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El país ya es de todos, menos de los indios

Luis Maldonado Ruiz

Quito, 2 de octubre de 2009

Los últimos acontecimientos entorno a la lucha por el agua reeditan la tradicional relación del Estado con los pueblos indígenas. La historia se repite, la colonialidad del poder sigue intacta. En la Colonia los gobiernos entendieron que las sublevaciones indígenas eran cosa de bárbaros poseídos por los demonios, en la época republicana, ya entrado el siglo XX, los gobiernos de derecha vieron en los levantamientos indígenas el fantasma del comunismo, los social demócratas denunciaron la manipulación de agitadores profesionales externos en el interior del movimiento indígena. En cambio hoy, la llamada revolución ciudadana, mira en las movilizaciones indígenas la amenaza de la derecha y el fantasma de la conspiración. En definitiva, desde siempre, las clases políticas enquistadas en el poder, no han reconocido en las nacionalidades y pueblos originarios su condición de sujetos y actores políticos. Al igual que en la Colonia se sigue pensando que son hermanos menores de edad a los que hay que cuidar para que no sean manipulados o usados, pues se asume que son personas disminuidas sin voluntad propia, y en el mejor de los casos, gente ingenua que se deja engañar.

Sólo así se entiende la situación actual.

El gobierno, igual que los medios de comunicación, parten de supuestos falaces, cuando afirman categóricamente la división del movimiento indígena con el fin de descalificarlo, para ello, toman como referencia las opiniones diversas e incluso antagónicas de algunos partidarios indígenas del gobierno identificados como indígenas solo por su apariencia. Lamentablemente, muy poco esfuerzo se realiza para conocer el proceso histórico y político de uno de los movimientos sociales más importantes del país y del continente.

Obviamente, ignorando ese proceso histórico, se piensa que todos los indígenas son iguales, cuando en realidad, como consecuencia de su articulación asimétrica con el mercado, la sociedad y el Estado, existe una diversidad de sectores sociales que han emergido en el último siglo, y de estos sectores han surgido organizaciones gremiales de campesinos, comerciantes, profesionales, colonos, emigrantes urbanos, iglesias cristianas y protestantes, etc., algunos de los cuales se han asociado a centrales sindicales y religiosas. Es a este tipo de organización que, se supone, el Presidente las llama corporativas, con cierto repudio, tanto por su visión contraria a todo ente colectivo organizado, cuanto porque las demandas de estas organizaciones se limitan a la defensa de sus intereses particulares. Aunque vale observar que muchas de estas organizaciones forman parte del gobierno y de su partido.

Estas organizaciones ocasionalmente se han unido a la CONAIE en algunos levantamientos indígenas decisivos en la vida política del país, de lo cual, como es conocido, han sido las principales usufructuarias de las conquistas y beneficios alcanzados. Esto ha determinado la necesidad de acuñar lo indígena en sus agendas, pero por su naturaleza social e ideología partidaria, no han comulgado con el proyecto político y visión de país de la CONAIE, derivando en rivalidades o celos políticos, aunque han demandado ser reconocidas o se han autodefinido como parte del movimiento indígena, a pesar de sus diferencias. Como se puede apreciar, lo que el gobierno y también los medios de comunicación entienden por movimiento indígena es a esta sumatoria de sectores, sin más. Por tanto, cuando se manifiestan diferencias que son obvias, creen constatar una división del movimiento indígena. Lógica utilitaria y funcional utilizada frecuentemente, cuando de desprestigiar y deslegitimar se trata.

Es más, nunca ha existido entre estas organizaciones gremiales una unicidad, ni en visiones de vida y propuestas políticas, ni en propuestas programáticas. Vinculadas a los partidos de la izquierda tradicional, las divisiones y subdivisiones de estos partidos han incidido en su desconcierto; y a esto se debe que en un momento están unidos a la CONAIE y en la mayoría de las ocasiones reiteradamente más bien han estado opuestas a varios de los postulados de la CONAIE e incluso contrarias a su propio surgimiento (década de los 70 y 80) por considerarlo una amenaza a sus pretensiones hegemonistas gremiales.

