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Contra la pena de muerte en Perú

Cristiano Morsolin

Educador y operador de redes internacionales para la defensa de los derechos humanos. Co-fundador del Observatorio sobre la Region Andina Selvas.

Lima, 29 de mayo de 2007

El Parlamento Europeo aprobó el 26 de abril una resolución que defiende la moratoria universal sobre la pena de muerte y que tiene como objetivo aumentar el número de países firmantes de una declaración sobre la abolición de la pena capital. El Parlamento Europeo claramente considera que llegó la hora de que la UE ejercite sus músculos diplomáticos y ayude a Italia que se comprometió oficialmente a reabrir el debate dentro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que se suspenda en el mundo la pena de muerte.

Se trata de una firme respuesta frente a la cerrada defensa del presidente de Perú Alan García a la pena de muerte que sostuvo que aquellos que violan y destruyen la patria merecen la máxima sanción.

Defensores de los derechos humanos rechazaron la medida porque el Gobierno quiere salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la impunidad.

Con la aprobación de esta resolución, el Parlamento Europeo mostró su total apoyo a la declaración final del Tercer Congreso Mundial contra la pena de muerte, celebrado en París del 1 al 3 de febrero de 2007.

Héléne Flautre, presidenta de la subcomisión parlamentaria de Derechos Humanos (Los Verdes, Francia) ha declarado que Perú ha estado a punto de hacer lo mismo con el fin de combatir el terrorismo, pero afortunadamente esto no ha ocurrido.

Monica Frassoni en nombre del Grupo Verts/ALE y Luisa Morgantini, (Vice Presidenta PE) en nombre del Grupo GUE/NGL apoyan en su totalidad la declaración final del Tercer Congreso Mundial, y tiene la intención de realizar un seguimiento de dicho Congreso, en particular mediante el desarrollo de la dimensión parlamentaria de la campaña global contra la pena de muerte y abordando esta cuestión a través de sus delegaciones interparlamentarias.

Francisco Soberón, Director de APRODEH ha evidenciado que desde el inicio de la nueva administración del Pdte. García, la animadversión a la lucha contra la impunidad, para atender el clamor de justicia de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos a sido un punto de encuentro con la bancada fujimorista, las destempladas declaraciones del primer vicepresidente Giampietri, señalando que habría una persecución judicial contra los militares que actuaron durante los 20 años de la violencia política, son parte de la denigración que se ha venido haciendo de los trabajos de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones, por parte de voceros fujimoristas y apristas. Una ultima manifestación de esta alianza ha sido la presentación del documental producido por el prófugo Fujimori Al final del Túnel sobre los sucesos de la embajada del Japón, desde las instalaciones del Congreso de la Republica.

En ocasión de nuestra reciente visita a Italia a inicio de mayo, hemos podido presentar a funcionarios de la Cancillería, representante al Senado y miembros de organizaciones de sociedad civil, como delegados de organizaciones de peruanos en Italia, nuestra apreciación sobre la situación de los derechos humanos, avances dificultades y trabas al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, particularmente en el acceso a la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante el periodo de la violencia política, reconocer la atención inicial, pero parcial a las demandas de reparaciones de los familiares; preocupación por los hostigamientos a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a defensores de derechos humanos y testigos en los procesos de judicialización, a los defensores del medio ambiente en el marco de la exploración y explotación de recursos naturales en las zonas rurales andinas y amazonia.

Una referencia especial hicimos a las pretensiones de la administración del Pdte. García, de querer extender la aplicación de la pena de muerte por delito de terrorismo y violación de menores con secuela de muerte, decisión que llevaría colisionar al estado peruano con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que ha jugado un rol fundamental en el periodo de la violencia política, señalando las responsabilidades del estado peruano en violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Tema sensible y de gran atención en Italia y la Unión Europea, quienes promueven su moratoria en la ONU.

