Quito, 27 de marzo de 2005
"Natural solo es como hebra de poncho,
que fácilmente se rompe.
A natural unidos,
como poncho tejido
nadie podrá doblegar"
Desde hoy en horas de la mañana desde las provincias del Azuay, Loja y Zamora delegaciones de mujeres, partieron hacia Macará, donde se concentraran con delegaciones de mujeres y hombres de todos los sectores, para preparar el recibimiento a las delegaciones que llegarán desde el sur.
La delegación ecuatoriana se concentrará cerca del Puente Binacional en Macará con la finalidad de coordinar acciones con todos los sectores, para recibir a la delegación que llega desde Perú. La delegación de ECUARUNARI, esta compuesto básicamente por compañeras miembros de base desde Azuay, Loja y Zamora, que encabeza la compañera Concepción Lagua, dirigente de mujer y familia del Consejo de Gobierno de ECUARUNARI.
Con un programa especial, a partir de las 10h00, esta previsto realizar un acto en el puente binacional en Macará, para el recibimiento de la Carta de las Mujeres para la Humanidad y de la Manta de la Solidaridad, con delegaciones de Perú y Ecuador.
Patricio Zhingri, Dirigente Comunicación
8 de marzo a 17 de octubre 2005
En Ecuador compartimos el anhelo y las luchas para construir un mundo distinto, basado en la igualdad, la libertad, la solidaridad, la justicia y la paz. Uno de los pilares para levantar esta realidad diferente en el país son los aportes de las mujeres para sostener la vida: hemos cuidado a generaciones de gente; hemos aportado con conocimientos claves en biodiversidad y agricultura y los hemos preservado; hemos creado y sostenido comunidades y redes de sociales, que permiten mejorar las condiciones de vida en el medio rural y en el urbano. Revalorizar, defender, compartir el trabajo contenido en estos aportes es uno de los cambios urgentes que hoy proponemos.
Otro de los recursos disponibles para construir un país diferente para mujeres y hombres son los derechos y enunciados de la Constitución vigente, algunos de los cuales nos sitúan como uno de los países más avanzados, aunque sólo en el papel. Es hora de hacer un verdadero compromiso para aplicarlos a plenitud, desarrollando políticas, fortaleciendo instituciones públicas, redefiniendo completamente las prioridades presupuestarias para poner por delante el bienestar de la gente y los derechos humanos, no el pago de la deuda y el control privado y concentrador de riquezas y de la vida misma.
Vivimos momentos de definiciones cruciales, que pueden significar el cierre por largo tiempo de caminos de cambio, pues se pretende imponer instrumentos nefastos como el TLC y la Ley Topo, y vemos extenderse el autoritarismo junto con los compromisos del gobierno con el Plan Colombia y con las políticas estadounidenses de hegemonía.
En este marco, hacemos nuestra la visión y afirmaciones de la Carta de las Mujeres para la Humanidad, y expresamos estos planteamientos específicos para el Ecuador de estos días:
Rechazamos las negociaciones del TLC, que se dan en condiciones de total asimetría y sometimiento. Su eventual aplicación supone destrucción de la producción nacional y de modos de vida como el indígena y campesino; apropiación privada extranjera de recursos básicos como el agua; afectación de los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo digno; anulación de soberanía.
Nosotras tenemos derecho a decidir nuestro presente y futuro, por eso exigimos Consulta Popular sobre el TLC.
Exigimos al Congreso Nacional que asuma un papel responsable y digno, resistiéndose a ser una instancia de mero trámite para aprobar el TLC. Al contrario, como garante de la Constitución ecuatoriana, debe negar ese tratado que atenta contra sus principios básicos.
Alentamos una política internacional soberana, que fortalezca los lazos de cooperación, solidaridad, identidad compartida con países de nuestro continente y del mundo. Las relaciones comerciales deben ser tratadas como instrumento de equidad y bienestar, no como uno de explotación y depredación.
Rechazamos las recientes reformas laborales, que agudizan el esquema neoliberal de ‘flexibilizaciòn’, contrario a nuestros derechos; demandamos un marco legal que restaure y amplíe derechos laborales, y se oriente especialmente a erradicar distintas formas de discriminación.
