Quito, 18 de agosto de 2005
Organizaciones de la Sociedad Civil e Iglesias demandan del Estado ecuatoriano una emergente implementación de políticas públicas integrales sobre migraciones.
Las organizaciones de la sociedad civil e iglesias vinculadas a la promoción y defensa de los derechos de los y las emigrantes, inmigrantes, refugiados y desplazados, profundamente conmovidos por la trágica desaparición de alrededor de 100 ciudadanos ecuatorianos, hombres y mujeres, en un naufragio ocurrido el pasado viernes 12, frente a las costas colombianas, mientras intentaban llegar a Guatemala con destino a los Estados Unidos de América, expresan su hondo pesar por este lamentable hecho y, a la vez, su solidaridad con las familias de las víctimas.
Del mismo modo, manifiestan su insatisfacción por la persistencia de las causas sociales, políticas y económicas que promueven el flujo permanente de ecuatorianos y ecuatorianas que abandonan cotidianamente el país en búsqueda de mejores oportunidades en otros lugares, en medio de riesgos y circunstancias extremadamente graves, dadas las condiciones de irregularidad en las que emigran, y la inacción y omisión del Estado ecuatoriano que ha sido incapaz de implementar una política pública integral, cuyos beneficiarios sean los emigrantes y sus familias.
La desaparición y presunto fallecimiento de estos ecuatorianos y ecuatorianas es, primero, responsabilidad del Estado y sus organismos e instituciones, caracterizadas por su dispersión y desarticulación, su limitada capacidad de gestión y administración del hecho migratorio, su estrecha visión respecto a la multicausalidad de las migraciones y su escasa coherencia política, jurídica y ética para abordar los retos, desafíos y oportunidades que ofrecen la emigración y la inmigración y, segundo, la débil capacidad de rendición de cuentas y exigibilidad de la sociedad civil para que el Estado cumpla con sus obligaciones y compromisos, desde una perspectiva de derechos humanos.
Igual responsabilidad recae sobre el Congreso Nacional y los partidos políticos que no han logrado adoptar una agenda mínima de compromisos con los miles de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior y sus familias en el país, elaborando y aprobando una nueva normativa que promueva los derechos de los emigrantes e inmigrantes, en armonía con las normas y los estándares internacionales sobre la materia.
Este trágico hecho amerita no sólo una profunda reflexión por las implicaciones humanas, sociales, económicas e incluso políticas que trae consigo, sino que convoca a la implementación inmediata de acciones concretas encaminadas a garantizar el ejercicio de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, independientemente de su condición migratoria, y de sus familias en el país.
Hacemos un llamado público a las autoridades gubernamentales, en especial al Presidente de la República, a los Ministros de Relaciones Exteriores, de Gobierno y Policía, y de Trabajo y Empleo, y a los parlamentarios, a cumplir con sus obligaciones pendientes y a convocar emergentemente a una concertación y diálogo ciudadano sobre este tema.
Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)
Asociación de Familiares de Migrantes Ecuador LLactacaru
Asociación Ruminahui "9 de Enero"
Casa del Migrante
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)
Frente de Derechos Humanos del Azuay
Iglesia Evangélica Luterana "El Adviento"
Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM)
Pastoral de Movilidad Humana del Azuay
Pastoral de Movilidad Humana de Chimborazo
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD, Capítulo Ecuador)
Red de Solidaridad con los Migrantes, Exmigrantes y sus Familias (RSMEF)
Red Migraciones Loja
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM-Ecuador)
[+info]
Luis Túpac-Yupanqui, Quito, tel. (09) 9624-131
Pablo de la Vega, Quito, tel. (09) 5243-777
Franklin Ortíz, Cuenca, tel. (07) 2848-653
Patricia Gutiérrez, Loja, tel. (09) 4091-620
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