Expresamos igualmente nuestra preocupación, por haber abandonado, el gobierno peruano, la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, adoptado en los tramos finales de la gestión del Pdte. Toledo, resultado de un dialogo con la sociedad civil, planteando maniobras dilatorias de nuevas consultas y aprobación por el Congreso. Hicimos también referencia a la reciente ley que modifica la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, introduciendo mecanismos inconstitucionales de control sobre las organizaciones no gubernamentales, anunciamos la presentación de nuestra acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Peruano.

Con las comunidades de peruanos en Italia, intercambiamos vías de colaboración para estar atentos a sus demandas en los países de acogida, a las obligaciones del estado peruano con ellos y acompañar a los familiares en el Perú.

Invitamos a las autoridades italianas a recoger estas inquietudes en la implementación del nuevo Fondo Ítalo Peruano contravalor, resultado de acuerdos de canje de deuda.

Canje de deuda por inversión social

El presidente peruano, Alan García, y el canciller italiano, Massimo D'Alema, vicepresidente del Consejo de Ministros, firmaron el pasado 4 de enero del 2007 en la cancillería el segundo convenio de canje de deuda por inversión social por 72 millones de dólares, como parte de la cooperación social que Italia brindará al país para el periodo 2007-2011. D'Alema destacó su presencia como la primera en Perú de un canciller italiano en 25 años y declaró que Perú tiene una gran responsabilidad, la de preparar en el 2008 la llamada cumbre de Lima, de países de la Unión Europea y de América Latina.

En esta optica de canje de deuda como contribución de Italia en la lucha contra la pobreza y para el fortalecimiento de la democracia en Perú hemos entrevistado algunos expertos.

Carlos Iván Degregori, ex comisionado CVR y Director del Instituto de Justicia Transnacional JTC de Bogota cree que, como en diferentes lugares donde se ha producido o se están produciendo estos procesos de reparación y de paz, el rol de la comunidad internacional juega un papel muy importante en dos sentidos.

Primero es trazar los límites de la cancha, o sea que son los estándares internacionales de derecho humanitario, de los derechos humanos. Creo que allí juega un papel importante como dijo de recién Eduardo Pizarro en el caso de Uganda, donde quería romper con esta cancha donde el Presidente de la Republica no quería ejecutar los órdenes de captura por criminales de lesa humanidad, emisos por la Corte Penal Internacional. Creo que es importante que haya una presencia que garantiza estos estándares mínimo permitiendo toda la flexibilidad que cada caso nacional requiera. No es lo mismo Uganda o Colombia o lo que fue Perú.

Segundo punto importante es la cuestión específica de reparaciones. Creo que el papel muy importante es de complementar a estados que muestren voluntad de reparar. Creo que seria un error simplemente dar recursos a estados que no han demostrado ninguna voluntad de reparar. Pero si hay estados que demuestran voluntad de reparar, nunca los recursos de estado donde hay estos conflictos, que son estados mas pobres, van a ser suficientes, entonces la cooperación internacional puede completar a través de mecanismos como ayuda directa o como canje de deuda para reparación, que propuso la Comisión de la Verdad CVR peruana y que creo seria muy útil. No tiene que ser solo por estado nacional, puede ser en el caso peruano por ejemplo por gobiernos regionales donde si, se compromete a hacer programas de reparación, hay alguna coordinación con la cooperación internacional para canje de deuda para reparación.

Conozco un ejemplo exitoso del proyecto de Sofía Macher ejecuatado por IDL con el fondo Italo Peruano FIP. Todo lo que vi. Me parece un trabajo pionero, excelente y por eso me alegra que Sofía Macher esta dirigiendo esta Comisión de reparaciones, se lo ganó creo con esta experiencia.

