Las organizaciones de migrantes, desplazados (as) y refugiados (as), que suscribimos la presente declaración, al término de nuestro I Encuentro Nacional en la ciudad de Manta, Ecuador, durante los días 16 al 18 de marzo de 2005, declaramos:
Lejos de significar mayor empleo y elevación de la calidad de vida, la Base de Manta se ha convertido en un enclave que propicia la degradación de nuestras jóvenes, interfiere en la actividad de nuestros pescadores y hasta restringe el derecho a migrar de quienes se ven forzados a hacerlo por la depresión económica que afecta a amplios sectores de nuestro país, en ausencia de un auténtico y amplio plan nacional de desarrollo.
Exigimos, por ello, la cancelación inmediata del contrato por el cual se ha concedido esta base a los EE.UU., sin esperar a que se cumplan los 10 años renovables del mismo.
La negociación no está contemplando compensaciones ni salvaguardias para equilibrar las enormes desigualdades y asimetrías entre EE.UU. y los países andinos. Ni menos acuerdos de Política Migratoria que pudieran no sólo resguardar mejor los derechos humanos de los ecuatorianos y latinoamericanos que viven y van a los EE.UU., sino que también su mejor aporte al desarrollo de nuestros países, no sólo en términos de reservas, sino que con sus capacidades profesionales, laborales y humanas.
Nos pronunciamos, por ello, en contra de este TLC y a favor de una integración económica, política, social y cultural de los pueblos y de los países de la Comunidad Andina y del MERCOSUR, de manera de conformar un bloque político y económico con mayor soberanía y poder negociador en el mundo actual.
Las fumigaciones, que dañan la salud humana y el medio ambiente, así como la militarización de la zona fronteriza, que sume en la inseguridad y el desamparo a las comunidades, no deben continuar. El gobierno ecuatoriano debe cesar inmediata y totalmente su complicidad con el Plan Colombia y reclamar del daño que el mismo está significando para nuestro desarrollo democrático y sostenible, así como debe canalizar el apoyo económico y de servicios sociales que los desplazados y refugiados se merecen como personas investidas de derechos.
Exigimos que las autoridades de nuestros países de origen, tránsito y destino, respeten a plenitud los derechos de los migrantes, desplazados y refugiados. Nuestros derechos como personas y ciudadanos no pueden ser desconocidos ni menoscabados por el simple hecho de cruzar una frontera. Esto implica, la exigencia de una inmediata regularización migratoria, sin condiciones, de los migrantes y refugiados, así como la inclusión de las necesidades básicas de la población migrante, refugiada y desplazada en las políticas públicas del país receptor. Exigimos, en particular, que el gobierno del Ecuador y de otros países sudamericanos emplacen al gobierno de España para que se otorgue un mayor plazo para la regularización migratoria, sin mayores condiciones y requisitos de nuestros compatriotas.
Exhortamos a nuestros gobiernos latinoamericanos a suscribir acuerdos que faciliten los movimientos humanos intraregionales y de las migraciones sur-norte y a que enfrenten estas negociaciones en un solo bloque sudamericano, reuniendo las potencialidades y experiencias de la Comunidad Andina y del MERCOSUR.
Manta, 18 de marzo 2005
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