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No explotar el petróleo del Yasuní requiere de Confianza y Seguridad

Susana Klinkicht

Diario El Hoy, edición digital

Quito, 11 de junio de 2007

Ha comenzado una primera acción internacional en favor de que el petróleo existente en el Parque Yasuní permanezca en tierra, a cambio de unos $350 millones anuales, que deberían ser pagados al Gobierno del Ecuador de diferentes fuentes. Una fundación alemana solicitó por la página web: www.regenwald.org el envío de cartas a la jefa de Gobierno Angela Merkel, para que ponga el tema en conocimiento de la cumbre del G8, la semana pasada. Lo más probable es que no lo haya hecho, aunque desde ya se nota que, por original, la propuesta ha causado impacto en la opinión pública y podrían existir caminos reales para lograr su puesta en práctica. Queda claro que esta sería una acción puntual, que no solucionaría la falta de fuentes alternativas de energía.

El protocolo de Kioto, cuya prolongación será abordada en diciembre, esta vez con la participación de los Estados Unidos, prevé el pago de compensaciones por parte de los países y empresas que superen un cupo de emisiones de dióxido de carbono a aquellos que hagan esfuerzos por reducir las emisiones. Para reducir una tonelada de CO2, se debe gastar por lo menos $20. Dejar los yacimientos de crudo pesado bajo tierra en el Yasuní supondría evitar en total 444 millones de toneladas de emisiones de CO2, según la fundación defensora del parque nacional ecuatoriano. Alemania subvenciona a las empresas contaminantes que tienen que pagar bonos de compensación, con 500 millones de euros al año, sin estar obligada a hacerlo, según Greenpeace.

Existen entonces fuentes de dinero con las que comenzar a negociar. Sin embargo, harán falta garantías y seguridades para los inversores, que podrían ser múltiples: un canje de deuda con el Club de París o el Banco Mundial, donaciones de gobiernos o la sociedad civil o, como lo propone la fundación, inversiones en un mercado internacional de petróleo no extraído. De esta iniciativa, la lección que debe sacar el Ecuador es que todo depende de la credibilidad. Nadie realizará un acuerdo con un país que no tiene una política ambiental definida, ni una postura transparente frente a los recursos mineros. En este contexto, es comprensible que el ministro de Energía, Alberto Acosta, no haya cedido precipitadamente a las exigencias del denominado levantamiento minero en el austro, de que se retire las concesiones a las compañías mineras internacionales.

Se trata de varias minas en Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, minas metálicas y no metálicas, cuya explotación causaría problemas en las fuentes de agua. El caso más sonado es el de Victoria de Portete, donde la canadiense IAMgold tendría concesiones sobre terrenos que incluyen el bosque protector de Irquis-Yanuncay. Se trata, básicamente, de cobre y oro.

El ministro ha prometido estudiar el caso. No será una tarea fácil, porque de la confianza en leyes y contratos dependen no solo inversiones en las que Azuay ha puesto cierta expectativa. Por otro lado, su compromiso con la naturaleza y las comunidades le obligará a buscar las mayores seguridades ambientales posibles, como primer paso hacia una política coherente.

[fuente]
http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=269269

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