Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía
Quito, 23 de mayo de 2007
Considerando
- Que en la actualidad las actividades de las transnacionales mineras y de hidroeléctricas privadas, están causando conflictividad social, que amenazan la vida y el ambiente, desplazan comunidades, se apropian de extensos territorios, de las aguas, de la biodiversidad, y van en desmedro de la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo ecuatoriano.
- Que el territorio nacional, los ríos y cuencas hídricas han sido festinados y nos encontramos frente a una verdadera invasión de las transnacionales mineras e hidroeléctricas privadas.
- Que los regímenes anteriores han entregado en bandeja de plata nuestros recursos naturales a la voracidad de las empresas transnacionales y privadas.
- Que el pueblo ecuatoriano ha visto en el Gobierno del ciudadano Rafael Correa la posibilidad de que realmente la Patria vuelva a ser nuestra y de que los atropellos cometidos en anteriores gobiernos sean castigados.
- Que el Ministerio de Energía y Minas reconoce que el 99% de las concesiones no cuentan con la consulta previa como lo establece la Constitución.
- Que el Ministro de Energía y Minas ha expresado públicamente que no se justifica el derramamiento de una sola gota de sangre por más rentable que sea el proyecto minero y que la economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía.
- Y que el Presidente Rafael Correa ha dicho que el soberano es el pueblo y que él hará lo que el soberano demande.
Las comunidades y organizaciones afectadas por los megaproyectos de las transnacionales mineras, de hidroeléctrica privadas y concesiones hídricas, en ejercicio de nuestros derechos ciudadanos
Exigimos al Gobierno Nacional
- La salida inmediata de las mineras e hidroeléctricas de nuestras comunidades.
- Que mediante decreto ejecutivo se deje sin valor las concesiones mineras, hidroeléctricas e hídricas en aplicación del Art. 272, por haber violado los Art. 86 y 88 de la Constitución y se declare a Ecuador país libre de minería a gran escala.
- Desmilitarización y retiro de paramilitares y grupos armados de las zonas en conflicto.
- Que se investigue y sancione la violación de los derechos humanos cometidos por las empresas mineras transnacionales, y en particular la Aurelian Resources, Corriente Resources Inc. y Ascendant Copper S.A. con apoyo de las fuerzas armadas o grupos paramilitares.
- Poner fin a la criminalización de las luchas sociales y ambientales que se expresa en los juicios y procesos legales en contra de los dirigentes y las organizaciones que resisten a las empresas extractivas.
- Que se sancione mediante la Ley de Defensa del Consumidor por la propaganda engañosa y mal intencionada de la Cámara de Minería del Ecuador.
- Que se garantice la libertad de expresión de las comunidades afectadas por las mineras e hidroeléctricas a través de los medios de comunicación.
- Que el gobierno nacional demande a las empresas mineras e hidroeléctricas por daños y perjuicios.
- Que se garantice la integridad física y no se tome represalias de ningún tipo contra los participantes en el levantamiento nacional.
Éstas y otras demandas han sido presentadas en varias ocasiones al Gobierno, en la persona del Sr. Presidente de la República, del Ministro de Energía y Minas, del Subsecretario de Minas y de funcionarios de las regionales, por ello de no ser atendidas con la urgencia que ameritan, el día 5 de junio iniciaremos un levantamiento nacional hasta que las concesiones sean nulitadas, se hagan respetar nuestros justos derechos y se restablezca la paz en nuestras comunidades.
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