¿Encomenderos del siglo XXI?

Se dice que la política es un movimiento plagado de contradicciones. La revolución ciudadana busca representar el cambio de época mostrándose como expresión de la modernización y la racionalidad, de la reivindicación del Estado, de la eficiencia como concreción de la democracia. Tras su triunfo en las elecciones pasadas el presidente Correa hace un llamado a radicalizar el proceso y construir el socialismo del siglo XXI. Cuando se discutía ese horizonte, viene el Decreto Ejecutivo 1780, más conocido como Decreto de evangelización.

Este Decreto pone de manifiesto más contradicciones internas en el discurso del Gobierno. Recordemos que reestablecer el Estado como eje del desarrollo y de la democracia es el núcleo duro del proyecto de Correa. Bajo esta perspectiva ha implementado una serie de políticas en lo financiero, económico, infraestructura, servicios públicos, deportes, telecomunicaciones, educación, etc. Al encomendar, mediante decreto, territorios (Amazonía, Esmeraldas y Galápagos) a varias órdenes religiosas católicas para que trabajen por el desarrollo y el fortalecimiento cultural, no solo que resta sustento a su propio discurso, además reaviva el imaginario de una institución colonial condenada por la historia al panteón de la infamia: Las encomiendas, cuyo objetivo era aprovecharse socioeconómicamente del trabajo y las tierras de los naturales; a cambio, los conquistadores se comprometían a evangelizarlos. En la práctica fue un mecanismo de explotación o semiesclavitud. Más allá de los objetivos y del discurso neocolonial del Decreto, llama la atención sobre su pertinencia y circunstancias: se entrega jurisdicción territorial a la iglesia, o a una parte de ella, en una amplia zona socialmente sensible, donde las transnacionales petroleras, mineras y madereras enfrentan tensas relaciones, por decir lo menos, con las nacionalidades indígenas por la nueva Ley minera, los proyectos mineros a gran escala y la propuesta de Código Ambiental. En lo inmediato la CONFENIAE, organización que agrupa a los indígenas amazónicos, ya ha rechazado este decreto.

Por otro lado, el decreto hace énfasis en la facultad de la iglesia para que establezca, con el apoyo financiero del Estado, centros educativos en los niveles iniciales, básico, medio, de profesionalización artesanal, incluso en el ámbito del sistema de educación bilingüe intercultural. Recordemos que el argumento central para integrar dentro del Ministerio de Educación a la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe fue la potestad absoluta que el Estado y el Gobierno tenían sobre la educación, apartando con esto a las nacionalidades indígenas de la dirección del sistema. ¿Por qué los indígenas no y la iglesia sí?

¿Obedece a una disputa o a un prejuicio? Sabemos que el Gobierno no da puntadas sin hilo, ¿cuál es ese hilo en esta puntada?

Resulta paradójico que un Presidente que se reclama descendiente directo de Eloy Alfaro dé un inesperado golpe al laicismo.

¿Será que el Gobierno encontró la formula para conjugar el socialismo del siglo XXI con el colonialismo del siglo XVI?