Quito, 5 de agosto de 2005
Com. 595-CSMM-05
La situación de indefensión jurídica en la que se encuentran centenas de inmigrantes indocumentados, privados de libertad en varios centros de detención, demanda una inmediata intervención de las misiones diplomáticas y oficinas consulares acreditadas en el país, para poner término a una perversa cadena de violaciones a sus derechos humanos, dijo Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S. J."
Esta preocupación responde a una de tantas visitas programadas por las organizaciones de derechos humanos a prisiones, cárceles, celdas y calabozos en los que se encuentran decenas de inmigrantes indocumentados, hombres y mujeres, que están sometidos cotidianamente a estafas, extorsiones, violencia física y chantajes sexuales, entre otras violaciones a sus derechos, sostuvo De la Vega.
Una de estas visitas que se efectuó la tarde de ayer y en la que participaron representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y el Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM), permitió constatar la situación de 36 personas, entre hombres y mujeres, la mayoría de ellas de nacionalidad colombiana y peruana, detenidas en dos celdas de aproximadamente 12 metros cuadrados cada una, ubicadas en la planta baja de la Jefatura Provincial de Migración de Pichincha, sin asistencia médica ni jurídica, sin literas ni cobijas, sin alimentación alguna y serias dificultades para comunicarse con sus familiares o abogados.
El Estado ecuatoriano, en este caso mediante las instituciones públicas responsables de la detención y custodia de ciudadanos extranjeros, según las normas y estándares internacionales, está obligado a informar a las misiones diplomáticas y oficinas consulares en el país, sobre la situación de los detenidos extranjeros, sean inmigrantes irregulares o residentes que hayan infringido la legislación penal interna, sostuvo.
De la Vega anunció que las organizaciones de derechos humanos se encuentran implementando un sistema de monitoreo periódico a los procedimientos empleados por el Servicio Nacional de Migración de la Policía Nacional y a las acciones penales de deportación bajo responsabilidad de las Intendencias Generales de Policía, pues graves violaciones a los derechos humanos se cometen en ese proceso, concluyó.
:: http://www.llacta.org ::
