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Petrobras en el bloque 31: Carta abierta al presidente de la República

Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE)

Puyo, 17 de abril de 2007

Economista Rafael Correa
Presidente Constitucional del Ecuador

Señor Presidente:

Nos dirigimos cordialmente a usted para expresar nuestra preocupación por los nuevos planes de Petrobras para ingresar en el Bloque 31 que se halla en el Territorio Ancestral Waorani. Desde su victoria electoral en noviembre del 2006 hemos observado como usted viaja al Brasil por dos ocasiones para, aparentemente, hablar con otro gobierno sobre el destino del territorio que habitamos. Lo que ha sucedido sin que de manera previa a éstas negociaciones se nos consulte sobre lo que pensamos, mucho menos se ha buscado nuestro consentimiento previo, libre e informado. Vemos una situación similar con el Bloque ITT ya que Petroecuador sin consultarnos ha firmado un Memorando de Entendimiento con SINOPEC, ENAP y Petrobras y llamamos su atención sobre esta situación. Sin embargo en esta carta queremos concentrarnos en la situación del Bloque 31 ya que entendemos que un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) está cerca de ser aprobado por el Ministerio de Ambiente y Petrobras podría iniciar operaciones dentro del Bloque 31. Por lo tanto este es un tema sumamente urgente.

La licencia ambiental para Petrobras que, hasta donde tenemos noticia, se halla vigente presenta problemas graves que no han sido solucionados a pesar de que Petrobras ha decidido no construir una carretera dentro del Parque Yasuní. Esta licencia fue emitida de manera apresurada el 19 de agosto del 2004 casi de manera simultánea con la visita del Presidente de Brasil al Ecuador en agosto del 2004. Esto y eventos posteriores nos hacen pensar que tal licencia fue emitida por el gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez para satisfacer los intereses del Brasil pero sin consideración seria de nuestros derechos ni de críticas de distintas organizaciones ambientalistas. Más aún, al revisar esa licencia vemos como se habla del derecho a vivir en un ambiente sano, preservación de la naturaleza y desarrollo sustentable. Sin embargo, en la práctica Petrobras no ofrece garantías de respeto al ambiente y derechos indígenas. Sabemos muy bien que sólo la caída del Coronel Gutiérrez y la presión social lograron detener por un tiempo el ingreso de Petrobras al Parque Yasuní. Sin embargo esa licencia sigue vigente a pesar de que se ha solicitado su nulidad. Incluso el nuevo EIA, como denunciamos más adelante, ha sido preparado en medio de violaciones adicionales de las leyes ecuatorianas.

La licencia emitida el 19 de agosto del 2004 habla de desarrollo sustentable. Sin embargo nunca se planificaron convenios de manera que la población local (indígenas quichuas y Waorani) se beneficie de manera permanente con la riqueza petrolera. Nunca se ha conversado seriamente con nosotros sobre utilizar la riqueza del Bloque 31 en inversiones que puedan generar ingresos permanentes para salud, educación u otras actividades productivas (por ejemplo mediante la creación de un fideicomiso). Esto llevará a que cuando se acabe el petróleo habremos perdido la oportunidad de invertir esa riqueza de manera que se beneficien presentes y futuras generaciones. Básicamente, como sucedió con el Protectorado del Instituto Lingüístico de Verano, se nos empuja con estos acuerdos a una situación de dependencia que cambiará nuestra forma de vida sin que al mismo tiempo se generen otros procesos económicamente sustentables en el tiempo. También estamos concientes de los problemas ambientales que Petrobras tiene en el Bloque 18. Por ello nos parece carente de realismo pensar que esta empresa será capaz de respetar las leyes ecuatorianas, menos de hacer una explotación que preserve la naturaleza o garantice nuestro derecho a vivir en un ambiente sano. Más bien cuando Petrobras termine de operar en el Bloque 31 heredaremos destrucción ambiental, pobreza, problemas de salud y erosión de nuestro legado cultural.

El Estado nunca se ha hecho presente aquí para proteger a la población local mediante el respeto de la ley. Con su gobierno, Señor Presidente, esperamos que cambie la forma de actuar con la población indígena de la Amazonía. Sin embargo el nuevo EIA de Petrobras y noticias en la prensa sobre su pronta aprobación, que no se haya declarado la nulidad de la licencia ambiental emitida en el gobierno del Coronel Gutiérrez, que no se tome en cuenta pedidos previos de nuestros dirigentes sobre una moratoria petrolera, que no se nos haya consultado sobre el nuevo EIA (de ENTRIX) y que no se haya intentado respetar nuestro derecho al consentimiento informado nos hacen temer que el cambio no se de para nosotros.

