Quito, 15 de junio de 2006
La Campaña Ciudadanía LGBT: Un Voto por la Igualdad, dirige esta carta abierta a los candidatos y candidata a la Presidencia de la República del Ecuador llamándolos a priorizar en sus planes y programas de gobierno la aplicación de la igualdad, la diversidad y la no discriminación por ningún motivo, con especial mención a aquella por orientación sexual, tal como contempla la Constitución del País.
En este sentido, encamina a los candidatos y candidata un amplio cuerpo de recomendaciones comprendidas en "El Plan de Igualdad y No Discriminación por Orientación Sexual" [1], y el "Proyecto de Ley Orgánica sobre del Derecho Humano de Igualdad Efectiva y la Eliminación de la Discriminación [2]. Les hacemos llegar igualmente algunas interrogantes, cuya respuesta pública permitirá, por un lado, transparentar el compromiso de los candidatos y candidata con la diversidad, la igualdad y la justicia y, por otro lado, permitirá a la ciudadanía tener una participación informada a las elecciones presidenciales y orientar sus opciones electorales.
El Ecuador atraviesa por un momento crítico, marcado por una severa vulnerabilidad de sus instituciones democráticas, la agudización de las relaciones de desigualdad, el empobrecimiento, la mengua de los derechos ciudadanos, entre otros problemas de fondo, que retan a los candidatos y candidata a desarrollar propuestas que apunten hacia la búsqueda de soluciones, a corto y largo plazo, enmarcadas en el afianzamiento de la ciudadanía plena, la participación ciudadana y la construcción de una democracia con igualdad y justicia social.
El país transita también por la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia la política partidista, provocada por la demagogia, la mercantilización de las campañas electorales, el clientelismo, el déficit de democracia participativa, y los distintos abusos cometidos por los electos, que una vez que logran posesionarse en sus funciones se alejan de las promesas electorales que les permitieron lograr su investidura. Tal es el caso de la aplicación del principio de no discriminación por orientación sexual, al cual se comprometieron casi todos los candidatos a la Presidencia en el 2004, incluido el que resultó electo, quien una vez posesionado obvio incluirla en su agenda.
La Campaña Ciudadanía LGBT: Un Voto por la Igualdad, incita entonces a los candidatos y candidata a enmarcar sus propuestas en el desarrollo de una democracia plena y participativa, donde la diversidad, la protección de los derechos humanos y ciudadanos, la erradicación de la discriminación, la eliminación de las brechas sociales, económicas, culturales, de género y de orientación sexual, que relegan a la mayoría de la población, figuren en una agenda de prioridades impostergables. Esto tiene especial relevancia para las personas afectadas por distintas formas de restricción al goce de su ciudadanía, como es el caso de los y las afectadas por la discriminación por orientación sexual, para quienes permanecen conculcados aún los derechos políticos, a la participación igualitaria, y a la ciudadanía plena.
Es de crucial importancia que los candidatos y candidata a la investidura presidencial expresen claramente el compromiso de encuadrar sus propuestas en la ética, en la indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos, tanto de los civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales. Es necesario también que den a conocer las medidas que tomarán para procurar la eliminación de las desigualdades y la discriminación; así como sus planes para poner en relevancia las garantías legales que encaminen a que todas las personas puedan gozar en igualdad de las libertades y derechos fundamentales.
¿Qué medidas prevé tomar para combatir y erradicar todas las formas de discriminación, especialmente aquellas por motivos de orientación sexual, étnicos, de género y de condición socioeconómica?
¿Cuáles son los elementos centrales de su propuesta para promover la igualdad y la diversidad en el país?
Un grupo amplio de la población ecuatoriana está excluido de una real participación política, que además del ejercicio del sufragio incluye la posibilidad de aportar al debate político del país; de estar bien informados sobre el proceso electoral y las propuestas de las diferentes candidaturas; de integrarse a los partidos políticos, organizaciones y asociaciones; de postular candidaturas en las diferentes elecciones, cargos públicos o sociales y de tener iguales oportunidades de obtener resultados positivos.
Sin embargo, en el Ecuador esa posibilidad está restringida por la discriminación y no todas las personas tienen iguales oportunidades de participar en el debate político en general, ni delas elecciones en particular. En la práctica, la participación está condicionada por la capacidad económica ( o ausencia de la misma) de los y las candidatas o los partidos a los que pertenecen, así como por distintas relaciones de poder que tienen que ver con el género, la etnia o la orientación sexual. La exclusión de los grupos discriminados es particularmente notoria en las esferas de decisión.
Frente a esta problemática, es necesario poner en práctica las normas constitucionales que se refieren a la participación como un conjunto de "derechos políticos" de todas las personas; fomentar la diversidad y el involucramiento de aquellas que son discriminadas por su orientación sexual en las esferas de toma de decisiones y en todos los ámbitos del quehacer nacional.
¿Qué medidas ha tomado su partido u organización política para garantizar la participación de las personas discriminadas por orientación sexual en sus filas y en la actual contienda electoral?
¿Qué propuestas concretas tiene su partido u organización política para viabilizar el principio de no discriminación por orientación sexual contemplado en la Constitución de la República?
