Quito, 15 de diciembre de 2006
Durante las últimas semanas, las empresas mineras canadienses Ascendant Copper y Ecuacorriente han cometido una serie de atropellos a los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas de Morona Santiago, Zamora Chinchipe e Imbabura.
Las actividades de estas empresas se enmarcan en una serie de ilegalidades permitidas y cometidas por las representaciones del Estado: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, INDA y autoridades policiales, en el caso de la zona de Intag (Imbabura). A esto suma las actuaciones de estas empresas, para dividir a las comunidades, lesionar la organización socio-política local, así como los actos de amedrentamiento, persecución y agresión a la población.
En la zona de Intag, durante las últimas semanas han prevalecido los ataques de grupos armados contratados por la Ascendant Copper, en contra de la vida e integridad física de pobladores y autoridades locales que defienden sus territorios. Alrededor de una docena de juicios en contra de pobladores inteños se ventilan en las fiscalías y juzgados de Pichincha e Imbabura en contra de dirigentes y pobladores. Carlos Zorrilla, dirigente de una organización ambientalista local, fue acusado de supuesto robo, y en un allanamiento solicitado por la Fiscal Clara Aveiga, se implantaron un arma y una sustancia que presumiblemente sería droga. La Fiscal General de la Nación tiene conocimiento de estos casos, pese a lo cual los juicios continúan.
En los poblados de Gualaquiza, El Pangui, Yantzantza, Yunganza, Bomboiza de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, la población ha vivido una escalada de violencia y represión por parte de miembros del Ejército ecuatoriano, el mismo que ha asumido la defensa de la empresa Ecuacorriente, agrediendo inclusive al diputado Salvador Quishpe, quien fue detenido por militares, amordazado, agredido físicamente y trasladado a un retén militar donde permaneció incomunicado por varias horas.
Las agresiones físicas con armas de fuego, gases lacrimógenos, instrumentos cortopunzantes; la privación ilegal de la libertad, el amedrentamiento a líderes y pobladores a través de procesos penales en su contra; y en el caso de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, el uso de la tortura, la agresión sexual, la restricción a la actividad periodística, resumen la escalada de violencia propiciada por las empresas canadienses Ecuacorriente y Ascendant Copper.
Frente a estos repudiables hechos, la Coordinadora Zonal de Intag y la Coordinadora Campesina Popular (Morona Santiago - Zamora Chinchipe), a nombre de las poblaciones afectadas demandamos:
De las reuniones mantenidas con los Ministerios de Defensa y de Gobierno, estas autoridades expresaron los siguientes compromisos:
La defensa de los derechos humanos es el más alto deber del Estado (Art. 16 de la Constitución Política de la República del Ecuador); no se puede justificar la violación de los derechos humanos de la población por los intereses económicos de compañías extranjeras, no logramos comprender por qué todas las instancias del Estado se movilizan para proteger la inversión extranjera y no lo hacen para proteger la vida, la integridad física y el derecho de la población a vivir en medio ambiente sano, libre de contaminación.
Atentamente,
Gustavo León, Coordinadora Zonal de Juntas Parroquiales de Intag
Fernando Mejía, Coordinadora Campesina Popular de Morona Santiago
Hna. Elsie Monge, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
[+info]
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