Por ejemplo el Convenio 169 de la OIT –del cual Ecuador es parte– reconoce nuestras aspiraciones a asumir el control de nuestras propias instituciones y formas de vida y desarrollo económico. Sin embargo para su último EIA Petrobras no consulta ni a la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) , ni a la Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador (AMWAE) ni a los ancianos de cada comunidad ni en general nadie con liderazgo sobre lo que se piensa respecto a sus planes en el Bloque 31. Más aún se dice que se ha consultado a la población de Kawimeno pero el EIA no está en nuestro idioma materno, no se dio la asesoría apropiada ni se dio a la población el tiempo razonable para estudiar el documento. Sabemos que el tiempo fue tan limitado –no superó un mes– que incluso ambientalistas especializados en el tema no lograron hacer un análisis completo del estudio. Más aún, nunca recibimos asesoría legal, económica y técnica de ningún especialista que trabaje de manera independiente. Para nosotros es palpable que la OIT estaba en lo cierto al decir que en muchas partes del mundo los pueblos indígenas no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los estados en que viven. Si realmente se quiere una revolución ciudadana, no se puede permitir este atropello.

El artículo 4 del Convenio 169 de la OIT claramente establece no sólo nuestro derecho a la consulta sino al consentimiento como necesarios para proteger a las personas, culturas, trabajos y ambiente. El artículo 6, numeral 2 es más claro aún al señalar que Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Los Principios de Río también contemplan comentarios similares. Sin embargo pareciera que se olvidó que nosotros somos los verdaderos dueños de las riquezas naturales y se nos trata como súbditos de esta empresa petrolera sujetos a sus caprichos.

Por otra parte el ingreso de Petrobras al Bloque 31 representa un desacato a lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de mayo del 2006 sobre impedir el ingreso de terceros en territorio de Tagaeri y Taromenani. Así también el Convenio 169 de la OIT en el artículo 14 dice Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. Si se permite el ingreso de Petrobras al Bloque 31 se estaría cometiendo una violación directa del Convenio 169 de la OIT al ignorar los derechos de los pueblos en aislamiento. Esto es justamente el plan de Petrobras.

Asociada a Petrobras existe una lista amplia de violaciones legales. Esta es tan grande que en el Ministerio de Energía existe un informe donde se concluye que lo hecho por Petrobras en el Bloque 31 constituye causal para su caducidad. No queremos sin embargo cansarle con una carta demasiado larga. Queremos llamar su atención sobre la necesidad de que su gobierno imponga el respeto de la ley, los derechos que tenemos como pueblo indígena. Mientras nosotros con recursos limitados buscamos consenso en la preparación de esta carta, funcionarios de Petrobras visitan asiduamente el Ministerio del Ambiente. Así también la Ministra de Ambiente no se pronuncia a favor de la nulidad de la licencia ambiental porque, nos parece, teme sentar un precedente demasiado revolucionario frente a las empresas petroleras que ocupan la nuestro territorio ancestral. Nosotros pensamos que respetar al menos el Convenio 169 de la OIT sería un primer paso hacia la aplicación de la ley para todos y en beneficio de todos: Los que vivimos hoy y las generaciones futuras.

Un funcionario de su gobierno, que entendemos tiene poder de decisión sobre el actual proyecto de Petrobras, señaló recientemente que el 45% del Producto Interno Bruto (PIB) del país depende del petróleo, por tanto hay que viabilizar su explotación. Eso sí debemos ser exigentes en las medidas de protección hacia la naturaleza. Violar el Convenio 169 de la OIT no es ser exigente. Además tampoco vemos que la riqueza petrolera se invierta de manera sustentable en la población indígena, en la población local o a nivel nacional ¿Qué se hará cuando se acabe el petróleo y sólo nos quede destrucción ambiental y enfermedades? Le escribimos con la esperanza de que tome en cuenta nuestras protestas e inicie con Petrobras un análisis cuidadoso de la situación de las petroleras en el Yasuní. Le pedimos que no se apresure en decisiones que pueden significar más violaciones de derechos humanos y la destrucción de nuestro futuro. Si su gobierno no cumple sus leyes nosotros utilizaremos las lanzas y aplicaremos el código guerrero Waorani.

Cordialmente,

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