La CONAIE es una organización nacional, representativa de las entidades históricas territoriales y comunitarias, que se han autodefinido como Nacionalidades y Pueblos y, representa a sus autoridades comunitarias tradicionales, por tanto su carácter de entidades históricas anteriores a la existencia del Estado Ecuatoriano, trasciende la apreciación que se tiene de ella como un simple gremio. Es la organización que emerge afirmando su identidad y cultura, y proclamando la necesidad de construir un nuevo Estado que incluya a todos los pueblos y culturas, expresa la necesidad de superar la situación colonial vigente, para ello convoca a abolir todo tipo de opresión y explotación Esta característica la encontramos en el hecho de que, a pesar de 500 años de sometimiento y explotación ha formulado una propuesta política incluyente, dirigida al país en su conjunto. La CONAIE proclama la impostergable necesidad de reencontrarse y mirarse frente a frente los ecuatorianos como hermanos, sacudiéndose de estas taras coloniales y buscando en la emancipación y transformación social, política y cultural un futuro común para todos y todas.

Este proyecto es entendido por el movimiento indígena como factible solo combatiendo radicalmente al neoliberalismo y fortaleciendo la democracia participativa como vía idónea para transformar al país; postura y acción que ha venido impulsando en los últimos 25 años, en conjunto con diversos sectores sociales y populares, proceso del cual es beneficiario el actual gobierno.

Es justo recordar su compromiso con el país y los intereses nacionales en las grandes movilizaciones contra el neoliberalismo y sus gobiernos, proclamando nada solo para los indios, renuncia consciente y voluntaria a sus legítimos intereses y demandas, elevando esta conducta a principio ético político necesario para un diálogo intercultural y la construcción de una sociedad justa e equitativa. Esta práctica le llevó a convertirse, en los momentos más álgidos de la vida política del Ecuador, en un actor político nacional, ganado a pulso propio. Es decir: sin padrinos, ni tutores, enarbolando la propuesta de construir un Estado Plurinacional.

Hoy, como siempre, las nacionalidades y pueblos indígenas han tenido que recurrir a las movilizaciones para afirmar su presencia y su nivel de organización e incluso ofrendar vidas humanas, para que el gobierno los reconozca como interlocutores válidos y acepte dialogar con su organización legítima, la CONAIE. Como la historia lo demuestra, la movilización social ha sido la única forma de ser visibilizados, escuchados, ante la exclusión, el marginamiento y los prejuicios creados en torno a su lucha y compromiso con el país.

Amerita por tanto, la urgencia de establecer un diálogo verdadero, transparente e histórico, con este actor social y político colectivo que ha venido decididamente aportando para la refundación del país. Sin embargo, para ello hay que esclarecer las razones políticas e inclusive personales que han llevado al Presidente de la República a excluir a la CONAIE de todo diálogo, a pesar de que, como dice él mismo; tenemos cosas más en común que diferencias, en realidad esta es una situación incomprensible.

Es necesario un cambio de actitud radical, preocupa y genera desconfianza, cuando el Presidente afirma que siempre han estado abiertas las puertas para el dialogo con la CONAIE, cuando es evidente, público y notorio la distancia y el desprecio mantenidos por él.

El Presidente ha puesto énfasis en acusaciones públicas de corrupción de los dirigentes de la CONAIE, aunque nunca se han mencionado nombres y casos concretos. Ha afirmado que la dirigencia indígena es caduca y retrógrada, sin embargo, a todo el país le consta que durante los debates en Montecristi los aportes más novedosos de la Constitución y de la retórica gubernamental corresponden a la agenda política histórica de esta organización. En las cadenas nacionales y especialmente en los últimos días, el Presidente ha calificado a los dirigentes de esta organización como revoltosos, locos, ponchos dorados, pelucones, y a la movilización como un completo fracaso, afirmando además que antes de sentarme a dialogar con la CONAIE primero me voy a la casa...pero sin ningún rubor, ante la trascendencia política de las acciones, que incluyen un indígena shuar muerto durante las confrontaciones inevitables, invita a las mismas personas denigradas a dialogar, pretendiendo con este súbito trato civilizado asumir la actitud que normalmente se espera de un mandatario.

