Quito, 26 de octubre de 2006
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, rechaza tajantemente la respuesta entregada por el Gobierno Colombiano al Embajador Ecuatoriano en Bogotá, sobre la muerte de los dos ciudadanos ecuatorianos que fueron asesinados el pasado domingo 15 de octubre por miembros del ejército colombiano en el Río San Miguel de la provincia de Sucumbíos.
Dicha respuesta oficial señala que la muerte de los ecuatorianos se habría dado en el marco de un operativo para capturar a un dirigente de las FARC
, afirmando que los asesinados acompañaban al presunto guerrillero en la canoa en la que se transportaban.
Inmediatamente luego de recibir la denuncia y de difundirla en los medios de comunicación, un equipo de la APDH acudió directamente al lugar en donde se dieron dichos asesinatos, obteniendo testimonios que comprueban que los fallecidos son ciudadanos ecuatorianos que nada tienen que ver con el conflicto vecino y que en el momento del ataque militar colombiano se trasladaban al recinto electoral ecuatoriano en donde debían participar de la jornada electoral. Dichos testimonios de testigos presenciales serán entregados en audio y video a las autoridades ecuatorianas para respaldo de su actuación frente al gobierno colombiano.
La APDH del Ecuador valora las declaraciones del canciller ecuatoriano, Dr. Francisco Carrión y del Vicecanciller, Dr. Diego Ribadeneira, relacionadas a estas muertes, y a las "denuncias" del gobierno y cancillería colombianos sobre la incomprobada presencia de "líderes guerrilleros en Ecuador". A la vez hacemos un llamado de atención a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional, con el objeto de no permitir que las acusaciones colombianas hacia el Ecuador oculten y pongan en segundo plano el deber de Colombia de responder por el asesinato de los dos ciudadanos ecuatorianos el 15 de octubre del 2006, e intenten transformar al Ecuador de víctima –y esta no es la primera vez–, a cómplice de la guerrilla, creando una imagen internacional de "colaboradores del terrorismo", con el claro objetivo de forzar a nuestro país ha involucrarse bélicamente en su conflicto interno.
Cabe recordar que el jueves 24 de agosto de este mismo año, un mortero colombiano impactó en las instalaciones de la Cooperativa de Transporte Putumayo de Puerto Nuevo, hiriendo a 3 ecuatorianos, frente a lo cual Colombia se comprometió a indemnizar a los afectados, situación que sin embargo no se ha dado hasta el momento.
Insistimos en nuestro criterio de que el tiempo de diálogos binacionales interminables, ya sea a través de la COMBIFRON o de las cancillerías de ambos países, ha demostrado su ineficacia a la hora de salvaguardar la integridad de los ciudadanos ecuatorianos, por lo que creemos necesario proceder a la exigencia firme del Ecuador en su postura de paz, no intervención e indemnizaciones, a través de todas las instancias internacionales y regionales, como ONU, OEA, Pacto Andino, Comunidad Sudamericana de Naciones, sin descartar el Tribunal de La Haya, para que el régimen y militares colombianos, así como los actores irregulares del conflicto interno, respondan de una vez por todas por los graves efectos que de manera permanente han traído sus políticas y estrategias belicistas en la frontera.
Anaité Vargas
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