Quito, 23 de septiembre de 2007
Redacción Puyo
La Compañía General de Combustibles (CGC) prevé solucionar su conflicto con la comunidad de Sarayaku (Pastaza) a través de la vía diplomática. Pero los indígenas piden al Estado que declare la caducidad del contrato petrolero del bloque 23, en la Amazonía.
Según Ricardo Nicolás, representante de la CGC, empresa de origen argentino, a propósito de la visita del presidente Rafael Correa a ese país, las autoridades de esta empresa se reunirían con él.
Pero aún no se confirma si la reunión se realizó. Nicolás asegura que el contrato que firmó CGC con el país está en un territorio donde la comunidad de Sarayaku funciona como un Estado dentro del propio Estado ecuatoriano.
Según el representante petrolero, esto impide a CGC y el Estado ecuatoriano administrar los recursos del subsuelo como establece la Constitución. Nicolás citó el artículo 247 de la Constitución que establece son de propiedad del Estado los recursos naturales y los productos del subsuelo.
En respuesta, el abogado de Sarayaku, Mario Melo, dijo que la CGC no obtuvo de la comunidad el permiso para ingresar, movilizarse o realizar actividades petroleras en su territorio, que constituye un 65% del bloque 23.
Melo también citó una resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que dice: los miembros del pueblo indígena de Sarayaku pueden realizar sus actividades y hacer uso de los recursos naturales existentes en el territorio en que se encuentran asentados...
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Así por ejemplo, el 25 de junio de 2002, Sarayaku ratificó ante la empresa CGC su decisión definitiva de no aceptar en su territorio a ninguna compañía petrolera.
Sin embargo, señaló Melo, la CGC, sin permiso de Sarayaku, realizó entre noviembre de 2002 y mediados del 2003 una campaña de prospección sísmica.
De su parte, Nicolás insistió en que sí se realizó la consulta en las 26 comunidades, pese a que la Constitución no lo establecía de esa manera. También se legalizaron acuerdos con cada una.
Nicolás recordó los secuestros, ataques y robos que esta compañía sufrió al intentar cumplir con este contrato de exploración y explotación petrolera. Además del robo de mas de 150 kg de explosivos (pentolita) usada para los estudios de exploración petrolera.
Pero Melo comentó que la violación de los derechos humanos en contra de los habitantes de Sarayaku es una causa para que el Estado decrete la caducidad del contrato con la CGC.
Este pedido se realizó al ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, quien evitó pronunciarse por ser juez en estos procesos.
Otro problema que no se resuelve es el retiro de 1.433 kilos de explosivos que están enterrados en Sarayaku.
Según una cláusula del contrato, la CGC será responsable por la limpieza, retorno en lo posible a condiciones ambientales similares a las del inicio.
Hay 476 puntos dentro del territorio de Sarayaku en donde está enterrada la pentolita a 12 metros de profundidad y una cantidad no determinada abandonada en la superficie.
La CGC no solo calificó de absurdo que se le quiera imputar el pago del retiro los explosivos. Nicolás dijo que nada dice del robo de más de 150 kg de explosivos.
[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=138067&id_seccion=10
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