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Propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente en torno a la Deuda y la Soberanía Financiera

Grupo Nacional sobre la Deuda

Guayaquil, 25 de febrero de 2008

Consideraciones generales

A lo largo del período neoliberal la deuda externa y el sistema de endeudamiento en general, funcionaron como herramientas de imposición de un modelo económico plagado de injusticias. La deuda implicó un perverso mecanismo para el saqueo de nuestros recursos: entre 1982 y 2007 la deuda pública externa pasó de 3.900 a 10.400 millones de dólares, en ese mismo período los pagos realizados suman 30.364 millones de dólares.

El sistema de endeudamiento operó para condicionar y controlar el rumbo de la política económica, de la economía toda y de la institucionalidad pública, sometiéndolas a los intereses y objetivos particulares de entidades y corporaciones internacionales, empeñadas en privatizar y extender al máximo la lógica de mercado en su beneficio. Para ello no usaron los caminos de la legalidad y la transparencia, al contrario, la corrupción ha sido el signo de un proceso en el que también determinados sectores del país fueron copartícipes, impulsando un endeudamiento que les permitió enriquecerse.

Otra de las consecuencias, que ahora se aprecia con alarma e impotencia, fue la devastación de la naturaleza. La sobreexplotación de recursos para satisfacer la lógica de pagos crecientes, y el carácter destructivo de algunos de

los proyectos financiados con préstamos externos, acentuaron una tendencia destructiva y extractivista cuyos efectos difícilmente se pueden revertir o compensar.

Entre los costos ocultos de este sistema de endeudamiento, está el absorbido por las mujeres, cuyo trabajo no pagado o subpagado las brechas de ingresos son persistentes) ha sido la base de la acumulación y el que ha permitido sobrellevar los impactos de los ajustes, de las crisis, de las privatizaciones, del debilitamiento del Estado. Ese trabajo sistemáticamente no retribuido supone aportes económicos equivalentes como mínimo a un 20% del PIB.

Durante este largo período un amplio movimiento ciudadano juntó voces de pueblos, organizaciones sociales, entidades académicas, iglesias, ciudadanas y ciudadanos para denunciar y proponer. A través de múltiples iniciativas hicimos visibles las magnitudes, implicaciones e impactos negativos de esa lógica de endeudamiento en la vida del país, de las personas, las colectividades y la naturaleza. Vimos que la deuda no generó bienestar ni progreso, sino que produjo o acentuó otras deudas: la ecológica, la histórica, la social, la de género. Sacamos a la luz el rol de la banca internacional y de entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, expresando nuestra inconformidad con sus presencia y sus políticas.

También hicimos propuestas de normas y políticas, tanto de alcance nacional como internacional, para limitar, controlar y sancionar las acciones que configuran un sistema de endeudamiento marcado por la ilegalidad y la ilegitimidad, cuyas múltiples expresiones parten de la creación de una falsa necesidad de crédito: en medio de un contexto geopolítico adverso, se indujo a países estigmatizados como pobres a una espiral de endeudamiento. Paradójicamente, esos mismos países han exportado su ahorro interno; a la fecha, el país mantiene en el exterior activos por unos 13.000 millones de dólares, cifra superior al monto total de la deuda pública de 10.400 millones de dólares.

Hoy, en el marco de un proceso de cambios regionales y nacionales, surge un nuevo escenario en que la construcción de Soberanía Financiera aparece como el camino para superar esa nefasta etapa. Estamos en una fase de transición, en la que una nueva Constitución ofrece la oportunidad para sintetizar las lecciones de este pasado reciente y los desafíos de proteger al país de los riesgos de un endeudamiento perverso, afirmando las condiciones para recuperar soberanía nacional e impulsar un proyecto autónomo.

Se ha iniciado, sin duda, un cambio de rumbo, pero el país tiene todavía un un pendiente respecto de la deuda hasta hoy acumulada, en lo que tiene que ver con esclarecimiento, análisis, saneamiento y recuperación de recursos, sanciones. En este sentido es fundamental el trabajo que ahora mismo desarrolla la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público -CAIC.

Esta propuesta, que se ha enriquecido en diálogos con la CAIC, procura responder a innovaciones indispensables que consideramos debe plasmar la nueva Constitución:

Para ello, identificamos aspectos relevantes que remiten a principios del Estado y de la economía, vínculo con la planificación, calificación integral de la deuda y definición de límites, instancias de decisión y control, participación ciudadana, integración regional.

Son planteamientos para aportar a la construcción de un país soberano y justo.

