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¿Vuelta a la represión para solucionar los conflictos mineros?

Quito, 6 de junio de 2007

Al parecer el Gobierno ha decidido usar los métodos tradicionales para solucionar los conflictos mineros que enfrentan las poblaciones locales.

¿No se quiere o no se puede buscar otras formas de solución?

Tal como se había anunciado, esta madrugada miembros de las comunidades afectadas por las concesiones mineras iniciaron el Levantamiento Nacional por la Defensa de la Vida y La Soberanía. Hombres y mujeres de Victoria del Portete,Tarqui y Molleturo en la provincia del Azuay, fueron reprimidos por cientos de policías. Los efectivos policiales descargaron bombas lacrimógenas, incluso dentro de las viviendas. Varias personas fueron retenidas y otras heridas, Geovani Guzmán por ejemplo se encuentra detenido. Siendo estas prácticas las que suelen ser comunes en gobiernos represivos, sorprende a nuestras organizaciones este hecho inesperado.

Aunque la represión policial tenía el objetivo de desmovilizar a la población, para evitar el cierre de carreteras; lejos de ello, han conseguido que se exacerbe la medida de hecho.

Las comunidades afectadas por la minería cumplen con una jornada de levantamiento previamente anunciada, para demandar del Gobierno respuestas concretas a los constantes ofrecimientos realizados desde el Ministerio de Energía y Minas y por el propio Presidente de la República, quienes, a pesar de haber demostrado apertura para escuchar las demandas de las comunidades, no han sido claros para concretar sus propuestas.

Las organizaciones abajo firmantes, a través de este comunicado expresamos nuestra solidaridad con la lucha de las comunidades afectadas por la minería y con la movilización convocada por la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía. Hacemos un llamado al Gobierno para que busque caminos concretos y adecuados que defiendan y garanticen la Vida y Soberanía de las comunidades impidiendo que las empresas continúen atropellando sus derechos.

Las comunidades han tomado estas medidas luego de un largo proceso de diálogo, de presentación de denuncias en distintas instancias, luego de enviar comunicado tras comunicado, de asistir a reuniones. Acciones que sin la voluntad y claridad políticas necesarias, terminan siendo inútiles y desgastando a las comunidades.

No dudamos de la voluntad del Gobierno para escuchar las demandas de las comunidades, pero el accionar de la Policía y sus desmedidas acciones de represión desdicen de las buenas intenciones que el Gobierno públicamente ha comprometido.

Consideramos que el diálogo minero propuesto por el Gobierno no es el mejor camino para definir políticas en torno a nuestro invalorable patrimonio natural, pues no es real ni legítimo tomar en consideración los puntos de vista de actores sin legitimidad social como son las transnacionales mineras. Estas han demostrado ningún respeto por nuestras poblaciones campesinas, indígenas y afroecuatorianas. Al contrario, sus formas de intervención han lesionado nuestra soberanía nacional.

Estamos a la espera de decisiones gubernamentales que tiendan a privilegiar un diálogo franco con las poblaciones y la satisfacción de sus justas demandas. Aspiramos que este Gobierno aplique las disposiciones constitucionales para solucionar el sinnúmero de conflictos generados por la intervención minera.

El Presidente anunció que no derramaría una sola gota de sangre por causa de las empresas mineras.

¡Cumpla su plabra señor Presidente!

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