Bogotá, 28 de febrero de 2006
En agosto del año 2003, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, les dijo al presidente Alvaro Uribe y a un grupo de empresarios en una reunión en el Palacio de Nariño que eran los colombianos quienes estaban promoviendo un TLC y no su país, y que todos debían entender que "libre comercio es eso: libre comercio". Y para 'dorar la píldora', sostuvo: "Somos socios y amigos".
Colombia quería negociar solo un tratado comercial, sin los países andinos, y E.U. decidió que Perú y Ecuador debían estar... y así se hizo.
Colombia consideraba que el Atpdea, la ley de preferencias arancelarias unilaterales, sería el punto de partida de la negociación y Estados Unidos decidió que se debía comenzar de cero. Y así se hizo.
Colombia creyó que podía negociar la eliminación de algunos subsidios y ayudas que Estados Unidos da a sus productores del campo, pues era la única forma de competir con la producción de ese país. Estados Unidos dijo que eso lo negociaba en la OMC y no en el TLC andino. Y así fue, mientras que Colombia entregó a cambio de nada la protección agrícola de las franjas andinas de precios.
Colombia creía que era un aliado al que Estados Unidos veía como el Israel de América Latina y quiso poner ese elemento como punto de negociación. Y falló: una cosa es el Departamento de Comercio y otra muy distinta el Departamento de Estado.
Colombia creyó que apoyando incondicionalmente a Estados Unidos en la guerra en Irak y en su lucha contra el terrorismo ganaba puntos para negociar el TLC. Pero no fue así y los negociadores gringos siempre hablaron de comercio, no de política.
Colombia creyó que el buen trato personal del presidente Bush hacia el presidente Uribe se vería reflejado en algunas concesiones en materia de libre comercio. Pero ellos siempre lograron independizar lo uno de lo otro.
Colombia creyó que el gigante podría tener consideraciones para corregir asimetrías frente a un país débil. La realidad es que Estados Unidos es el imperio y así lo demuestra, sin importar quién es su interlocutor.
Colombia creyó que podía llevar textos propios para negociar, innovando la tradición norteamericana, pero finalmente comprobó que ese país tiene sus reglas para negociar, y punto.
Colombia creyó que con una movilización empresarial importante en las rondas de negociación, podría 'presionar' o demostrar su poder frente a la contraparte. Lejos de la realidad.
Colombia creyó que podía negociar sin un marco legal, como el que existe en Estados Unidos. Si lo adoptaba, el Gobierno nacional pensaba que era un cambio inconveniente en las reglas de juego. Para los negociadores gringos su marco legal es una herramienta poderosa de negociación que limita las concesiones a otorgar.
Colombia creyó que mostrando su voluntad de firmar, podría obtener concesiones. "Firmar contra viento y marea", como afirmó el presidente Uribe no fue interpretado como un gesto de querer sacar adelante el proceso, sino más bien de estar dispuesto a ceder.
Colombia creyó que el poder del presidente Uribe en persona ablandaría la posición de los negociadores gringos. Luego de la visita, ellos no cambiaron para nada su férrea posición.
La agotadora y desesperante última ronda de negociación del TLC en Washington, demostró lo que nunca se debió perder de vista: si Colombia quiere vender más y ganar espacio en el mercado norteamericano, tiene todo el derecho de hacerlo, como cualquier país. No tiene concesiones ni privilegios.
Después de casi de dos años, el gobierno colombiano y Estados Unidos cerraron la negociación del TLC. Para la administración de Uribe Vélez, el cierre significa la aceptación de todas las exigencias norteamericanas. La famosa estrategia negociadora colombiana que buscaba un tratamiento especial, que pretendía hacer valer su carácter de aliado estratégico de Washington y que había anunciado que defendería el agro y las sensibilidades productivas del país, fue un estruendoso fracaso. Los anuncios hechos durante todo el proceso de que no le servía a Colombia un acuerdo como el firmado con Centroamérica o Chile, pues el gobierno tenía el objetivo de que Colombia fuera ganadora neta, fueron desmentidos por los hechos.
La verdad es que el gobierno firmó todo lo que Estados Unidos le propuso. El TLC en su parte normativa es idéntico a los demás tratados impuestos por esa potencia y en los cronogramas de desgravación va a exponer a la producción nacional a la competencia desleal con los monopolios estadounidenses.
El gobierno de Uribe fue víctima de su debilidad y obsecuencia, al necesitar del apoyo de Bush a sus planes de seguridad democrática y al estar bajo la mirada crítica de importantes sectores de ese gobierno que, con escándalos como la presencia de paramilitares y las torturas sobre jóvenes soldados, ven difícil venderle al Congreso estadounidense la necesidad de aprobar este Tratado.
La afirmación de que vamos a conquistar el mercado de Estados Unidos es una mentira. Todos los estudios realizados previamente, mostraban que aumentaran más las importaciones que las exportaciones, que Colombia quedará sujeta a los vaivenes de las finanzas internacionales sin mayor capacidad de control de su propia economía, que habrá una reducción en los ingresos del Estado y que el aumento en las exportaciones no tendría mayores repercusiones, pues ni existe la oferta exportable ni los Estados Unidos eliminarán la protección de su economía ni sus subsidios a la producción agrícola.
A pesar de eso y basado en argumentos puramente ideológicos que simplemente reflejan la obstinada fe en los dogmas neoliberales, el gobierno está embarcando al país en la peor subyugación foránea desde los tiempos de la Colonia.
Estados Unidos es el ganador del TLC y podrá exportar sus excedentes, controlar la economía colombiana, explotar la mano de obra barata de la población y apoderarse de sus recursos naturales, incluyendo la biodiversidad, el agua y los conocimientos ancestrales.
A pesar de la retórica gubernamental sobre la preservación de la unidad latinoamericana, la Comunidad Andina de Naciones quedó gravemente fracturada e incluso para cerrar la negociación, Colombia tuvo que pasar por encima de la normatividad andina y desacatar un fallo reciente del Tribunal Andino de Justicia sobre propiedad intelectual. Para completar el escenario de arbitrariedad, también desacató el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le prohibía suscribir el Tratado. Ahora, el análisis del texto, permitirá desentrañar todas las entregas que hizo el gobierno y profundizar sobre los reales y graves costos del TLC.
La resistencia no ha concluido; simplemente entra a una nueva etapa. Al lado de la imprescindible y obligatoria movilización popular, debemos exigir a los candidatos al Congreso y a la presidencia que expresen en forma clara su oposición al Tratado, presionar al Parlamento para que no lo apruebe y llevar a la Corte Constitucional la explicación de sus efectos perversos sobre el país. Contamos con la ventaja de que la opinión está mayoritariamente en contra del mismo y hay una decisión unánime del movimiento popular que se acrecentará con el aporte de los hoy claramente damnificados en todos los rincones del país.
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