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Pronunciamiento público contra la administración temporal y la privatización de energía electrica en Guayaquil

Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos
Foro Ciudadano Vigilancia de la Gestión Pública

Guayaquil, 14 de diciembre de 2006

El Observatorio de Servicios Públicos y el Foro Ciudadano de Vigilancia de la Gestión Püblica, organismos de control y veeduría ciudadana de Guayaquil, expresan su desacuerdo con la pretensión de firmar un contrato entre la Corporación para la Administración Temporal de Electricidad de Guayaquil (CATEG) y la empresa venezolana "Electricidad de Valencia" (ELEVALl). Ambas organizaciones ciudadanas denuncian la sumisa posición del CONELEC de no asumir las responsabilidades que le confiere la ley, las cuales no son delegables. Por ello señalan que el proceso de selección de un operador internacional para la CATEG carece de sustento legal y lesiona los intereses de la ciudadanía guayaquileña y del país.

El CONELEC debería conocer y aprobar los términos para la contratación de un Administrador-Operador de la CATEG, dado que no corresponde firmar un acuerdo entre los dos Organismos, para facilitar la contratación de un operador internacional que administre dicha empresa con fondos de los guayaquileños y ecuatorianos.

Es al CONELEC como organismo público, a quien le corresponde ejercer la actividad de distribución, comercialización y generación eléctrica en el área de concesión de la ciudad de Guayaquil, según lo manda la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, por lo que el contrato con el Operador-Administrador, que constituye una forma de concesión o privatización, debe ser calificado por esta Institución; de allí que el Directorio del CONELEC debe conocer las bases elaboradas por la CATEG para el concurso, la modificación a las bases originales, la capacidad técnica de los ofertantes, la oferta económica, el proyecto de contrato, y el Plan de Inversiones de la CATEG.

Es importante señalar que la CATEG actualmente tiene una recaudación de de 30 millones de dólares mensuales y quienes más consumen tienen ingentes deudas con la CATEG, las mismas que corren el riesgo de no ser cobradas.

Expresamos nuestra extrañeza por la asignación de 50 millones de dólares para mejorar el rendimiento de la CATEG, fondos que serán entregados al administrador privado, quièn no puede ser eficiente si tiene recursos y el personal necesarios en el mismo estado y la CATEG?.

Los organismos de veedoría y control lamentan el perjuicio a las firmas ecuatorianas que resultaron segregadas por no haber constado en la lista que ¨sugirió¨ la CAF, cuando se hablaba de la posibilidad de que este organismo "prestara" estos recursos, compromiso que finalmente no se concretó.

Advierte que es inconcebible que la empresa privada ELEVAL que pretende administrar una de las más importantes empresas de la ciudad de Guayaquil, que le provee la casi totalidad de la energía eléctrica para sus habitantes, su comercio y su industria, tenga una experiencia en el manejo de apenas 400.000 abonados, cuando la CATEG tiene alrededor de 2 millonesde usuarios.

El Observatorio de Servicios Públicos y el Foro de Vigilancia de la Gestión Pública, recuerdan que la inconsistencia del proceso de adjudicación de la CATEG a un operador internacional, parte del Decreto Ejecutivo 1691, publicado en el Registro Oficial No. 327 del 3 de agosto del 2006, el cual se sustenta en una asamblea realizada por los representantes de la Cámara de Industrias de Guayaquil, de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la Junta Cívica de Guayaquil, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, en donde se aprobó la reforma y codificación de los estatutos de la CATEG. Cabe preguntarse: ¿cómo pudieron reformar los estatutos, si ninguno de ellos era miembro de la CATEG?.

Adicionalmente, no se han aclarado temas como el pasivo laboral, la deuda que mantiene esta institución con el Estado ecuatoriano y qué va a pasar con las deudas de los depositantes del Banco del Progreso, por lo que el procedimiento adoptado no subsana los problemas de fondo de esta empresa.

No es posible que se regalen 3 millones de dólares anuales como honorarios por la famosa administración, cuando el Presidente electo anuncia la rebaja de su sueldo en señal de austeridad nacional, sin considerar que la inversión para estas jugosas ganancias serán únicamente ecuatorianas.

Exhortamos al nuevo gobierno presidido por el Economista Rafael Correa, a empezar su lucha contra la corrupción, contra la falta de transparencia, por la desprivatización de las empresas ecuatorianas y por la soberanía de nuestro país, a la vez que abogamos por la necesidad de que sean nuestros técnicos nacionales quienes administren con eficiencia, transparencia, equidad y justicia las empresas ecuatorianas, sin cederlas de manera irresponsable a empresas extranjeras.

César Cárdenas, presidente Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos

William Sánchez, Foro Ciudadano Vigilancia de la Gestión Pública

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