Los derechos económicos, sociales y culturales son elementos indivisibles de los derechos humanos. Asimismo, el derecho al empleo, a la remuneración justa y a condiciones laborales dignas no solo son parte de las definiciones establecidas por la Constitución ecuatoriana, sino que están amparadas por importantes acuerdos internacionales y por la legislación laboral de país.
No obstante, el pleno empleo, la aplicación de las garantías laborales, el acceso a niveles de vida dignos constituyen un área de frágil cumplimiento en el Ecuador. Además subsisten prácticas discriminatorias sexistas y homofóbicas que vulneran estos derechos y segregan a las personas.
Despidos intempestivos o impedimentos al mantenimiento del empleo por motivos de orientación sexual, condición de salud, apariencia física, origen étnico, género, estado civil o edad, son prácticas comunes en nuestra sociedad.
¿Qué medidas concretas tomará para garantizar el respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y civiles de las personas discriminadas por su orientación sexual y por otros motivos?
¿Qué medidas tomaría para eliminar los estereotipos sexistas, homofóbicos y racistas en la contratación y mantenimiento del empleo?.
¿Cuál sería su estrategia para erradicar la pobreza y fomentar un desarrollo que priorice a los grupos excluidos de la sociedad?
La educación es un derecho universal. Además, la erradicación de los prejuicios sexistas y discriminatorios en el sistema educativo es parte de importantes compromisos internacionales suscritos por el país. No obstante, se mantienen en el currículo educativo estereotipos sexistas y discriminatorios y subsisten barreras para la inclusión de la diversidad, lo que redunda en limitaciones sociales que impiden a las personas discriminadas, acceder, en pie de igualdad, a las instituciones educativas, a las carreras y profesiones.
¿Qué medidas tomaría para erradicar la discriminación por orientación sexual en las instituciones educativas, en el acceso a las carreras e instituciones educativas y fomentar prácticas inclusivas y de respeto a la diversidad en el área de la educación?
La participación social, además de habilitar al conjunto de personas a ser partícipes en el conjunto de actividades sociales y comunitarias, incluye la posibilidad de asociarse libremente, frecuentar lugares públicos, contribuir a los debates sobre el acontecer social, las iniciativas culturales y la toma de decisiones sobre todas éstas.
No obstante, la participación social y visibilidad pública de las personas discriminadas por su orientación sexual son limitadas por la persistencia de prácticas discriminatorias en todos los ámbitos sociales, desde los espacios comunitarios hasta la vida familiar y el conjunto de interacciones humanas.
¿Qué sería necesario hacer para garantizar los derechos específicos de las personas discriminadas por su orientación sexual en la vida social y pública; entre ellos el acceso a los servicios, vivienda y lugares públicos?
Pese a que en el Ecuador la Constitución señala la no discriminación por orientación sexual, las prácticas excluyentes y discriminatorias que se expresan en la sociedad e instituciones, figuran entre las causas que empujan a miles de ecuatorianos/as a emigrar en procura de mejores condiciones de vida, la mayoría de veces en condiciones de vulnerabilidad e indocumentación.
¿Qué medidas tomaría para encarar la problemática relacionada con la migración, en particular aquella de las personas que emigran por motivos vinculados a su orientación sexual?
La libertad, la integridad y seguridad personal, así como el acceso a la justicia son derechos humanos básicos e indispensables para el desarrollo pleno de cualquier persona. Sin embargo, todos estos derechos son constantemente vulnerados en nombre del orden, la seguridad pública, la regulación de valores y normas sociales.
En el Ecuador la justicia no se aplica en forma ágil e imparcial, como señala la Constitución. Por el contrario, las personas discriminadas por su orientación sexual, etnia, clase o género muchas veces son detenidas arbitrariamente y no reciben un debido proceso judicial. Organizaciones LGBT y de derechos humanos han hecho públicas las violaciones de los derechos humanos infringidas, especialmente por la policía, a personas de este grupo social.
¿Qué directivas emitiría usted a las Fuerzas Armadas y a la Policía para garantizar que sus prácticas se enmarquen en el principio constitucional de no discriminación por orientación sexual y que este principio rija también sus políticas internas?
Reconociendo la independencia de los poderes de Estado, ¿Qué medidas tomará su gobierno para garantizar que las personas discriminadas por su orientación sexual tengan acceso a una justicia ágil e imparcial, sin discriminación de ningún tipo, como señala la Constitución?
El acceso a la salud es un derecho humano fundamental con profundas implicaciones para el cumplimiento de otros derechos humanos, como el derecho a una vida digna. Asimismo, y según la Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar programas de salud pública a todas las personas, asegurando que no se niegue, por ningún motivo, la atención médica de emergencia en los establecimientos públicos o privados. No obstante, la orientación sexual, la etnia, color, o la posición económica han servido como argumento para negar esa atención y el acceso a instituciones de salud, así como para no brindar servicios médicos de calidad.
¿Qué medidas tomará su gobierno para garantizar la universalidad de la atención de la salud y la aplicación de principio de no-discriminación por orientación sexual en esa área?
Agradecemos de antemano por su pronta respuesta
Coordinación de la Campaña Ciudadanía LGBT: Un Voto por la Igualdad
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