La desconfianza por parte de los líderes indígenas es comprensible, pero es necesario dialogar por el bien de todo el país. Debe valorarse el hecho de que para los pueblos indígenas un principio ordenador de su vida, es el diálogo, por ello se afirma que el dialogo es sagrado y por tanto la palabra. Hay que recuperar el valor de la palabra dada. Sin embargo, no se observan signos favorables que propicie el Presidente cuando agrega más leña al fuego, con cadenas nacionales y señalamientos acusatorios.

El dialogo como principio de convivencia humana de la cual emana la armonía, es necesario adoptarlo también como principio y práctica de gobierno para construir la nueva sociedad que todos anhelamos. De esta manera, iniciando un dialogo intercultural, es posible que se superen ciertos prejuicios, que lo indio sea valorado, que la diferencia no sea sinónimo de inferioridad, que las identidades ancestrales propias no sean vistas como amenaza al ciudadano occidental. Esto sólo se logra con un arduo proceso de descolonización de las mentes y de las instituciones del Estado.

Finalmente, el diálogo debe ser tratado con una dimensión nacional, es decir, no se trata de reivindicaciones puntuales, que si bien hay que tomar muy en cuenta, se trata ante todo de un problema histórico que involucra a toda la sociedad y que tiene que ver con la organización del Estado, del Estado Plurinacional, tal como se alcanzó a caracterizarlo en Montecristi, en donde estas entidades indígenas históricas deben formar parte constitutiva determinante, es decir direccionadora de una nueva visión societal y estatal, en la cual la vigencia de los derechos colectivos, de los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, etc., son los pilares del Ecuador del futuro. Esto requiere buscar acuerdos fundamentales y el apoyo necesario para hacerlo efectivo y no de la forma marginal como hasta ahora se ha tratado, especialmente por la ignorancia de los funcionarios gubernamentales.

Se requiere por tanto, tratar el tema de la participación y representación como entidades históricas colectivas, esto es, con sus formas de autonomía y gobierno propio, según sus usos y costumbres. Esta participación y representación en las diversas entidades estatales y de gobierno, nacional y local deben concretarse en las instancias donde realmente se toman las decisiones políticas.

La administración y manejo de los recursos naturales, superando el imperativo sin más del llamado interés nacional, que a menudo no toma en cuenta que dentro de aquellos intereses nacionales deben estar contemplados significativamente los intereses y derechos de los pueblos indígenas. La grave situación de empobrecimiento y contaminación que atentan contra la vida en general en el planeta, es un imperativo político. Sobradamente se debe entender que su forma de vida y sus prácticas ambientales, son autoridad suficiente para tomar en cuenta sus preocupaciones y demandas al respecto.

Incluir en la práctica la concepción de que la madre naturaleza es un ser vivo del cual nosotros somos parte (paradigma civilizatorio), en la que nuestra misión como seres humanos es restablecer y mantener las relaciones armoniosas que mantienen la vida. Esta tesis, implica superar definitivamente la noción neoliberal que entiende el derecho de señorío del ser humano sobre la Pachamama, con derecho exclusivo de dominio y explotación con el único fin de enriquecerse. Este egoísmo esquizofrénico que destruye el alma, debe ser extirpado desde la educación y también desde un gran debate nacional que defina los grandes objetivos plurinacionales del Sumak Kausay, redefiniendo el plan nacional, la formulación de las políticas públicas estatales (no solo gubernamentales) participativas, y estableciendo mecanismos de seguimiento y monitoreo de su cumplimiento, tal como lo señala la Constitución.

La formulación de las leyes que viabilicen los derechos contemplados en la Constitución deben realizarse garantizando la más amplia participación de la sociedad y en especial de las Nacionalidades y Pueblos indígenas, valorando sus propuestas, sin la argucia de mostrar exclusivamente, como queda evidenciado, el respaldo clientelar de las organizaciones partidarias del gobierno. Los apuros ya han mostrado sus nefastas consecuencias.

El Presidente Correa tiene en sus manos su propio destino como gobernante. La CONAIE, como interlocutor legítimo de los intereses y visión política de los pueblos y nacionalidades, trasciende a un simple período gubernamental. Es de esperar que el mandatario asuma en consecuencia un rol positivo de cambio.

Nota sobre el autor: Presidente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.

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