Gijón (España), 11 de noviembre de 2006
Tras la realización de dos vistas previas en Gijón y Oviedo se celebró en Gijón, entre el 9 y el 11 de Noviembre de 2006 el Tribunal Internacional de Opinión para juzgar las políticas de Deuda Externa con la finalidad de enjuiciar la responsabilidad del gobierno español, las empresas transnacionales españolas y las instituciones financieras internacionales en relación con los daños causados por la llamada Deuda Externa en los pueblos del sur.
Esta deuda produce perjuicios desde una perspectiva estrictamente económica, empobreciendo a los pueblos al deteriorar el medio ambiente y el entorno natural, causando un daño que se trasmite a las futuras generaciones, fracturando la convivencia y la organización política, impidiendo un desarrollo democrático de los pueblos, afectando especialmente a las mujeres, profundizando así la brecha de género y propiciando flujos migratorios masivos e incluso conflictos armados.
Sobre estos puntos versaron los debates, las exposiciones de los y las testigos, expertos y expertas, así como los argumentos defensivos o justificativos y sobre los mismos, el Jurado ha emitido un veredicto, tras lo cual, este Tribunal Internacional de Opinión para juzgar las políticas de Deuda Externa formula, en nombre de los pueblos que soportan la Deuda Externa y de todos los ciudadanos y ciudadanas solidarios con los mismos, esta sentencia que declara probados los siguientes hechos:
Constatamos que la Deuda Externa afecta directamente a la vida de las personas especialmente en lo que hace referencia a:
Migraciones
Las políticas impulsadas por las Instituciones Financieras Internacionales, así como los tratados de libre comercio, atentan contra el empleo estable de los países del Sur, provocan el empobrecimiento de los mismos, afectando directamente a la sociedad que se ve forzada a la emigración tanto dentro del propio país como hacia otros países.
Una consecuencia directa de esto es la existencia de los denominados países fantasma, con la mayoría de su población habitando en el exterior de los mismos.
Las migraciones suponen una evasión de recursos económicos y humanos de los países del Sur. Estos recursos generan una riqueza muy importante en los países de acogida que no es compensada en absoluto por las remesas. Es decir, la emigración supone una fuga de capital desde el Sur al Norte.
Género
Las mujeres no han estado legal ni legítimamente representadas en los órganos de decisión, políticos, económicos, etc. Son objeto de la deuda pero en ningún caso han tomado decisiones sobre la misma y sin embargo son quienes más pagan las consecuencias.
La Deuda Externa afecta a la vida de las mujeres en lo que se refiere a: condiciones laborales miserables y no reconocimiento del trabajo no remunerado, discriminación sexual, pobreza, prostitución, esclavitud sexual, problemas de salud y falta de acceso al poder político.
El Banco Mundial asigna un valor monetario a la igualdad de géneros lo que obliga que sus programas estén concebidos de manera que guarden relación con los costos de oportunidad y eficiencia de los derechos de la mujer.
El Banco Mundial controla, mediante su financiación, a las organizaciones nacionales de mujeres vinculadas al poder político, con lo que consigue que éstas avalen la perspectiva del Banco Mundial acerca del género.
Deuda ecológica
El Gobierno Español impulsa, mediante mecanismos como CESCE o COFIDES, exportaciones e inversiones directas en el exterior que conculcan el derecho ambiental de las poblaciones del Sur. El Gobierno no tiene establecidos mecanismos adecuados de control y desatiende sus obligaciones referentes a los derechos ambientales de la ciudadanía.
El Gobierno Español impulsa políticas económicas basadas en el consumo desproporcionado de recursos que acaban forzando altos niveles de importaciones que en ocasiones repercuten negativamente en la vida de la ciudadanía de los países del sur.
El Gobierno Español impulsa políticas energéticas dentro del Estado que acaban repercutiendo negativamente en la ciudadanía del sur, conculcando así sus derechos.
Las transnacionales españolas como Unión FENOSA, Endesa o Iberdrola, entre otras, se benefician de un nivel de emisiones excesivo sin responsabilizarse de los impactos de las mismas. Igualmente, estas y otras empresas como Repsol YPF y ENCE, producen directamente daños ambientales y sociales al medio ambiente y los pueblos del Sur sin responsabilizarse de la violación de los derechos ambientales. Adicionalmente, las consecuencias de las acciones de muchas empresas en el Sur impiden la soberanía alimentaria de estos países.
Deuda de guerra
En algunos países, como el caso de Colombia, el presupuesto público es financiado significativamente con recursos de crédito y un porcentaje elevado de los mismos se utiliza para la financiación de conflictos sociales y políticos. Empresas como General Dynamics, con fábricas en Asturias, se benefician de esta situación.
Por ello se condena al Gobierno español, a las instituciones financieras y comerciales internacionales así como a las empresas transnacionales españolas a:
Reconocer la deuda ecológica adquirida con los países empobrecidos - lo que implica pedir públicamente perdón por los daños y perjuicios causados -, establecer mecanismos para su restitución y aplicar políticas que eviten su generación.
La prohibición de inversiones públicas y privadas en proyectos que no cumplan los estándares ambientales, laborales y sociales. La derogación de todas aquellas políticas que fomentan un modelo de producción, transporte y consumo, dependientes de la importación de energías no renovables o la utilización de espacios ambientales fuera de nuestro territorio.
La cancelación de todos los mecanismos de flexibilidad que permitan incumplir los compromisos adquiridos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Establecer, en los ámbitos que proceda, reparaciones y responsabilidades judiciales, civiles o penales, por la generación de deudas ecológicas, sociales y políticas.
La creación de un fondo de compensación por los daños producidos a causa de la deuda ecológica adquirida por el gobierno español, sus instituciones públicas y las empresas privadas.
Ordenamos a todas las autoridades y funcionarios que cumplan y hagan cumplir la presente sentencia contra la que no cabe recurso alguno.
Y así lo declaramos y firmamos en Gijón, a 11 de Noviembre de 2006.
El Jurado Popular ha fallado de forma unánime que los acusados son culpables de todos los delitos imputados y acusaciones realizadas por la campaña ¿Quién debe a quién?
[+info]
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