Propuestas

  1. Sobre principios y orientaciones
    1. Como Estado soberano, el Ecuador se autodetermina en materia política, económica y financiera, y tiene la responsabilidad de velar porque los niveles y el carácter del endeudamiento no afecten la soberanía nacional, los derechos humanos, el bienestar de los pueblos y la preservación de la naturaleza.
    2. La soberanía financiera implica la prioridad del uso de recursos propios en la consecución de las metas planificadas por el país, la toma de decisiones autónoma, sin imposiciones, en lo relativo al acceso, uso y control de recursos financieros; la existencia y funcionamiento de instituciones y normas nacionales y regionales que conduzcan un sistema financiero útil a los objetivos de producción y bienestar colectivo, en el marco de relaciones internacionales transparentes y solidarias. La soberanía financiera excluye toda modalidad o acción que pudiera acarrear impactos negativos para los pueblos, las personas o la naturaleza.
    3. Para el impulso de su desarrollo integral, el Estado deberá basarse en el ahorro interno y en la movilización de recursos por medio de variadas formas de cooperación y reciprocidad internacional, minimizando la recurrencia al endeudamiento público.
  2. Sobre tipos de deuda, límites, compensaciones y exclusiones
    1. Se consideran deudas ilegítimas aquellas que hubieran sido contratadas por gobiernos de facto, o por presión y coacción; las que contengan condicionalidades negativas o imposiciones; las que impliquen destrucción de la biodiversidad, contaminación o conlleven la destrucción de actividades y comunidades de autosustento en territorios determinados; las que debiliten o eliminen la disponibilidad de bienes y servicios públicos colectivos; las que atenten de manera directa contra los derechos humanos.
    2. Son ilegales las deudas que no observan lo prescrito en la Constitución, las leyes y demás normas del país.
    3. No se incurrirá en deudas que, por sus condiciones de contratación o aquellas de ejecución sean o puedan devenir ilegítimas.
    4. No serán pagadas las deudas cuyo carácter ilegal y/o ilegítimo sea demostrado mediante auditoria integral.
    5. Se establecerá un límite para el endeudamiento público. Este deberá determinarse en base a una proyección de gastos e ingresos públicos, de manera que no se comprometan a futuro pagos anuales superiores a los aquí delimitados.
    6. Los pagos anuales por concepto de servicio de la deuda no podrán ser superiores a la suma del presupuesto del gobierno central para educación y salud, y se realizarán una vez que se hayan cubierto satisfactoriamente todos los compromisos presupuestarios de gasto e inversión social y los relacionados con economía del cuidado.
    7. Se prohíbe la nacionalización o estatización de deudas privadas.
    8. No se financiará gasto corriente con deuda pública.
    9. Se contemplarán mecanismos de compensación por concepto de deudas ecológica, histórica y de género, de acuerdo con lo que establezcan las auditorías integrales de la deuda. Los recursos que el Estado recupere por no pago de deudas ilegales e ilegítimas o por reprogramación de la deuda, se orientarán a estas compensaciones y a la inversión social.
      • Se entiende por deuda ecológica la generada por destrucción de la biodiversidad, por la contaminación, por las afectaciones a zonas y dinámicas productivas de autosustento, e incluye una valoración de estos impactos y de los costos de reparación.
      • La deuda histórica es aquella que afecta a los pueblos indígenas y afrodescendientes como resultado de un largo proceso de expropiación de sus riquezas y posesiones. Parte del saqueo colonial a los pueblos indígenas y se ha incrementado a lo largo de siglos por distintas formas de expropiación, desalojo, explotación y expoliación.
      • La deuda de género equivale al costo del trabajo no pagado o subpagado de las mujeres, que ha servido para sostener condiciones de producción y reproducción de la economía, facilitando el pago de la deuda y suavizando los efectos del ajuste, las privatizaciones y las crisis.
  3. Sobre el vínculo con la planificación y la viabilidad de la deuda
    1. Los planes de desarrollo nacionales y locales, debidamente armonizados en sus objetivos, serán el referente principal para las prioridades y necesidades de endeudamiento. No se contratarán ni pagarán deudas que no observen esta correspondencia.
    2. La calificación de viabilidad del crédito público será integral, considerando de manera explícita los aspectos económico, financiero, social, de género y ambiental.
  4. Sobre las instancias de decisión, seguimiento y control
    1. Como instancia para la decisión, seguimiento y control, se constituirá un Comité de Crédito Público, integrado por SENPLADES, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio Coordinador de Política Económica, las instancias públicas del máximo nivel que atiendan los aspectos sociales y ambientales, y aquellas de participación ciudadana contempladas en la institucionalidad del Estado.
    2. La Contraloría General del Estado participará en el seguimiento del crédito público y realizará su auditoria financiera.
    3. Existirá un registro único del crédito público, a cargo de la entidad correspondiente. Toda la información será transparente.
    4. La deuda pública será sometida a auditorias integrales, con equipos compuestos por delegadas/os del Estado y de las organizaciones sociales. Sus resultados serán vinculantes respecto de las sanciones, compensaciones y correcciones respectivas.
  5. Sobre participación ciudadana
    1. Se debe garantizar participación ciudadana a lo largo del ciclo de la deuda pública, esto es en la decisión de contraerla, la contratación, el seguimiento y control. De manera especial se contemplará la consulta a la ciudadanía en las localidades relacionadas con la inversión de cada deuda específica.
  6. Sobre Integración Regional
    1. En los procesos de Integración se propenderá al impulso de modalidades de financiamiento e intercambio solidarios, generando mecanismos alternativos que minimicen el endeudamiento.
    2. Se incorporarán cláusulas de contingencia positivas para el comercio exterior y para las finanzas internacionales que conduzcan a la suspensión no traumática de pagos cuando las condiciones así lo exijan.

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