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Las organizaciones de Derechos Humanos al País

Comunicado Conjunto

Quito, 16 de abril de 2005

Considerando:

  1. Las violaciones sistemáticas de la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano, por el actual régimen presidido por el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, que han contribuido a la ruptura del Estado de Derecho.
  2. Que las intervenciones del Ejecutivo en el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y, por dos ocasiones, la Corte Suprema de Justicia, provocan un grave daño a la institucionalidad pública y a la democracia en el país
  3. La politización que ha contaminado las cortes y tribunales, reconocida por el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, que recomienda que el país retorno al Estado de Derecho. Así como las recomendaciones de la Misión Internacional de Derechos Humanos que visitó el país en días pasados.
  4. El injustificado, innecesario e inconstitucional decreto de emergencia que establece como Zona de Seguridad la ciudad de Quito, sin reunir los requisitos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para la declaración y manutención de situaciones de emergencia.

Manifiestan:

  1. Su profunda consternación por la actual coyuntura político-jurídica, generada por el Ejecutivo y las consecuencias para el Imperio de la Ley en el país que ha generado un estado de anomia que pone en riesgo la vida de la nación y de sus ciudadanos
  2. La emergente necesidad de encontrar una salida democrática, participativa y ciudadana a la actual crisis, que nos permita construir un estado social y democrático de Derecho, en el que participe de manera proactiva la sociedad civil, con acompañamiento de la comunidad internacional
  3. Su respaldo a las recomendaciones del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, y su exhorto a la comunidad internacional, a la sociedad civil, a las iglesias, a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a los movimientos sociales, para vigilar y supervisar su plena implementación
  4. Su cuestionamiento a la decisión presidencial de declarar en estado de emergencia a la capital ecuatoriana, motivo por el cual presentamos una acción de amparo ante el juez 14 de lo penal que resolvió suspender provisionalmente los efectos del decreto de emergencia, porque éste carece de motivos legítimos y no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos.
  5. Y, finalmente, un nuevo llamado a los órganos internacionales de vigilancia de los derechos humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al sistema de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, a los Estados democráticos del mundo y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a intervenir de manera urgente ante la actual situación político-jurídica en el país.

Alexis Ponce
Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)

Galo Chiriboga
Asociación Americana de Juristas (AAJ, Rama Ecuador)

Gustavo Larrea
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos

Francisco López-Bermúdez
Auditoría Democrática Andina

Patricio Pazmiño
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)

Pablo de la Vega
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)

Ximena Gudiño
Colectivo Pro Derechos Humanos (ProDH)

Fernando Gutiérrez
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)

Jhonny Jiménez
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)

Fidel Narvaez
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD-Ecuador)

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