Limón (Morona-Santiago), 8 de julio de 2007
Los tres Ministros Jueces de la única Sala de la Corte Superior de Justicia de Morona Santiago, con fecha 6 de julio del 2007, confirman prisión preventiva para los 4 ciudadanos, Franklin Reinozo Ruiz, Aída Astudillo Durán, Marco Ochoa Durán y el concejal Tarquino Cajamarca Mariles. Sala a la que subió para que resuelva la medida preventiva por apelación de los compañeros a la injusta prisión de Franklin Reinozo, Tarquino Cajamarca y Marco Ochoa. Dentro del juicio Nº 02-2007, que SIPETROL planteó por terrorismo y sabotaje, el Ministro Fiscal apela también insistiendo dicte prisión además para Aída Astudillo.
Los compañeros son parte de la Coordinadora Cantonal por la Defensa de la Vida y la Naturaleza de Limón y miembros de la Coordinadora Nacional, instancia ciudadana que ha llevado procesos de vigilancia y control de las actividades de empresas transnacionales mineras, de la empresa SIPETROL e Hidroabanico, consideradas nocivas para el ambiente, la salud y la paz ciudadana. Dichas empresas pretendieron construir en el lugar la subestación para la repotenciación de la energía eléctrica; que en realidad es requerida exclusivamente para la explotacion minera y que implicaría daños graves al ambiente.
El Fiscal Cuarto de lo Penal de Méndez, Miguel Villamagua, en la etapa de indagación previa, sólamente consideró versiones de los trabajadores y administradores de la empresa SIPETROL e Hidroabanico y se ha negado a receptar versiones de los inculpados y otros ciudadanos, en clara violación a las garantías constitucionales del debido proceso de Presunción de Inocencia y Derecho a la Defensa. Para Ripley, el fiscal pidió al Juez Cuarto de la Penal prisión preventiva. Con igual secuencia el ministro fiscal Rodrigo Esparza, pide también la prisión preventiva para los compañeros, sin tomar las versiones de los injustamente inculpados, ni permitir declarar en libertad, pese a la insistencia de los compañeros.
Se ha configurado de esta forma, un cuadro de persecución a defensores de derechos humanos, a través de mecanismos judiciales que buscan impedir el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de fiscales y jueces. Ante la situación de gran afectación ambiental, se pretende acallar la propuesta social, con la criminalización de la lucha popular que ya fue precedida por amenazas contra la vida, hostigamientos y campañas de desprestigio por parte de autoridades locales. Protesta social que masivamente la población ha apoyado y participado, fruto de una concienciación popular que en años el cantón ha ido adquiriendo. No obstante a esta resistencia total del cantón y la Provincia de Morona-Santiago, las empresas insisten en su propósito de ejecutar dichos proyectos.
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