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Frente a las denuncias de corrupción del Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay

Frente de Defensa de los Derechos Humanos del Azuay

Cuenca, 27 de marzo de 2006

Frente a las denuncias de corrupción del Defensor del Pueblo Claudio Mueckay, las organizaciones sociales y de derechos humanos del Azuay manifiestan:

  1. La Defensoría del Pueblo es la Instancia delegada por el Estado para la defensa de los derechos humanos en el País; en consecuencia, es responsabilidad de sus máximos personeros actuar con transparencia ética y responsabilidad para que no se irrespeten los derechos básicos de los ecuatorianos.
  2. Las graves acusaciones de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, en contra del Defensor del Pueblo, sobre peculado y tráfico de órganos, exigen la investigación más profunda, frontal y transparente, con la veeduría de organizaciones, de carácter nacional e internacional defensoras de derechos humanos.
  3. Los medios de comunicación han denunciado el escandaloso tráfico de influencias en la provisión de cargos públicos; dejando en claro que la cuestionada elección de Claudio Mueckay, como Defensor del Pueblo, respondió a una censurable componenda que negó los más elementales principios democráticos, haciendo prevalecer los intereses particulares y de grupo, en contra del interés nacional de una nominación seria y responsable. A consecuencia de ello organismos de derechos humanos de Quito han planteado reclamaciones constitucionales cuya resolución aún está pendiente.
  4. Es del todo censurable la posición de los diputados beneficiarios de cargos y prebendas, al llamamiento a juicio político, del funcionario en mención acusado de graves irregularidades. En virtud de ello, haciendo uso de la facultad constitucional ...de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, exhortamos a la Contraloría General del Estado, para que realice las auditorias correspondientes, encaminadas a demostrar en forma clara y objetiva, el destino de los fondos públicos manejados desde la Defensoría del Pueblo, especialmente los relacionados con el área de emigrantes, «ayudas» y repatriación de cadáveres.
  5. En este contexto se produce la separación intempestiva del Dr. Luis Urgilés Contreras, del cargo de Comisionado de la Defensoría del Pueblo del Azuay, acto calificado como ilegítimo por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 3 del Azuay, organismo que «...suspende los efectos del acto administrativo impugnado y dispone que se reintegre al recurrente al cargo del que fue separado arbitrariamente...». Siendo el Defensor del Pueblo garante de derechos y estando llamado a «defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales», exigimos que respete la juridicidad, acatando el fallo legítimo del Tribunal antes mencionado.

El Frente de Organismos de Derechos Humanos, permanecerá vigilante del desarrollo de los acontecimientos para impulsar las acciones que coadyuven al esclarecimiento de los actos de corrupción y la sanción a los responsables.

Mons. Luis Alberto Luna Tobar, presidente

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