Sofía Macher, ex comisionada CVR y presidenta de la Comisión Nacional de Reparaciones, instituida por el Gobierno de Alan García evidencia que el proyecto ejecutado por IDL en Huancavelica en 2005 es un proyecto importante porque es la manera en que se materializan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad CVR., que tiene diferentes aspectos y temas. Trabaja todo un tema de memoria colectiva con una metodología diferente de la Comisión del a Verdad. Hemos casi terminado la reconstrucción de los procesos provinciales de la violencia. La Comisión CVR solo alcanzo al proceso nacional y regional. Es interesante porque es una entrada diferente de reconstrucción de la memoria que es sobre la base de actores y no de víctimas que fue el eje de la Comisión CVR. Al final va generar un balance sobre lo que fue el conflicto en cada uno de su sitio pero también encontrar tus héroes, tus referentes locales que me parecen interesantísimos. Otro gran trabajo es lo de la regularización jurídica que tiene que ver con lo que pasó con los registros públicos. Entonces hemos levantado ya un diagnóstico en las provincias en Huancavelica y Angaaraes. Hemos levantado las informaciones de todos los registros públicos que fueron quemados por Sendero Luminoso, que ya no existen, que toda esta población no tiene como regularizar sus documentos de identidad. El resultado mas importante es que hemos presentado este diagnóstico a la RENIEC, la encargada de la regularización del registro y juntos hemos acordado hacer de Huancavelica un plan piloto y al terminar de levantar la información de los demás registros que han sido quemado en las otras provincias y revisar la normatividad para los requisitos de regularización jurídica en las áreas rurales y especialmente como va a reconstruir estos registros siniestrados. Esto es un paso importantísimo porque todas las normas de la región urbana, los requisitos son urbanos y no toman en cuenta las características de la población rural. Eso creo va a ser importantísimo para todo el País y lo hemos hecho con la RENIEC, conjuntamente. El otro es el registro regional de victimas que es la única experiencia en Perú de registro de victimas. Se ha hecho con registradores de la misma zona y hemos sido hasta las últimas comunidades y eso para nosotros tiene un impacto directo a nivel nacional y es lo que nos va a dar los insumos para organizar el registro nacional de victimas.Por lo que se refiere a la cooperación internacional y FIP, es importante seguir apoyando por ejemplo los que es el registro nacional así como el FIP ha hecho en Huancavelica, sería muy importante si es que deciden también destinar fondos a lo que ya se invirtió para la experiencia regional , poder generalizarla a nivel nacional. Eso me parecería importante su aporte de la cooperación italiana para el registro, que es la parte primera para las reparaciones. Otra cosa en término de reparaciones es la reparación colectiva. Creo que también allí se puede jugar un papel importante desde la comunidad internacional.

UE respalda la petición de extradición respecto al ex-presidente Alberto Fujimori

En las relaciones entre Europa y Perú no se puede olvidar la prioridad por fortalecer el respecto pleno de los derechos humanos.

Varias organizaciones de la sociedad civil italiana que trabajan desde más de 20 años en el Perú (Terra Nuova, ASPEm, MLAL) en julio 2004 han elaborado una declaración donde se considera que la reconciliación peruana podría estar asegurada con el reconocimiento de la dignidad de las víctimas; el respeto del dolor de los supervivientes y familiares; el reconocimiento de los cuerpos de los desaparecidos y, por lo tanto, la elaboración y el fin de duelos suspendidos y difíciles de aceptar; y la solicitud de perdón a las víctimas inocentes de violaciones de derechos humanos. Sugerimos por lo tanto, que el Gobierno de Italia utilice todos los instrumentos a su alcance para favorecer el proceso de reafirmación de la memoria histórica, de reconciliación nacional, de dignificación de las víctimas y reparación. Al respecto, tiene singular importancia la presencia de instrumentos novedosos como el Fondo Italo-Peruano (FIP), que gerencia recursos económicos derivados del canje de la deuda pública peruana hacia Italia. Consideraríamos acertado dedicar una atención especial, y por lo tanto una cuota de los recursos FIP, a ésta temática ya que la lucha a la pobreza tiene que ver con éstos procesos y que las principales víctimas de la violencia política han sido campesinos pobres de los Andes y comunidades nativas.

