficio al presidente Palacio indicando su intención de que se firme dicho decreto.
Según la ministra Ana Albán, el proyecto recibió algunas observaciones, en especial de las compañías petroleras que operan en la zona. Patricio Asimbaya, biólogo de la organización Finding species que trabaja en el Yasuní desde hace seis años, agregó que, entre otras cosas, las petroleras exigen ajustes en la delimitación de la zona intangible.
Por ejemplo, Andes Petroleum pidió no afectar al bloque 14, de cuya superficie se incluían 2.629 hectáreas.
Además, solicitaban que solo se delimite la región donde viven los huaorani, desconociendo a otros pueblos.
Si bien se habla que apenas son 20 familias, después de la última masacre registrada en el 2003.
Sin embargo, Miguel Cabodevilla, misionero capuccino que trabaja en favor de los nativos de la zona, se lamentó que, aparte de las petroleras, el mayor mal para estos pueblos es el tráfico de madera. Inclusive, ha provocado enfrentamientos entre madereros y los nativos, llegando a ocasionar la muerte de algunas personas.
Asimbaya reiteró que no es posible que solo por dar paso a intereses transnacionales se quiera acabar con la única identidad de nuestros aborígenes que aún permanecen alejados del contacto con el mundo occidental
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Asimismo, la importancia de esta zona intangible radica en que es parte de la reserva de biósfera del Parque Nacional Yasuní (PNY). Además, es una de las zonas más ricas en especies de fauna y flora, según un reporte técnico preparado por un grupo de científicos que trabaja a favor del Yasuní.
En esta reserva crecen alrededor de 2.500 especies de árboles y arbustos. Esa cifra supera tres veces al número de especies existentes en América del Norte.
También habitan 567 especies de aves. Una de ellas es el águila arpía, considerada el ave de rapiña más grande de América y segunda en el mundo.
Se agregan 83 especies de anfibios y reptiles; 163 de mamíferos entre los que están el delfín rosado y gris, en mayor riesgo de extinción. Y como para sorprenderse, los científicos calculan alrededor de 100.000 especies de insectos por cada hectárea de la reserva.
Patricio Asimbaya está convencido de que la demora en la firma del decreto ejecutivo obedece a intereses de las transnacionales.
Ahora, mientras se espera la aprobación del decreto, una comisión define las políticas y acciones para el manejo de la zona intangible. Esa comisión la integran los representantes del Ministerio del Ambiente, Veeduría Ciudadana y más organizaciones.
Entrevista a Ana Albán, Ministra de Ambiente
La descentralización del control forestal fue uno de sus objetivos, ¿está casi lista, pero faltó su ejecución?
Eso no es lo único en esta descentralización, sino también en el manejo de parques y otros aspectos. Para eso hay una matriz de competencias consensuadas. Hemos avanzado mucho en la transferencia de competencias a gobiernos seccionales.
¿Pero fueron aceptadas fácilmente o es que hubo dudas por parte de estos nuevos actores en el tema ambiental?
No, los consejos provinciales solicitaron esas responsabilidades. Ellos creen que están en capacidad para poder ejercerlas. Es más, hay consejos provinciales que están solicitando más de lo que a nuestro parecer pueden ejercer.
¿Qué responsabilidades están más avanzadas en cuanto a la transferencia y cuáles quedan pendientes?
Es que no hay responsabilidades pendientes. La matriz de competencias está acordada con los gobiernos seccionales.
¿Ya están en ejecución?
Ya están entregadas. Hay consejos provinciales que están mucho más adelantados en la unidad de gestión que tienen ellos. Los gobiernos de Esmeraldas, Carchi e Imbabura empezaron con un proyecto de fortalecimiento de sus unidades de gestión ambiental, mucho antes de que el Gobierno impulsara esta descentralización.
El país sigue quedándose sin madera, ¿qué ha hecho el Ministerio del Ambiente para controlar ese problema?
Más allá de que en el 2005 se consiguió un decreto de emergencia forestal, se logró la declaratoria de un plan de forestación y reforestación como prioridad nacional. Pero, definitivamente, los recursos con los que se cuenta son escasos en comparación con todo lo que hay que hacer.
¿Pero como que le falta peso político al Ministerio del Ambiente para lograr la firma, por ejemplo, del decreto de la zona intangible?
En mi caso he luchado por las causas que creo justas y que puedo llevar adelante. Una práctica de Ana Albán ha sido construir consensos, a través del diálogo. No es cuestión de no tener peso político, sino de creer en el consenso.
¿Cómo ejercer un control ambiental verdadero?
Hay que reformar las leyes para que el Ministerio del Ambiente sea una verdadera autoridad. La ley Trole II quitó una serie de potestades a esta Cartera de Estado.
¿Cuáles deben ser los aspectos prioritarios para el próximo Gobierno?
Definitivamente, el control forestal y un seguimiento a las competencias entregadas a los gobiernos seccionales y otras entidades. Además, el manejo sustentable de las islas Galápagos en la parte ambiental y humana.
[fuente]
http://elcomercio.terra.com.ec/noticiaEC.asp?id_noticia=83308&id_seccion=8
http://elcomercio.terra.com.ec/noticiaEC.asp?id_noticia=83309&id_seccion=8
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