Decimos No a la "Ley Topo" o "Ley Combo", nuevo paso en el camino de las privatizaciones y del dominio del mercado, que atenta contra nuestros derechos básicos a la salud, a la educación, a la seguridad social. Es hora de poner freno al modelo privatizador e impulsar políticas de desarrollo soberanas.
Demandamos la cabal aplicación de estos enunciados constitucionales:
"El Estado velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para el mejoramiento de las condiciones trabajo (de las mujeres), y por el acceso a los sistemas de seguridad social...."
"Se reconoce como labor productiva el trabajo doméstico no remunerado" (Art. 36).
La violencia, en distintas expresiones, es un deplorable componente del ejercicio del poder. En estos días se despliega a través del autoritarismo del gobierno, del desconocimiento a instituciones básicas del sistema democrático, de la acción impune de guardias de choque, de la ausencia de garantías ciudadanas. Demandamos el inmediato restablecimiento del orden de derecho, directamente ligado con el impulso de nuestras reivindicaciones.
El espacio para ejercer las libertades inherentes a decidir sobre nuestro cuerpo y fertilidad es muy limitado, tanto por poderes y políticas públicos como por sinrazones privadas. La reciente anulación del acceso a un recurso como la anticoncepción de emergencia es una muestra de los persistentes obstáculos a estas libertades. Demandamos el pleno acceso a este recurso.
Defendemos el libre desarrollo de formas de vida y de la cosmovisión de las mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas, ahora amenazadas de exterminio a través del TLC y de políticas imperialistas. Rechazamos la manipulación e intervención divisionista del gobierno en sus organizaciones y entidades. Reconocemos que principios como la solidaridad y la reciprocidad, preservados por las comunidades y mujeres indígenas, son base y ejemplo del mundo que queremos.
Demandamos el inmediato tratamiento y aprobación del proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Eliminar Toda Forma de Discriminación, presentada por un entorno diverso y amplio de organizaciones.
Demandamos la plena aplicación del derecho humano y constitucional de "tomar decisiones libres y responsables sobre la vida sexual... " (art. 23)
Planteamos una política internacional de solidaridad, cooperación, dignidad y no sometimiento a poderes hegemónicos.
Defendemos los recursos naturales como bienes públicos. Decimos no a su mercantilización y privatización. El agua, los páramos, los bosques, las riquezas del suelo y subsuelo, etc. son el sustento de la vida, son nuestros y soberanos.
Denunciamos la manipulación y apropiación extranjera de información genética de los pueblos originarios. El Estado debe tomar medidas de protección y recuperación.
Defendemos la agricultura campesina y los conocimientos ancestrales de las mujeres como base de la soberanía alimentaria. Preservarlos y garantizar su desarrollo es la clave del presente y futuro.
Denunciamos el fomento de antivalores de competencia e individualismo y reivindicamos una cultura de la solidaridad.
Nos declaramos como las principales perjudicadas por una economía del egoísmo, el lucro y la concentración. La deuda incalculable con las mujeres debe empezar a ser pagada.
Denunciamos la manipulación irresponsable del poder judicial, atrapado en un sórdido conflicto de intereses. Las Cortes de Justicia deben ser reorganizadas con apego a la independencia de poderes, a los mandatos constitucionales, y al equidad de género en su composición.
El acoso sexual es un mal presente en todos los espacios públicos y privados. Exigimos medidas eficaces para sancionarlo y erradicarlo, al igual que para hacer frente a fenómenos que vienen de la mano con el imperio del mercado, como es la pornografía infantil.
Exigimos justicia social y económica, verdaderas políticas sociales y de redistribución que atiendan los derechos fundamentales de las mujeres. Para ello es urgente, entre otras cosas, redefinir el esquema de saqueo de recursos que representa el pago de la deuda.
Demandamos solución clara y sostenida al recurrente conflicto que debilita la salud pública. Nuestros derechos, así como los de las trabajadoras/es del sector están constantemente afectados por la asfixia privatizadora a que se somete a estos servicios.
Defendemos una seguridad humana basada en los derechos y la igualdad, no en mecanismos de represión y violencia.
Vemos con alarma y dolor el sometimiento del país al Plan Colombia y a las políticas militaristas imperiales. Es preciso que el país se oriente por caminos soberanos, de autonomía y promoción de la paz en el escenario regional y mundial.
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