Esta perspectiva de trabajo respecto del Perú ha encontrado respaldo en el Parlamento italiano que ha votado unánimemente el informe del Congresista y Secretario de la Comisión Derechos Humanos del Senado, señor Francesco Martone. Efectivamente, la resolución Nº 2737 que fue puesta a votación el día 19 abril pasado, considera que, en el Perú se ha sido encaminado un proceso de verificación de violaciones de derechos humanos cometidos en los años del gobierno autoritario del Presidente Alberto Fujimori y de los gobiernos anteriores; que dicho proceso de verificación toma el nombre de Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y que tiene el apoyo de numerosas organizaciones sociales y civiles peruanas, además de las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y de las Naciones Unidas, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se cita, ...un reciente informe, publicado al inicio del mes de marzo 2004, donde la CIDH ha emitido una serie de recomendaciones para el Gobierno peruano, en especial, para que el procedimiento empezado con la CVR se complete en un plazo razonable y definido, garantizando también la indemnización de las víctimas de abusos y sus familiares. En este sentido, el Gobierno italiano se compromete a, activar en todas las sedes oportunas, bilaterales y multilaterales, para hacer que el Gobierno peruano adopte y respete las recomendaciones de la CIDH y de la CVR, asegurando, en especial, la independencia de la magistratura, tanto la ordinaria como de los jueces encargados de investigar las violaciones cometidas por los anteriores gobiernos; que todos los acuerdos internacionales relevantes sean respetados por el Gobierno peruano, con especial énfasis, los inherentes a los derechos de las minorías indígenas y para la preservación de los recursos naturales.

En la resolución del Parlamento Europeo sobre Perú del 16 de enero del 2006 se reitera que la lucha contra la impunidad es una de las piedras angulares de la política de la Unión en el ámbito de los derechos humanos; considera que todos los socios tienen la obligación fundamental de cooperar para lograr el respeto de la democracia y los derechos humanos.

La misión oficial del Parlamento Europeo presidida por Alain Lipietz (Los Verdes, Francia) y realizada en noviembre del 2006, expresa su solidaridad con las miles de víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Perú mientras estuvo en el poder Alberto Fujimori; reconoce el incansable trabajo de las organizaciones de las víctimas y de derechos humanos por la vigencia de los derechos humanos en el Perú, y reitera votos para que estas víctimas reciban la justicia que les es merecida. Saluda la detención de Fujimori, apoya las iniciativas tanto del estado peruano como del chileno y de las organizaciones de derechos humanos para que la extradición de Fujimori hacia el Perú se haga efectiva. Apoya el juzgamiento de Fujimori como paso importante hacia la consolidación del proceso de transición democrática en el Perú, y subraya que la lucha contra la impunidad y corrupción es central para el avance de dicho proceso.

Dick Oosting, Director de la oficina de Amnistía Internacional EU Office, el 24 de april del 2007 ha declarado que en Perú, los intentos actuales de ampliar el uso de la pena de muerte implicarían la retirada de dicho país de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Dado que los tribunales nacionales no proveen una protección eficaz ante las violaciones de derechos humanos, la retirada supondría la desaparición de la protección regional para los ciudadanos.

Siendo un firme contrario a la pena capital, la UE tiene una responsabilidad especial a la hora de luchar contra estos intentos y alertar el gobierno peruano sobre las consecuencias de abandonar la CADH, un paso que afectaría sobre todo a los ciudadanos ordinarios, dijo Oosting.

Finalmente, Amnistía Internacional recomienda que la delegación de la UE respalde la petición de extradición desde Chile, emitida por el gobierno peruano, respecto al ex-presidente Alberto Fujimori. Fujimori debe hacer frente en su país a diversos cargos relacionados con violaciones de derechos humanos, corrupción y lavado de dinero.

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