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Denuncia ante OEA y ONU: La liquidación de la Fundación Mariana de Jesús es una burda retaliación política

Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo S.J. (CSMM)

Boletín de prensa

Quito, 15 de febrero de 2005

Com. 520-CSMM-05

La intervención de la Fundación Mariana de Jesús ordenada por las autoridades del Ministerio de Bienestar Social forma parte de las reiteradas disposiciones ilícitas e ilegítimas en las que el actual gobierno de Lucio Gutiérrez se encuentra empeñado con el propósito de impedir y reprimir cualquier cuestionamiento a sus continuas violaciones constitucionales, declaró Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo SJ".

El nombramiento de un liquidador, el allanamiento de las instalaciones, el desalojo de los empleados, la incautación de archivos y las órdenes emitidas para bloquear las cuentas de la Fundación Mariana de Jesús, están plagadas de irregularidades y carecen de fundamentos jurídicos, pues se han violado las garantías del debido proceso, agregó.

Para De la Vega esta ilícita disolución y liquidación de una organización no gubernamental de derechos económicos, sociales y culturales, bajo la responsabilidad de la Compañía de Jesús, es una retaliación política contra los jesuitas, una de cuyas instituciones académicas, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a través de su Facultad de Jurisprudencia, ha sido frontal en cuestionar la destitución y reemplazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la mayoría "institucional" del Congreso Nacional, la madrugada del 9 de diciembre del año pasado, siguiendo procedimientos ilegales e inconstitucionales.

Del mismo modo, para este defensor de derechos humanos, esta pretendida liquidación también puede interpretarse como una acción intimidatoria a las organizaciones que protestaron contra el Ministerio de Bienestar Social por no haber entregado 10 millones de dólares a Operación Rescate Infantil (ORI), para la conformación del Fondo de Desarrollo de la Infancia (FODIN).

Este nuevo hecho ilícito e ilegítimo será puesto en conocimiento inmediato de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, Hina Jilani, y de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/OEA), a fin de solicitar su intervención, según el mandato otorgado por la comunidad internacional, concluyó.

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montesdh@andinanet.net, montesdh@hotmail.com
Casilla postal: 17-08-8069, Quito-Ecuador

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