Guayaquil, 17 de junio de 2007
En el país hay 4.112 concesiones mineras, que abarcan 2,8 millones de hectáreas de terreno. Dirigentes comunitarios y gremiales reclaman porque –dicen– estas entregas fueron inconsultas.
El municipio de Paulo VI, Morona Santiago, solicitó a mediados del año pasado, la concesión de un área para la extracción de material pétreo para emplearlo en la ejecución de obras comunitarias. Pero la Subsecretaría Regional de Minería del Austro negó ese permiso por considerar que esa zona era de amortiguamiento (cercana) del Parque Nacional Sangay. A fines de ese año, las autoridades municipales se sorprendieron cuando, en un seminario, se enteraron que el campo por ellos solicitado había sido concesionado por la misma subsecretaría, a una empresa dedicada a la minería.
Hay una incoherencia total. Nunca se hizo ninguna consulta ni estudios y se dio un área que primero a nosotros nos dijeron era prohibida
, dice Carlos Tenecela, concejal de Paulo VI.
Esta es una de las cientos de quejas existentes en Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Azuay y otras provincias del austro especialmente, donde están asentadas las 4.112 concesiones mineras, equivalentes a 2,8 millones de hectáreas de terreno. En estos sectores se desarrolló hasta hace una semana un paro de cinco días en rechazo de los pobladores a esas concesiones.
En el caso de Morona Santiago, una tercera parte del territorio provincial, sobre todo en la zona sur, ha sido concesionado a personas y empresas, nacionales y extranjeras. Incluso se ha entregado parte del territorio protegido por la nacionalidad shuar en la cordillera del Cóndor, donde hace doce años se desarrolló la guerra del Cenepa con el Perú.
Byron Rivadeneira, coordinador del Comité de Desarrollo Sustentable de Morona Santiago, lamenta porque su provincia ha sido parcelada. Toda la zona sur está en manos de un grupo de personas entre ellas ex funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, según se denunció en una seminario en Macas, indica el directivo.
En Morona llama la atención el caso de Mónica Naranjo Zurita, quien posee 92 concesiones que involucran 70 mil hectáreas de tierra. Una veintena de estos permisos los obtuvo en el gobierno actual, entre el 29 de enero y 1 de marzo de este año.
Jorge Jurado, subsecretario de Minería del Ministerio de Energía y Minas, señala que se vieron obligados a conceder esos avales porque las solicitudes habían sido hechas desde el 2006. El funcionario acepta que ha habido una especie de feria libre del concesionamiento
y reconoce que además de Morona Santiago el tema es caótico en Zamora Chinchipe, donde toda la provincia ha sido entregada en concesión.
Muchos de los beneficiarios no son precisamente mineros, sino ciudadanos que se dedican a negociar. Obtienen un permiso y luego lo venden a quienes están dedicados a la actividad minera.
Rivadeneira y Jurado coinciden en que las entregas cumplieron la ley, pero esta es demasiado frágil. Se exigen siete requisitos nada complicados y una vez presentados el Estado está obligado a otorgar el permiso, sin tomar en cuenta el criterio de la comunidad donde se asienta esa concesión y ni siquiera el del dueño de las tierras.
La ley de Minería, en el art. 7, determina como un derecho real e inmueble el área concesionada y le da potestad al adjudicatario de obrar como si fuera su propiedad. Si alguien es dueño de finca y viene un concesionario, le dice voy a hacer minería en su casa, este mejor tiene que ponerse de acuerdo sobre alguna utilidad, pues caso contrario se declara como servidumbre y el dueño debe aceptar las condiciones. Esa es una inequidad total
, refiere Jurado.
Hay abusos. Estas personas y empresas vienen y entran en nuestras tierras como si fueran suyas y destruyen nuestros cultivos, contaminan las aguas y dañan el ambiente
, menciona Luis Chindía, agricultor de Huamboya, Morona Santiago.
Por presión ciudadana, el Ministerio de Energía y Minas emitió tres acuerdos que intentan frenar parcialmente la denominada feria de concesiones. Los acuerdos ministeriales 61 y 65 establecen que no se emitirán permisos en parroquias urbanas y rurales donde a la fecha de solicitud no haya concesiones; mientras el acuerdo 62 obliga a los concesionarios a realizar una consulta a la población residente en la zona adjudicada. Si no la hacen se revertirán los avales, pues del total de permisos entregados, solo el 16,6% está en producción; es decir, el 0,4% de la superficie concedida.
Jurado indica que la solución definitiva se dará una vez que se aprueben las reformas a la Ley de Minería, que impone limitaciones, las que son criticadas, en cambio, por dirigentes de la Cámara Nacional de Minería.
Según Alberto Acosta, quien renunció el pasado viernes al Ministerio de Energía, las concesiones enriquecieron a quienes se dedican a la venta de esos terrenos, porque no ha habido una política de Estado.
[fuente]
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