Bogotá, 23 de junio de 2005
ONGs colombianas e internacionales y la ONIC piden al Congreso de EEUU repensar el Plan Colombia y apoyar proyectos alternativos en lugar de fumigar parques nacionales.
Honorables Miembros del Congreso de los Estados Unidos,
Respetuosamente solicitamos que no permitan la erradicación aérea en los Parques Nacionales Colombianos, como parte del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos del Plan Colombia. En su lugar, requerimos que el Congreso de los EEUU apoye y amplíe los proyectos de desarrollo alternativo sostenibles que se están ejecutando en Colombia, y que se implementen en políticas alternativas a la fumigación aérea, incluyendo la erradicación manual, de la misma manera que se ha hecho en Bolivia, Perú e incluso Guatemala.
Nuestra petición se fundamenta en que el PECIG no ha mostrado su efectividad como una herramienta para la destrucción de cultivos de coca y de amapola y al contrario, esta causando impactos negativos principalmente a las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y a ecosistemas estratégicos en Colombia. Al contrario, se ha evidenciado que el programa de fumigación promueve el desplazamiento de estos cultivos a otros departamentos y zonas alejadas, agrava el desplazamiento interno, destruye cultivos de alimentos, contamina fuentes de agua vitales para la sobrevivencia de las comunidades, y causa impactos ambientales directos e indirectos. Aunado a ello, la implementación de la política de erradicación aérea ha desconocido múltiples normas nacionales e internacionales obligatorias para Colombia, debilitando el Estado de Derecho en su ejecución.
Después de cinco años de implementación masiva de las fumigaciones, la política no ha demostrado ser efectiva. En la ejecución del Plan Colombia se han gastado más de USD $4 mil millones provenientes del gobierno estadounidense, que se suma a lo invertido por el gobierno colombiano y otras fuentes de ayuda de cooperación internacional. Al comienzo del Plan Colombia había más de 171,000 hectáreas (ha) de cultivos ilícitos en Colombia. Cuatro años después se había fumigado más de cuatro veces esta cantidad (752.327ha) ; sin embargo en diciembre de 2004 todavía quedaban más de 116,000 ha de cultivos ilícitos. La falta de efectividad es evidente.
Está ampliamente demostrado que la erradicación aérea desplaza los cultivos a zonas donde antes no existían, causando mayor deforestación y erosión de la biodiversidad. Al comienzo del Plan Colombia había cultivos de coca y de amapola en 12 departamentos, ahora están presentes en 23 de los 32 departamentos Colombianos. Esto claramente causa graves daños ambientales en zonas ecológicamente sensibles de Colombia como la Cuenca Amazónica.
Durante el 2004 y lo que lleva del 2005, diferentes comunidades de los departamentos de Chocó, Magdalena y Norte de Santander, denunciaron afectaciones a la salud, destrucción de cultivos de alimentos y contaminación del agua debido a las fumigaciones. Por ejemplo, la comunidad indígena Eperara Siapidaara denunció la muerte y enfermedad de niños y el desplazamiento forzado debido a las fumigaciones ocurridas a finales de abril del 2005. Estas quejas se suman a las presentadas por comunidades en diversas áreas desde diciembre de 2000 cuando comenzó el PECIG. Ante las autoridades colombianas reposan más de 8,000 denuncias de daños, sin que hayan sido apropiadamente investigadas, argumentando la inocuidad de la mezcla utilizada y la dificultad en las investigaciones. Esto es particularmente preocupante, considerando recientes investigaciones que evidencian impactos que el Roundup, el glifosato y los surfactantes que se usan en Colombia pueden causar impactos adversos, particularmente en los seres humanos y en anfibios y otros animales acuáticos.
Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos todavía no tienen estudios creíbles que les permitan concluir que la fumigación no afecta el ambiente o la salud humana. Recientemente un estudio realizado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, CICAD-OEA, concluyó que el glifosato y el Cosmo-flux (sustancias usadas para la fumigación) de la forma como se estaban usando "no representaba un riesgo significativo para la salud humana" y que los riesgos para el ambiente eran pocos o nulos. Sin embargo, el estudio reconoció que "las exposiciones de humanos al glifosato bajo las condiciones de uso no se pudieron medir directamente en los cultivadores de cultivos ilícitos", que para la exposición a organismos acuáticos "se desconoce la frecuencia de presentación y la magnitud en la que sucede, y no había datos disponibles sobre la proximidad de las aguas superficiales a los cultivos de coca". Lo anterior evidencia que incluso después de la realización del estudio de la OEA-CICAD, en Colombia aún hacen falta las investigaciones necesarias para concluir que efectivamente no se causan daños ambientales o en la salud humana.
El PECIG ha sido objeto de varias demandas judiciales ante las cortes colombianas, cuyas decisiones se han ignorado. Particularmente, se ha incumplido el Plan de Manejo Ambiental aprobado en 2001 con los requisitos particulares de mitigación e investigación de los impactos, y la confirmación de la Corte Constitucional de consultar a las comunidades indígenas y tribales cuando el PECIG afecte sus erritorios.
Por ejemplo recientemente, se han fumigado territorios de las comunidades indígenas Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta, Eperara Siapidaaraen la Costa Pacífica de Nariño, y de comunidades afrocolombianas en el Chocó, sin que estas comunidades hubieran sido consultadas previamente. El anuncio nuevamente de la fumigación de los Parques Naturales Nacionales colombianos, a pesar que la ley específicamente prohíbe estas actividades, es la prueba fehaciente del debilitamiento del Estado de Derecho.
Debido a que los proyectos de desarrollo alternativo brindan un sostenimiento a los cultivadores de coca y de amapola, éstos han demostrado ser más efectivos para la erradicación de cultivos ilícitos. De hecho, estos programas pueden ayudar a proteger los ecosistemas estratégicos que están localizados en áreas de riesgo. Ejemplo de lo anterior es la estrategia de "Sistemas Sostenibles para la Conservación" de la Unidad de Parques Nacionales Naturales adelantada desde hace más de 4 años, que beneficia a más de 11,000 familias, conformando cinturones de protección alrededor de 18 áreas del Sistema de Parques Colombiano. Vale la pena mencionar también el proyecto de erradicación manual con apoyo del Gobierno Holandés iniciado recientemente para las áreas de Parques localizadas en la Sierra Nevada de Santa Marta y la cuenca del Río Guayabero.
Sin embargo, estos proyectos corren el riesgo de perder su financiamiento pues si los Parques Nacionales son fumigados, varios gobiernos extranjeros y agencias de cooperación internacional retirarían su apoyo, como ya lo han anunciado. Adicionalmente, se han fumigado accidentalmente varios de estos cultivos con lo cual se ha anula la posibilidad de éxito de dichos proyectos, demostrando la incompatibilidad de la erradicación aérea con la sostenibilidad de iniciativas de desarrollo rural en Colombia. Finalmente, si bien se han implementado algunos proyectos de desarrollo alternativo como parte del Plan Colombia, estos no se han desarrollado de forma integral y consistente. Por ende, es necesario apoyar de manera consistente proyectos a mediano y largo plazo, que verdaderamente signifiquen una alternativa de sostenimiento económico para los cultivadores de coca y de amapola.
Por todo lo anterior, recurrimos al Honorable Congreso de los Estados Unidos para que en lugar de apoyar la erradicación aérea en Colombia utilice de manera más eficiente los fondos, sin afectar la salud y el ambiente, financiando integral y consistentemente, proyectos de desarrollo alternativo sostenibles. Especialmente, requerimos que el Honorable Congreso evite daños irreparables a la biodiversidad en Colombia, y no permita la fumigación de los Parques Naturales Nacionales.
Confiamos en el compromiso de los Honorables Congresistas por ayudar a Colombia de manera efectiva y no promover la destrucción ambiental, ni la afectación en la salud de los pobladores colombianos.
Sinceramente,
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